Clases de partido y partidos de clase.

A propósito de la definición del PDA

Clases de partido y partidos de clase

Por:Eduardo Nieto


En un reciente seminario del PDA en Antioquia, el compañero LAQ., refiriéndose a los Estatutos del Partido, específicamente al Capítulo I de los mismos, afirmó con especial énfasis que tal normativa no daba lugar a concluir que el Polo pueda ser considerado como el partido del proletariado en Colombia. Apoyó su afirmación en el argumento de que Artículo 2 de dichos Estatutos, que habla de la Definición del Partido, no hace alusión expresa al carácter de clase del Polo, lo que en su opinión marca una gran diferencia con los partidos de izquierda que se fundaron en los años sesenta y setenta del siglo pasado, todos los cuales fueron creados proclamándose a sí mismos como partidos del proletariado, y así lo consignaban de manera expresa en sus respectivos estatutos.

En verdad, el tema pasó desapercibido y no fue debatido entonces, toda vez que el evento en el que se presentó centró su atención en otros asuntos de mayor interés en esos momentos: los comités de base del partido y las tendencias dentro de éste. No quiere decir ello, sin embargo, que el tema carezca de importancia. Por el contrario, todo lo relacionado con la Definición del Partido es de una importancia indiscutible, como quiera que ello se relaciona en forma directa con la naturaleza de clase del mismo. Aludir a la naturaleza clasista del Partido es hacer referencia a su proyecto histórico-político, lo que implica hablar tanto de los sectores o sujetos sociales que convoca y en los que éste se apoya para lograr y hacer realidad su estrategia y fines programáticos, como de los intereses sociales, económicos y políticos que en últimas representa y persigue. Y de este tema es poco o casi nada lo que se habla en PDA. Este momento, cuando el Partido se apresta a hacer balances de lo que ha sido su recorrido durante estos cinco años, es una oportunidad para que el tema comience a ser ampliamente analizado y debatido en su interior. En esa dirección apuntan estas breves notas.

La teoría nos ha enseñado que, en las sociedades signadas por profundas desigualdades sociales, los partidos y movimientos políticos no son sino la expresión política de determinadas clases o sectores sociales en pugna por sus intereses socioeconómicos. Ahora, lo que muestra la historia de estas sociedades es que no siempre ha sido simétrica la relación existente entre las clases y sectores sociales, por un lado, y los partidos y movimientos políticos, por otro. De hecho, lo que tiende a suceder con frecuencia es que, en su propósito por llegar al gobierno o al poder, los partidos y movimientos políticos busquen apoyarse y convocar a diferentes clases o sectores sociales. Así como también es frecuente el caso inverso, según el cual una clase o sector social tienda a expresarse o de hecho se exprese a través de diferentes partidos o movimientos políticos.

De cualquier manera, sea por lo que enseña la teoría o por lo que se desprende de la experiencia histórica, la lectura y caracterización de los partidos y movimientos políticos siempre será un ejercicio complejo de abordar, con lo cual se quiere indicar que, para efectos de lograr una completa y acabada tipificación de los mismos, no es suficiente con establecer su composición social, vale decir, los sectores sociales que le sirven de apoyatura y con los que interactúan en forma permanente en la lucha por poder o el gobierno; tal ejercicio debe complementarse e ir de la mano del escrutinio del programa y la estrategia por ellos asumidos, como quiera que en estas dos piezas, pensadas como un todo, se halla la clave a partir de la cual es posible determinar el horizonte histórico-político hacia el cual dichas estructuras dirigen todo su accionar, elemento este que daría lugar a establecer si un partido o movimiento político determinados se haya comprometido con la preservación del estatus quo social o por el contrario su proyecto se dirige a la transformación estructural del mismo.

Sin esta pauta metodológica jamás podríamos entender fenómenos y realidades contradictorias como el de algunos partidos socialdemócratas o eurocomunistas en Europa Occidental, o el caso de algunos partidos y movimientos populistas en América Latina, por ejemplo. En el caso de los primeros, estamos frente a estructuras políticas que tienen en los sindicatos de trabajadores asalariados su principal base de apoyo, pero su programa y accionar político-estratégico denuncia su compromiso con el capital, como lo corrobora la gestión de muchos de ellos como partidos de gobierno en diferentes países de Europa. Con los segundos se presenta una situación parecida, siendo tal vez las experiencias más significativas los casos del PRI mejicano y el partido justicialista (peronista) en Argentina, ambos en sus primeras épocas: tanto el uno como el otro representaron en su momento proyectos nacionalistas y modernizantes de las formaciones socioeconómicas de sus respectivos países; a la postre, no pasaron de ser intentos tímidos de industrialización de sus economías y regateos al imperialismo, sin trascender los marcos del sistema de producción capitalista ni significar rupturas significativas con el latifundismo premoderno y los lazos de la dependencia. Sin embargo, las dos experiencias representaron hechos irrepetibles de organización y movilización políticas masivas de los trabajadores en América Latina. La experiencia del PT brasilero, con Lula a la cabeza, parece estar muy cercana a los casos aquí planteados; pero, ya habrá tiempo de analizarla con mayor detenimiento.

Al lado de estas experiencias de partidos y movimientos políticos con una base social constituida por trabajadores asalariados y sectores populares, pero incapaces de trascender las estructuras de la sociedad y el régimen de producción capitalistas, tenemos la otra experiencia, la de partidos y movimientos políticos que en sus inicios no contaron entre su base social de apoyo a amplios sectores de trabajadores, y sin embargo, una vez en el gobierno o desde el poder político, logran desatar dinámicas anticapitalistas y contra el imperialismo en sus respectivos países, llevando a cabo programas de reforma agraria, de democracia social y política y de auto-organización de las masas populares. Es una experiencia localizada especialmente en América Latina y está representada en los casos del Movimiento 26 de Julio en Cuba, el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua en la revolución de 1979 y el Movimiento Nueva Joya en la isla de Grenada. Los casos más recientes del Movimiento Quinta República del Presidente Chávez en Venezuela y el Movimiento al Socialismo de Evo Morales en Bolivia, tienden igualmente a hacer parte de esta misma tradición.

De manera entonces que el tema relacionado con la Definición del PDA, requiere un tratamiento más cuidadoso y riguroso en su abordaje. Acercarse al tema a partir de una lectura fragmentaria y literal de los Estatutos corre el riesgo de conducirnos a afirmaciones y caracterizaciones ligeras y formalistas, como las de quienes consideran que el Polo no es el partido del proletariado sólo porque la norma estatutaria omite decirlo. Ahora, si de lo que se trata es de hacer un abordaje exegético del mismo, tal ejercicio exigiría al menos una lectura armónica, integral y orgánica de los Estatutos, que trascienda lo que literalmente y en sentido restringido establece el Artículo 2 de los mismos. Con todo y lo limitado que pueda resultar el ejercicio desde esta perspectiva, la verdad es que la mirada del carácter del Partido a través de sus Estatutos nos obligaría a leer el capítulo relacionado con su definición en estrecha relación y concordancia con aquellas otras normas que hablan de sus fines, normas estas que a su vez nos remiten a los temas relacionados con el programa del Partido y las clases o sectores sociales en los que éste se apoya y convoca para su accionar político, dos asuntos que resultan ineludibles al momento de caracterizar y definir un partido o movimiento político.

El Artículo 2 de los Estatutos consagra una definición del Partido desde el punto de vista axiológico, es decir, de los valores y principios que lo inspiran como unidad programática y organizativa. Por ello, cuando la norma habla de que el PDA es un partido democrático, civilista, pluralista, multicultural y pluriétnico, comprometido con la defensa de la vida, la biodiversidad, la soberanía nacional, la unidad latinoamericana y del Caribe, la paz, la democracia política y económica, el bienestar y la felicidad de las colombianas y los colombianos, no hace sino sentar las bases éticas a partir de las cuales el Partido proyecta no sólo los fines que persigue con su actuación política, sino también el diseño y funcionamiento de su estructura organizativa. De manera que tanto en ésta como en aquellos nos vamos a encontrar con la expresión de tales valores.

Se ha convenido en que la base programática del PDA está constituida por lo que se conoce como el Ideario de Unidad, conforme lo recoge en forma resumida por lo demás el Capítulo II de los Estatutos, en sus artículos 5 y 6, que habla de los fines del Partido. En efecto, el Ideario de Unidad recoge un conjunto articulado de objetivos, propósitos y reivindicaciones de orden económico, social, político, étnico y cultural de alcances mínimos, democráticos y transitorios, que cobran plena vigencia y actualidad no sólo frente a la coyuntura abierta con el inicio del Gobierno de J. M. Santos, sino además en relación con las realidades estructurales que le sirven de base a la formación económica-social del país. Y así el Ideario de Unidad no haga mención expresa al socialismo como objetivo estratégico del Polo, la lucha por la plena realización de los propósitos programáticos consignados en dicho documento habrán de desatar necesariamente una dinámica sociopolítica anticapitalista y anti imperialista que llevará al Partido, tarde que temprano, a tener que plantearse con seriedad la opción del socialismo, si en realidad aspira a asegurar y consolidar los logros democráticos y transitorios obtenidos. Fueron los dilemas que en su momento debieron enfrentar las direcciones políticas en los procesos revolucionarios iniciados en Cuba, Nicaragua y Grenada; y son los mismos dilemas que hoy enfrentan los partidos y movimientos que acaudillan los procesos de transformación abiertos e iniciados en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Tanto en unos como en otros, lo que se dio y se viene dando son evidentes procesos de evolución política progresiva de dichas direcciones, hacia una mayor radicalización no sólo de sus concepciones programáticas, sino también de su accionar político, determinado todo ello por las exigencias del proceso de transformación de las estructuras socioeconómicas, políticas y culturales de esos países.

De otra parte, a lo largo y ancho de los Estatutos aparece expresa y manifiesta la intencionalidad política del PDA de interactuar con los trabajadores asalariados del país, con los campesinos pobres, con las comunidades indígenas y afrodescendientes, con la comunidad de LGTB, así como con los jóvenes y mujeres excluidos y negados en sus derechos. Igualmente con los habitantes de los barrios y comunas con problemas de vivienda, servicios públicos domiciliarios, transporte y vías públicas. Con aquellas regiones del país ubicadas en la periferia y que han sido marginadas por un modelo de desarrollo centralista y excluyente. En fin, con todos aquellos ciudadanos que sienten violados o menoscabados sus derechos fundamentales por efectos de la ejecución despiadada de las políticas económicas neoliberales, la guerra y la violación de los derechos humanos. Todos estos sectores aparecen interpretados, en sus derechos e intereses, por el programa del Polo, y a todos ellos está dirigida la convocatoria que el Partido les hace para la organización de la resistencia social y política que conduzca a la construcción de una alternativa de poder con capacidad de sacar a Colombia de la profunda y larga crisis en que se encuentra.

De modo pues que, si nos atenemos a los Estatutos, la posición del PDA es inequívoca en identificar las clases y sectores sociales que convoca y en los que pretende apoyarse en función de lograr el propósito de constituir la voluntad colectiva o el sujeto histórico que sea capaz de asumir las transformaciones estructurales que el país necesita para salir del atraso, el subdesarrollo, la desigualdad social y hacer realidad los propósitos y objetivos consignados en su Ideario de Unidad.

Es cierto que los Estatutos del PDA no hablan por parte alguna de que el Polo sea el partido del proletariado. Pero, el hecho de que la norma estatutaria omita tal proclamación no hace del PDA un proyecto menos comprometido con una estrategia de cambios y transformaciones estructurales de la sociedad colombiana. La lectura armónica, integral y orgánica que hemos hecho de sus Estatutos, nos pone sobre la evidencia, al menos teórica, de que estamos frente a un proyecto político cuya convocatoria no es precisamente a la defensa del capital, ni a la conservación de la explotación socioeconómica de unas clases por otras, ni a la perpetuación de la opresión y exclusión por razones políticas, de género, sexo o de otro tipo. Lo que en realidad se desprende de tal lectura es que el PDA encarna un proyecto político cuyo sentido histórico está orientado a propiciar profundas transformaciones del actual estatus quo social. Y esto fue lo que precisamente omitió reconocer el análisis normativo que criticamos.

Habrá que admitir, sin embargo, que la anterior no es sino una conclusión derivada de un análisis apenas normativo y discursivo del Polo, y que una cosa es lo que aparece en los Estatutos y demás documentos del Partido y otra cosa bien distinta lo que pueda derivarse de su trayectoria política, es decir, su comportamiento y conducta en las prácticas política y social.

Ciertamente, en la vida de los partidos y movimientos políticos la realidad formal de éstos, es decir, lo que ellos proclaman y dicen ser de sí mismos, no siempre coincide ni tiene correspondencia plena con su realidad material, vale decir, con lo que hacen en la práctica como actores de la vida social y política. La pertinencia de tal observación no puede conducirnos sin embargo a descalificar o a cuestionar la certeza o validez de un proyecto político cuando éste ha sido considerado solo desde la perspectiva normativa o discursiva del mismo. Pues, no debe perderse de vista que las palabras habladas y escritas son también, como la realidad material, prácticas sociales y políticas, muchas de ellas con la capacidad suficiente de fundar y desatar acciones y procesos trascendentales en la esfera de la vida material. Si ello es cierto, habrá que admitir de igual manera que lo que el Partido es y ha sido en el escenario de la lucha social y política responde a lo que formalmente aparece perfilado en su universo normativo y discursivo.

Lo anterior para indicar que una caracterización y definición completa de un partido o movimiento político debe trascender la mera perspectiva exegética de análisis y buscar mirar los contextos y situaciones de orden social, económico, político, cultural e ideológico en los que éstos surgen, se construyen y actúan. Pues los partidos y movimientos políticos no son nomenclaturas muertas e inanimadas, sino estructuras vivas y orgánicas, cuya existencia y desarrollo dependen, en buena parte, de los contextos y situaciones en los que les corresponde actuar e interactuar. De ahí la importancia del examen que su dirección haga permanentemente de la situación política, de la correlación de fuerzas entre las clases y sus partidos, de la evolución del régimen político, del contexto internacional, así como de otros factores intervinientes en la trama del conflicto social y político, etc., ejercicio este indispensable para poder orientarse adecuadamente como actor político y prepararse para la lucha de clases. Porque es justamente el terreno de la lucha de clases el escenario en el que los partidos y movimientos políticos se ponen a prueba y muestran lo que realmente son; en tal escenario, en el que éstos intervienen en su condición de actores y libretistas de la acción, es cuando se puede apreciar y evaluar la verdadera coherencia entre el proyecto histórico-político pensado desde los ámbitos normativos y discursivos, y el que se expresa a través de las exigencias de la acción socio-política directa. De ahí que sea inevitable concluir que los partidos y movimientos políticos son en realidad una construcción derivada de la tensión constante entre lo que constituye su proyecto formal y teóricamente concebido y las permanentes exigencias y desafíos que la lucha de clases social y política les impone. Por eso resulta acertado decir que los partidos y movimientos políticos son estructuras en permanente construcción.

La mirada de los partidos y movimientos políticos actuando e interactuando con las clases y sectores sociales en que se apoyan, o en conflicto con otras clases sociales y partidos por el poder, viene a constituir entonces la otra perspectiva de análisis que es necesario complementar con la ya indicada, a fin de obtener una mirada más exacta en la definición y caracterización de aquellos. Y esta fue justamente la otra mirada que se omitió al enfatizar el carácter no proletario del PDA.

La historia moderna de las izquierdas está ilustrada de numerosos casos de partidos y movimientos políticos autoproclamados como partidos del proletariado, que una vez enfrentados a la prueba de fuego de los acontecimientos de la lucha de clases, revelaran su verdadera catadura. Tal es el caso de la mayoría de los partidos comunistas nacidos bajo la égida de la Tercera Internacional, cuando esta organización quedó bajo control estalinista. Siendo en su mayoría partidos proletarios, si se los mira desde el punto de vista de su composición social, terminaron convertidos en furgón de cola de la burguesía en virtud de una orientación política equivocada como fue la fórmula colaboracionista del frente popular impuesta por J. Stalin con el pretexto de derrotar al fascismo en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Algo parecido había ocurrido durante el período de la Segunda Internacional en vísperas del estallido de la Primera Guerra. Entonces, la mayoría de los partidos obreros socialdemócratas afiliados a esa organización optó por aliarse con la burguesía de sus respectivos países en defensa de la patria. En ambos casos, los resultados fueron trágicos y desastrosos para esos partidos y las clases proletarias que decían representar. Tanto socialdemócratas como comunistas perdieron entonces oportunidades excepcionales de derrotar a la burguesía, llegar al poder y construir una salida socialista a la crisis, acorde con los intereses históricos del proletariado. Una decisión política errada los convirtió, en la práctica, en aliados de la burguesía y salvadores del capitalismo, a pesar de proclamarse así mismos como partidos del proletariado. En Asia, África y América Latina vamos a encontrar experiencias parecidas, que nos es del caso examinar en esta oportunidad.

La trayectoria del PDA en sus cinco años de existencia e intervención en la vida política colombiana aún está por evaluarse con rigor. Sin embargo, cualesquiera sean los resultados que esta evaluación arroje, no podrá desconocer el hecho incontrovertible de que el Polo se ha constituido en el principal partido de oposición de izquierda en la Colombia de hoy. A pesar de sus carencias, errores y debilidades, se ha convertido en el factor político de referencia de los explotados y oprimidos del país, de sus expectativas y esperanzas. Y así no revista aún peligrosidad alguna para la estabilidad del sistema, los sectores dominantes del establecimiento lo perciben con recelo y desconfianza. Enfrenta ciertamente el reto de consolidar su carácter y trayectoria como partido de oposición de izquierda, para lo cual es preciso que proceda con prontitud a reorganizarse internamente, a disputarle la dirección política de las masas al régimen, a ligarse más estrechamente a las luchas sociales, a cobrar mayor presencia en el debate, la denuncia y la confrontación a los proyectos gubernamentales, etc. Enfrentar con acierto este reto es definitivo para que el Polo pueda avanzar en la construcción de una alternativa de poder que le ofrezca a Colombia una salida socialista a la crisis, sin la necesidad formal de tener que proclamarse a sí mismo como el partido del proletariado.

Tras haber descubierto que los Estatutos del PDA no hablan por parte alguna de que el Polo sea el partido del proletariado, el compañero LAQ no parece lamentarse por ello, sino complacerse. De haberse lamentado, muy seguramente nos hubiera ilustrado de manera inmediata sobre el tipo de partido y proyecto histórico-político encarnado por el Polo. Pero no lo hizo, tal vez porque era mayor la complacencia ideológica. Percibe, como muchos otros compañeros en el Polo, que la omisión estatutaria encaja perfectamente con la concepción estalinista de la revolución por etapas en la que milita y ha militado por años. Según esta concepción, en los países que conforman el centro del sistema capitalista mundial, donde la forma de producción mercantil es dominante y se halla altamente desarrollada y los trabajadores asalariados constituyen la mayoría de población, el proletariado como sujeto histórico enfrenta la tarea de llevar a cabo de manera inmediata la revolución socialista conquistando el poder. Para ello requiere de una organización política: el partido del proletariado. En cambio, en los países de la periferia, donde supuestamente la producción nacional no ha alcanzado aún un alto grado de desarrollo capitalista, perviviendo entrelazada con formas premodernas de producción y lazos de dependencia frente al imperialismo, en donde por lo demás el proletariado es todavía una clase social minoritaria, la revolución estaría obligada a purgarse previamente, pasando para ello por una etapa democrática que realice las tareas históricas que en los países del centro fueron resueltas por la burguesía en su ascenso al poder. De acuerdo con Stalin, correspondería a la burguesía democrática de estas naciones asumir la dirección de la revolución democrática, en tanto que el proletariado fungiría en la misma como su aliado y compañero de viaje, esperando el turno para organizar la revolución socialista proletaria, una vez concluya la revolución democrática. Tal fue la posición defendida por los mencheviques y populistas en la Rusia zarista de comienzos del siglo pasado, contra la cual polemizaron con ardor Lenin y Trotsky.

De acuerdo con la tradición del compañero LAQ, Colombia (nación periférica) necesita transitar la etapa democrática de la revolución antes de que el proletariado entre en escena como sujeto de la revolución socialista. Se le antoja entonces que el Ideario de Unidad del Polo encarna justamente el programa de la revolución democrática, y en tanto ello es así el Polo no tendría por qué proclamarse desde ya como el partido del proletariado y de la revolución socialista. Una de dos: si nuestro compañero considera en verdad que en Colombia existe o puede existir una supuesta burguesía democrática capaz de asumir la dirección de la revolución democrática y realizar el programa de la misma, entonces el PDA sobra o debe ser abierto a la posibilidad de que ingrese a él esa burguesía; si, por el contrario, considera que tal burguesía no existe ni nunca ha existido en Colombia, entonces tendrá que admitir con nosotros, siguiendo la evidencia histórica latinoamericana, que las tareas históricas de carácter democrático que la burguesía colombiana no fue capaz de resolver en su ascenso al poder, pueden y deben ser realizadas en forma plena y cabal en los marcos de un proceso de revolución anticapitalista. De ese tamaño es el dilema, y su solución conlleva implicaciones de diverso orden, una de ellas es precisamente la definición acertada del tipo de partido que debemos construir.



Medellín, septiembre 25 de 2010.

PONENCIA SEMINARIO REGIONAL PDA

Una breve mirada de la coyuntura política nacional

La coyuntura política nacional está marcada por la posesión de J. M. Santos como Presidente de la República y el inicio de un nuevo Gobierno. Hacer una caracterización acertada del significado de este hecho político es indispensable e inaplazable para que el PDA pueda orientarse y conducirse en el próximo período, definiendo para ello una acertada estrategia y táctica de acción políticas.

La elección de J. M. Santos como Presidente de la República se da en un contexto de deterioro progresivo de la situación política interna del país provocado por la ofensiva militar contra las guerrillas, la violación de los derechos humanos, la crisis institucional del Estado y la impunidad de los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos por los paramilitares, todo lo cual produjo el desprestigio de la política de seguridad democrática y contribuyó a agravar la crisis social generada por la aplicación despiadada de las políticas económicas neoliberales. El inicio del nuevo Gobierno vino a coincidir igualmente con las reticencias del Congreso de los EEUU y el Parlamento Europeo a ratificar los Tratados de Libre Comercio negociados con Colombia, así como con la ruptura de relaciones con los Gobiernos de Venezuela y Ecuador, indicativo todo ello de que Colombia está lejos aún de haber saneado su situación interna y creado las condiciones sociopolíticas favorables y seguras para la inversión y los negocios con el capital internacional y con otras naciones.

Entre nosotros no debe existir dudas de que el Gobierno de Santos está comprometido con el propósito de conservar el modelo neoliberal como patrón de acumulación y reproducción interna del capital, así como también en lograr su pronta articulación con el capital y los mercados internacionales. Pero, tras el relativo fracaso de Alvaro Uribe en la creación de las condiciones internas para lograr esto último, Santos enfrenta el desafío de tener que volver a consensuar las condiciones de orden socio político internas que le permitan lograr tal propósito, ensayando procedimientos, énfasis y estilos diferentes a los seguidos por su antecesor.

Es en función de tal cometido que el Presidente ha llamado a la conformación de un Gobierno de Unidad Nacional, que será no simplemente un instrumento de gobernabilidad, sino además y sobre todo, la expresión de un acuerdo político fundamental sobre las readecuaciones institucionales del Estado y el régimen político, así como de la situación socio-económica de amplios sectores de la sociedad indispensables para asegurar un clima favorable para la prosperidad de los negocios.

En la conformación del Gobierno de Unidad Nacional, Santos ha logrado comprometer al conjunto de las fuerzas políticas del país, con la excepción del PDA. Su proyecto ha recibido el apoyo de los gremios empresariales, de las iglesias y los medios de comunicación. La vinculación como formula vicepresidencial de un ex sindicalista y ex dirigente de izquierda le ha permitido al nuevo Presidente de la República cooptar incluso el apoyo de una franja del sindicalismo y enviar un mensaje tranquilizador a los Gobiernos de Europa y Norteamérica.

J. M Santos ha anunciado además que su Gobierno será el de la Prosperidad Democrática. Con tal anuncio el Presidente ha querido poner de manifiesto no sólo el propósito de rescatar la credibilidad ciudadana en las instituciones centrales del Estado, sino también la necesidad que tiene el establecimiento de tender puentes e implementar políticas tendientes a reintegrar al sistema social a diferentes sectores de la sociedad que han sido marginados y excluidos por efectos de la guerra y la aplicación de las políticas económicas neoliberales de los últimos gobiernos. El tono incluyente y conciliador empleado por el Presidente en su discurso de posesión, así como el anuncio de un conjunto de propósitos en materia de política social denotan un cambio sustancial en las prioridades de la agenda gubernamental. Santos ha manifestado que la política de seguridad democrática y la ofensiva militar contra las guerrillas tendrá continuidad durante su Gobierno, pero no será su prioridad. En su lugar, estarán las iniciativas tendientes a hacerle frente a la profunda crisis social que vive el país. El propósito evidente es evitar que ésta transite a eventuales situaciones de conflictividad político social que pongan en riesgo al sistema o altere el clima de los negocios.

No de otra manera podrá entenderse el pronunciamiento casi que clamoroso del Presidente Santos en el sentido de que su Gobierno será respetuoso tanto de la ley como de la Constitución, y que como consecuencia de ello asume el compromiso del respeto de los derechos humanos y la observancia del principio republicano de la separación e independencia de los poderes públicos. O su compromiso con los pobres, a quienes prometió solemnemente no defraudar durante su Gobierno, ofreciéndoles la creación de tres millones de empleo formal con salarios y prestaciones sociales dignas, así como la implementación de ambiciosos planes de vivienda, acceso a la salud para todas las familias y educación de calidad para los jóvenes. O lo anunciado respecto a los desplazados y víctimas de la violencia, a quienes el Presidente ha manifestado su disposición a trazar una política encaminada a lograr el retorno de estos campesinos a sus lugares de origen, restituyéndoles sus propiedades y facilitándoles crédito y asistencia técnica, acogiendo el sentido de una propuesta de campaña lanzada por el candidato presidencial del Polo. Así como la política indemnizatoria o de reparación para los familiares de las víctimas del conflicto, incorporando en esta materia una iniciativa del liberalismo oficialista.

En este contexto, el anuncio más inquietante del Presidente viene a ser, no obstante, su decisión de darle continuidad a la política de seguridad democrática, en el sentido de mantener la ofensiva militar contra los alzados en armas, sin descartar la posibilidad de una negociación con los mismos, siempre y cuando éstos cumplan determinadas condiciones. En relación con esto, Santos enfrenta el reto de darle continuidad a la guerra contra los alzados en armas sin que tal decisión conlleve irrespeto alguno de la soberanía de otras naciones, ni violación de los derechos humanos, ni persecución de los defensores de los mismos, como tampoco la estigmatización y victimización de la oposición de izquierda y de los sindicalistas.

Sin duda alguna, la brutal ofensiva militar del Gobierno de Uribe contra las guerrillas logró asestarle golpes certeros a los alzados en armas, especialmente a las Farc, y que la política de seguridad democrática reportó mejoras relativas en materia de seguridad para algunos sectores de la sociedad. Tampoco podrá negarse que la correlación de fuerzas militares hoy en Colombia le es altamente favorable a las fuerzas armadas del Estado en el ya largo conflicto con las guerrillas, situación ésta que deja al Gobierno entrante en situación ventajosa para proseguir la guerra contra éstas o para imponerle condiciones en un eventual escenario de negociaciones con las mismas. El hecho cierto es que el anuncio del Gobierno, en los términos en que lo ha hecho, permite que el tema de la guerra y la paz con los alzados en armas cobre vigencia y se agite de nuevo.

Tal es la situación política del momento actual, con el agravante de que la correlación social y política de fuerzas continúa siendo altamente desfavorable para nosotros los de abajo y los de la oposición; pues, el Presidente de la República comienza con una gran popularidad entre la opinión pública nacional y las masas populares en su gran mayoría aún no está de nuestro lado.

El Polo y los desafíos de una política de Izquierda
Aún no se ha hecho el balance del PDA en relación con la pasada coyuntura electoral. Debería hacerse. Por ahora lo que conocemos son declaraciones respecto de acontecimientos que la propia coyuntura iba arrojando, y desde luego frente al nuevo gobierno del presidente Santos.

El balance debe hacerse, no sólo por lo que debe aprenderse de lo ya ocurrido, sino especialmente por lo que sigue. Si el balance electoral se hace en términos de resultados finales, es inevitable la amargura. Para un partido como el PDA, que ha convertido las elecciones en su principal estrategia de acción política, los resultados electorales fue un rotundo fracaso. En el 2010 no somos gobierno, como optimistamente se vaticinó luego de las elecciones de 2006. Incluso, retrocedimos en términos de votación obtenida. Con un costo político adicional muy alto: resquebrajamiento de la unidad política y pérdida notable de influencia política en sectores importantes de la ciudadanía, especialmente en Bogotá, epicentro político del país, y en sectores sociales organizados de los de abajo. La campaña electoral presidencial estuvo al borde del colapso. Un candidato errático en la primera fase, queriendo parecer de centro-derecha, progresivamente aislado del partido, finalmente enderezó el rumbo. Aunque hizo una muy buena campaña en la segunda fase, ya era demasiado tarde. En política, sobre todo en política electoral, tiempo y audacia casi siempre van de la mano. Se ganó en audacia pero se perdió demasiado tiempo. El Polo no quedó en las tablas, pero sí seriamente resquebrajado.

La votación que obtuvo en primera vuelta de las presidenciales, aunque no alcanzó para la segunda, fue digna. Fue esto lo que evitó en parte la desbandada que ya estaba en curso. Las declaraciones frente a la candidatura de Mockus ayudaron a levantar el perfil y afirmar la dignidad e identidad política. Más eficaz hubiera sido, sin embargo, si, en vez de avalar dos opciones frente a las presidenciales de segunda vuelta, hubiera optado por una de ellas, especialmente por el voto en blanco, sin duda más emblemático de ilustración política que la simple abstención electoral.

Pese a todo, es evidente que hay un espacio político de la izquierda, hay una izquierda en la opinión política en Colombia. Pero aún falta mucho para ampliarla y sobre todo para traducirla en fuerza política (electoral o no). De ahí que sea crucial para el Polo la coyuntura que se abre con la elección de Santos como presidente para 2010-2014. La declaración de oposición política frente a la convocatoria de un gobierno de unidad nacional planteado por Santos es un buen comienzo, lo mismo que la exigencia de un estatuto de la oposición. Pero no es suficiente. Para empezar, es necesario que todas las tendencias dentro del PDA la asuman y la desarrollen. Aquí empiezan de nuevo los escollos. Los mismos que nunca se pudieron superar exitosamente frente a las perversas acusaciones del gobierno de Uribe al Polo de ser bafle de las guerrillas.

Las declaraciones del excandidato presidencial y su postura de establecer acuerdos con el gobierno, aunque sea sobre materias tan sensibles como resarcir a las víctimas del paramilitarismo y el terrorismo de Estado y una política de tierras, es errática. Y pueden contribuir más a la confusión que a la claridad política. Ponen en riesgo la unidad del PDA y horada su postura de oposición. Hagamos memoria. A la Unión Patriótica la sacaron a punta de plomo del escenario político, a la AD-M19 a punta de discursos y señuelos de gobernabilidad. Al PDA después de 2006, lo diezmaron a punta de autoritarismo y macartización. Como es sabido, una de las funciones del poder ha sido siempre, no sólo organizar la dominación de los poderosos, sino desorganizar a los de abajo, con represión o con cooptación. En la coyuntura actual ninguna de las dos opciones está descartada. Pero mal haría el propio partido de los de abajo con facilitar la tarea. El riesgo de la “audacia política”, tal como se presenta la postura del excandidato presidencial, es que termine convirtiéndose en audaz estrategia de gobernabilidad. No de los de abajo sino de los poderosos. Esos que bastante bien representa el gobierno de Santos.

El afán de gobierno debería sustituirse en el Polo por el afán de politización. Politización de sus filas, por supuesto, pero especialmente de los de abajo. Pero para avanzar en esa dirección conviene que empiece a repensar desde ya su estrategia de acción política y de poder. Se requiere de una politización que irrigue los vastos y múltiples vasos comunicantes de las luchas de resistencia de los de abajo. Desde el parlamento, desde las campañas electorales, sin duda; pero sobre todo desde sus acciones concretas y cotidianas de resistencia, en el barrio, en la escuela, en la universidad, en la fábrica (las que aún quedan), en los convites, en las mingas, en todo espacio de multitudes y de pequeños encuentros. Tal vez así estaremos reconstruyendo una estrategia que va de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, y también una forma diferente de concebir y hacer la política. Pensar en las próximas elecciones, sin duda, pero más estratégicamente pensar en las luchas sociales por venir, que requieren ser politizadas. No estrategias de gobernabilidad sino de resistencia. Esta puede ser la vía para refundar la izquierda y el PDA como su producto más preciado hasta ahora.

En función de darle perfiles a esta estrategia de resistencia, el Polo debe comenzar afirmando su unidad en torno al siguiente postulado: lo que le confiere sentido al Gobierno de J. M. Santos es su decisión de crear un ambiento social, político e institucional favorable a la consolidación del modelo neoliberal como patrón de acumulación y reproducción interna del capital, y su articulación con el capital y los mercados internacionales a través de los TLC negociados por el gobierno anterior. Lo que equivale a decir que el nuevo Gobierno no es ni será un Gobierno reformista comprometido con grandes transformaciones socioeconómicas a favor de los asalariados y excluidos. En esto no debe haber dudas entre nosotros. En consecuencia, el PDA debe descartar cualquier posibilidad de participación o acuerdos políticos fundamentales con el nuevo Gobierno. Es probable que la mayoría de las iniciativas del Gobierno se tramiten por la vía del Congreso de la República. En esa corporación tenemos una representación minoritaria, así nuestros parlamentarios sean de calidad y entereza para el debate, el control político y la denuncia del régimen. Pero no podemos ser ingenuos de pensar que la sola actuación de ellos sea suficiente para detener la aprobación del plan gubernamental. Por lo tanto, es preciso y urgente que el Partido llama a todos sus militantes, simpatizantes y adherentes a preparar y organizar la fuerza de los de abajo, adoptando para ello una directriz que le permita al Polo vincularse al trabajo de reorganización y unificación de los diferentes movimientos sociales para la defensa de sus propios intereses. Sólo ese trabajo combinado de la acción parlamentaria y la organización de la lucha de resistencia extra institucional podrán permitirnos desenmascarar el alcance demagógico y epidérmico del compromiso del Presidente con los pobres y los desplazados. Sólo ese trabajo, acompañado de una enorme labor de propaganda y agitación, nos permitirá ganar para nuestro lado y nuestra causa a la gran mayoría de los pobres y excluidos.

Actuar en la dirección indicada exige del Polo un acelerado proceso de reorganización interna, que conlleve el restablecimiento de su unidad de mando, unidad de la dirección y unidad en la acción. Pero exige igualmente, una acertada identificación del centro de gravedad del conflicto social y político del país en esta coyuntura, para con base en ello establecer las consignas políticas que logren convocar y movilizar la resistencia de los de abajo.

El polo en la ciudad y la región

Articulado a la situación política nacional, el tema de la ciudad y la región adquiere especial importancia ahora que el Gobierno ha anunciado su decisión de presentar ante el Congreso un proyecto de ley de ordenamiento territorial.

Las decisiones de los gobiernos de diferentes países han sido elaboradas a nivel mundial, latinoamericano y en Colombia en contextos geopolíticos y desde diferentes enfoques en las últimas décadas del Siglo XX y Siglo XXI.
Desde las experiencias territoriales y de ciudad a nivel mundial están las de Italia (Distritos industriales), España (País Vasco y Cataluña), Estados Unidos (Valle Silicón en California y la Ruta 128 en Boston) y en América Latina (Triangulo ABC en Sao Paulo), México, Chile y en Colombia (Bogotá-Cundinamarca y Antioquia, Valle de Aburra y Medellín). Estas experiencias han permitido construir un acumulado de leyes, diseños teóricos y enfoques para las políticas públicas territoriales definidas por los gobiernos de cada país, ciudad o región.

En el caso colombiano la Descentralización a partir de la reforma de 1968, posteriormente la Elección Popular de Alcaldes y Gobernadores habían dado los sustentos políticos para los primeros pasos del tema territorial, pero es con la Constitución del 91 en el artículo 1 que habla de un país descentralizado con autonomía regional; el Artículo 319 que posibilitó crear las Áreas Metropolitanas; y el Artículo 321 que posibilita crear Provincias como nuevos avances del tema de región y ciudades. Estos artículos son la base constitucional para definir las entidades y las normas, sin embargo a la fecha aún no se expedido la ley de Ordenamiento Territorial que facilite a las ciudades y departamentos avanzar en el tema de las políticas territoriales. No obstante en Medellín se ha definido el Plan de Ordenamiento Territorial como política pública para asuntos del suelo, lo urbano, y la participación comunitaria en el Presupuesto Participativo. Y a nivel de Antioquia, Valle de Aburra y Medellín se elaboro unos Lineamientos para una política de integración regional, nacional e internacional y la creación de la Comisión Tripartita (2008).
Los enfoques que han orientados las políticas de territorio han sido diversos desde el tradicional endógeno hasta el de ciudad región o redes, o el de Región de ciudades, o redes territoriales, o Sistemas urbanos integrados y en red, y el de Competitividad sistémica.

Para que las decisiones del POLO den respuestas a las necesidades urgentes de los pobladores de las ciudades y regiones pasa por definir una agenda de trabajo que incorpore los temas de las violencias urbanas y territoriales desde una solución social - no militar como se insiste después de los fracasos de la Ley de Justicia y Reparación- que en el caso de Medellín y Valle de Aburra dan cuenta de la crisis del conflicto paramilitar-mafioso.

De igual manera es necesario responder a los avances de los megaproyectos hidroeléctricos desde las cúpulas tecnocráticas y políticas regionales (Gobernación- Alcaldía de Medellín) como la construcción de la hidroeléctrica Ituango, organizando la resistencia social como hoy lo están realizando los pobladores del Quimbo en el Huila frente al proyecto de la empresa EMGESA.

Otro tema que debemos responder como partido en Medellín es redefinir el Presupuesto de la ciudad mas allá de la política oficial de la Participación ciudadana que no logra resolver las necesidades sociales populares en tanto se avanza en el proyecto Ciudad de servicios y turismo agenciada por las elites locales y los gobiernos de las dos últimas décadas.

Con el propósito de definir políticas regionales y de ciudad como partido debemos:

-Constituir una Mesa de trabajo de Ciudad y Región para elaborar Lineamientos alternativos a las implementadas por los Gobiernos Departamental, Valle de Aburra y Medellín.

-Participar con Diputado, Concejales, Ediles y Lideres del Partido en los Zonales preparatorios de Medellín y en el Congreso de Ciudad y Región convocado por la Gobernación, Área Metropolitana y Medellín para el próximo 4 y 5 de Octubre en Plaza Mayor.

-Convocar a un Foro Regional Alternativo de Ciudad y Región con invitados académicos, líderes sociales, sindicales y dirigentes del partido Departamental y Municipales.

Como prepararnos para la nueva vida política del PDA
Asumir un nuevo rol político principalmente desde la coordinación regional haciendo un depuramiento ético y político de sus integrantes
Desarrollar un debate desde la instancia de dirección con la militancia sobre el proyecto de región y ciudad incluyente.
Fortalecer las finanzas desde las contribuciones de los militantes abriendo una cuenta de ahorro en una entidad financiera cooperativa como Confiar u otra.
Articular los concejales, Ediles y diputados con las Coordinaciones para definir ejes políticos de intervención en la Asamblea Departamental y los Consejos.
Establecer agendas de discusión sobre temas centrales y de actualidad regional y local para la participación democrática de los militantes y como pedagogía política.

CIRCULOS SOCIALISTAS DE ANTIOQUIA

Medellín, agosto 28 de 2010.

La alquimia de la seguridad democrática

A propósito del conflicto armado y la política de seguridad democrática

La alquimia de la seguridad democrática

Por: Eduardo Nieto.


La celebración oficial del Bicentenario de la Independencia vino a coincidir con la transición de un gobierno a otro. Para el Presidente que sale, Colombia estaría celebrando al mismo tiempo su segunda independencia, con lo cual hace alusión a los logros obtenidos por su Gobierno frente a las organizaciones guerrilleras, a las que considera derrotadas militarmente tras ocho años de ejecución de la política de Seguridad Democrática. Para el Presidente que entra, Colombia estaría obligada a darle continuidad a dicha política, a fin de alcanzar lo que él mismo ha llamado la Prosperidad Democrática. Por encima de la euforia oficial y más allá de las celebraciones, la verdad es que el nuevo Gobierno tendrá que vérselas con la herencia que deja la aplicación de esta política bifronte de guerra a las guerrillas y mano tendida a los paramilitares. Una herencia que en lo interno cobra expresiones en una crisis humanitaria de grandes dimensiones y serios quebrantos del orden republicano dispuesto por la Constitución del 91, mientras que en el plano externo se manifiesta en una situación cada vez mayor de aislamiento regional y frustración de los negocias en los mercados internacionales.

Que la celebración del Bicentenario de la Independencia sea entonces la oportunidad para abrir el debate sobre los resultados que arroja la aplicación de la política de seguridad democrática y los retos que la misma le impone al Gobierno de Juan Manuel Santos.


La a varita mágica de la seguridad democrática

Tras su elección como Presidente de la República, Alvaro Uribe logró convencer al conjunto de las élites empresariales del país, a casi todos los partidos y movimientos políticos, a las iglesias y a los medios de comunicación, de la necesidad de buscarle una solución autoritaria y derechista al conflicto armado que ha vivido Colombia por más de cincuenta años, restableciendo de manera inmediata el dominio político como garantía de la existencia y conservación del sistema social en su conjunto. La situación política de entonces, marcada por la crisis en que habían caído las negociaciones de paz del Gobierno Pastrana con las Farc, así como la misma incapacidad institucional del Estado para hacerle frente a la ofensiva militar de las guerrillas y el clamor generalizado de la sociedad por la seguridad, favoreció ampliamente el apoyo masivo de la ciudadanía al proyecto gubernamental. Igual efecto obraría el cambio del contexto internacional, cuando el gobierno de los EEUU y sus aliados le impusieron al mundo entero la estrategia de guerra antiterrorista luego de los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2001 en ese país.

Sin embargo, la razón fundamental para que tal opción lograra el consenso de los diferentes sectores del capital debe buscarse en la necesidad sentida por éstos de establecer un clima social y político favorable y seguro para la inversión nacional y extranjera, puntal decisivo para que colombiana pueda avanzar en su encuadramiento con las exigencias y requerimientos de la globalización neoliberal. Para entonces, ciertamente, el nuevo modelo de acumulación consensuado por las élites diez años antes y vehiculado institucionalmente por el Gobierno de César Gaviria con su Programa de Apertura Económica comenzaba a tener serias dificultades de articulación con los circuitos del capital internacional. En el sentir de los empresarios, tales dificultades hacían referencia principalmente a factores de perturbación extra económica de los negocios, relacionados principalmente con una situación crónica de inseguridad ciudadana que se combinaba con altos niveles de conflictividad social, situación esta que aparecía asociada tanto a la presencia guerrillera en casi todo el territorio nacional, como a la existencia de importantes reductos sindicales con capacidad de resistencia en sectores claves de la economía. Remover y eliminar tales factores de perturbación vendría a ser entonces una necesidad inaplazable para el capital, toda vez que en el horizonte se vislumbraba ya la posibilidad de la negociación de tratados de libre comercio con los Estados Unidos y la Unión Europea, a la manera del NAFTA celebrado por EEUU, Méjico y Canadá comenzando la década de los noventa, y como opción alternativa del capital transnacional luego del fracaso del ALCA impulsado por los gobiernos norteamericanos.

Frente a los requerimientos estructurales del capital, el Estado burgués -cualquiera sea su forma- dispone siempre de políticas e instrumentos tendientes a generar y garantizar las condiciones de su existencia y reproducción. Es la lógica que gobierna la relación entre el sistema económico y el dominio político en el régimen de producción capitalista. En este sentido, la política de seguridad democrática debe ser entendida como el instrumento dispuesto desde poder político para asegurar y garantizar no sólo las condiciones estructurales de existencia y reproducción del sistema económico en general, sino también y de manera específica las requeridas actualmente por el modelo de acumulación neoliberal para su permanencia y consolidación, eliminando o neutralizando aquellos factores que obstaculizan la libre acumulación. La opción dispuesta por el Gobierno de Uribe frente a este requerimiento específico del capital constituyó una solución autoritaria y de extrema derecha.

En el imaginario alquimista de un gobernante como Alvaro Uribe, la política de seguridad democrática, pensada a la manera de la piedra filosofal que transmutaba los metales en oro, estaba llamada a generar por arte de magia la confianza de los inversionistas y a producir la cohesión del conjunto de la sociedad colombiana, un estribillo que el Presidente saliente repitió hasta el último día de su Gobierno.

Como salida autoritaria y de extrema derecha al conflicto interno del país, la política de seguridad democrática articularía desde el comienzo una estrategia inspirada en el propósito de lograr en el corto plazo una derrota militar contundente de las guerrillas, combinando para ello la persecución militar sostenida a los alzados en armas y el hostigamiento permanente a sectores de la sociedad civil calificados por el Gobierno como aliados y voceros de aquellos, a quienes sindicaría de terroristas, valiéndose para esto de una red de informantes al servicio de las autoridades y de un jugoso programa de pago de recompensas a los mismos. Acudiendo a un discurso simplificador y maniqueo, el Gobierno llegó incluso al extremo de estimar que lo que se vive en Colombia es una agresión terrorista que nada tiene que ver con un conflicto armado interno de raíces socioeconómicas y políticas.

Por sus alcances y contenidos, esta estrategia vendría a significar, por un tiempo, la clausura del ciclo de las soluciones negociadas y del reformismo socioeconómico y político como opción para buscar la paz con los alzados en armas. Este ciclo, que se iniciara con el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), logró prolongarse hasta la administración de Andrés Pastrana (1998-2002). No obstante los obstáculos y dificultades provenientes tanto del establecimiento como de las mismas organizaciones guerrilleras, todos los gobiernos que se sucedieron durante ese período ensayaron, con variantes y énfasis diferentes, la opción del diálogo y la negociación política con las organizaciones guerrilleras.

La premisa fundamental de tal opción fue el reconocimiento que Betancur hiciera en su momento de que en la base del conflicto armado colombiano existían causas objetivas, relacionadas éstas con la presencia de situaciones estructurales de pobreza, miseria y exclusión política. Como consecuencia de este reconocimiento el Estado debía escuchar y negociar las demandas de los alzados en armas, así como de las comunidades respecto de las cuales las organizaciones guerrilleras se consideraban voceras, con el fin de concertar programas de reformas de todo orden conducentes a remover las causas que han dado origen al alzamiento armado, creándose así las condiciones que habrían de garantizar la desmovilización de las organizaciones guerrilleras y su reinserción a las formas institucionalizadas de la vida social y política del país.

El ciclo de las soluciones políticas negociadas del conflicto armado interno vino a coincidir con la ejecución de las medidas de ajuste económico y social impuestas por el Fondo Monetario Internacional, como parte de la estrategia de encuadramiento del país con los dictados y requerimientos de la globalización neoliberal. Como se sabe, la ejecución de tales medidas ha significado el desmonte de las instituciones más importantes del Estado de bienestar y de conquistas sociales y laborales a favor de los asalariados, así como la puesta en obra de un agresivo plan de austeridad en el gasto público y social. El compromiso asumido por los sectores hegemónicos del establecimiento con el capital internacional y sus agencias (FMI, BM, BID, etc.), constituyó, de esta forma, uno de los mayores obstáculos para que la solución política negociada y el reformismo social y económico se hicieran viables como opción para buscar la paz con los alzados en armas. El otro obstáculo ha estado constituido, sin lugar a dudas, por la reticencia de los alzados en armas, particularmente de las Farc y el ELN, de replantearse a fondo el viejo proyecto político de llegar al poder por la vía armada.

La opción de Alvaro Uribe con su política de seguridad democrática, en cambio, se basa en la premisa según la cual el conflicto armado se explica principalmente por razones subjetivas, producto de que determinados actores políticos hayan entrado en abierta rebeldía con el Estado tras haber elegido la vía armada para acceder al poder. Frente a ello, la respuesta del Estado no podrá ser otra que combatirlos militarmente, comprometiendo en tal empeño al conjunto de las instituciones estatales y de la sociedad civil, haciendo uso de todo el poder coercitivo del Estado. Tal estrategia no descarta, sin embargo, la posibilidad de que el Gobierno se disponga a negociar y facilitar la reincorporación de los alzados en armas al sistema político institucionalizado, siempre que ello no implique para el Estado y la sociedad una contraprestación en términos de grandes reformas socio-económicas y políticas o negociaciones muy dilatadas.

Concebida de esta manera, la política de seguridad democrática responde a la idea de que el restablecimiento de las condiciones estructurales de existencia y reproducción socio-económica del sistema, no conlleve alteraciones fundamentales del patrón neoliberal de acumulación; en otras palabras, se trata de una opción que busca evitarle al establecimiento que por la puerta trasera de la solución política negociada del conflicto armado se introduzca e institucionalice un reformismo socio-económico de cuño neo-keynesiano con capacidad de poner en entredicho el modelo neoliberal consensuado entre los sectores hegemónicos del establecimiento.

Ahora bien, la gran paradoja de la política de seguridad democrática es que, al lado de la estrategia de guerra contra las guerrillas, articularía una estrategia de desmovilización e incorporación a las formas institucionalizadas de la vida social y política de los miembros de las organizaciones de autodefensa y paramilitares; estrategia esta cuyos pormenores fueron negociados y acordados entre el Gobierno y los voceros de las autodefensas en Santafé Ralito. El instrumento central de tal estrategia lo constituyó la Ley de Justicia y Paz, aprobada por el Congreso de República por iniciativa del Ejecutivo.

La norma contempla la ejecución de un programa intrascendente y de poco vuelo encaminado a reparar a los familiares de las víctimas de la guerra, ya que su cometido fundamental es el encubrimiento de una enorme operación de impunidad de los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos por los paramilitares, al tiempo que propicia la legitimación social y política del poder económico adquirido ilegalmente por éstos y otras mafias ligadas a economías ilícitas y gangsteriles. Con la mencionada ley, el Gobierno no sólo pretendió que los paramilitares se incorporaran a la vida legal amparados en la calidad de delincuentes políticos en su presunta condición de sediciosos, situación ésta que oportunamente la Corte Constitucional declaró inaceptable, sino que además consagró condenas irrisorias para aquellos que confesaran sus delitos ante los tribunales instituidos para procesarlos. Aparte de lo anterior, los desmovilizados libres de responsabilidad penal serían vinculados al sistema de seguridad social en salud y gozarían de los beneficios de diferentes programas dispuestos por el Gobierno con el fin de articularlos como micro-empresarios o asalariados de empresas prestadoras de servicios. Incluso, un buen número de guerrilleros desmovilizados, producto de la ofensiva militar del Gobierno sobre sus organizaciones, terminó acogiéndose a lo dispuesto por la Ley de Justicia y Paz.

El fracaso de los acuerdos de Santafé Ralito está medido por el regreso de buena parte de los desmovilizados a las estructuras paramilitares, particularmente de aquellas que mantuvieron su accionar ligadas a la economía del tráfico de drogas, cobrando expresión en el resurgimiento de bandas criminales que se disputan el control de zonas estratégicas del territorio nacional y las barriadas populares de ciudades importantes como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Montería.

La transmutación de los metales

La coyuntura que vive Colombia en este momento, marcada por el tránsito de un gobierno a otro, ofrece una oportunidad cierta para que las organizaciones de la sociedad civil, así como los partidos y movimientos políticos, los medios de comunicación y las universidades emprendan un debate a fondo de lo que ha significado para el país la ejecución de la política de seguridad democrática durante los últimos ocho años. Tal debate es particularmente necesario si se tiene en cuenta que el Gobierno entrante ha hecho manifestaciones expresas de mantener y darle continuidad a dicha política, como quiera que el nuevo Presidente de la República, en su calidad de Ministro de Defensa del Gobierno saliente, fuera artífice de la misma.

De acuerdo con la lógica del proyecto de Uribe, la política de seguridad democrática estaba destinada a crear y proveer las condiciones internas de orden sociopolítico necesarias para que el modelo neoliberal impuesto por los sectores hegemónicos del capital pudiera consolidarse, atrayendo la inversión del capital extranjero y por esa vía lograr articularse a los circuitos más dinámicos del mercado mundial. Pero, algo parecido a lo ocurrido con los alquimistas de la edad media y sus experimentos había de pasarle al Presidente Uribe con su política de seguridad democrática. Mientras aquellos, buscando transmutar el plomo en oro, produjeron extrañas amalgamas que ni eran plomo ni eran oro, el gobernante colombiano, en su afanoso empeño por remover y eliminar los factores que perturbaban la libre acumulación y reproducción del capital, terminó creando un ambiente desfavorable para la llegada del capital internacional y el acceso a los mercados globalizados.

En efecto, en un intento por superar aquellos factores extra económicos que dificultaban la prosperidad del modelo neoliberal en Colombia, el Gobierno de Uribe instrumentalizó la política de seguridad democrática, una estrategia contrainsurgente que dio pie a que desde el Gobierno se llevaran a cabo indiscriminadamente acciones legales e ilícitas, institucionales y extra institucionales, no sólo contra las guerrillas sino también contra sectores de la población civil y organizaciones sociales, sindicales y campesinas. Afanado por obtener resultados en el corto plazo, incrementó en forma desproporcionada el gasto militar para poder responder a los planes de modernización de la Fuerza Pública, al aumento del personal uniformado y a las nuevas maneras de actuar en el teatro de las operaciones militares. En el fragor de la guerra, el Gobierno no reparó en la observancia y respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, a pesar del clamor de las organizaciones no gubernamentales y la institucionalidad de la ONU, cuyos reclamos fueron respondidos con descalificaciones intimidatorias. Incluso las relaciones internacionales y diplomáticas con los gobiernos de los Estados de la región quedaron afectadas por el delirio guerrerista de la seguridad democrática. El Presidente Uribe actuaría como Mariscal de Campo hasta el final de su mandato, esperando la batalla definitiva en la que habría de derrotar hasta el último guerrillero.

Es cierto que por efectos de la ofensiva militar del Gobierno, las guerrillas han sido afectadas en forma contundente en su estructura y en su accionar, al tiempo que algunos sectores sociales han recuperado una relativa seguridad. Pero el costo que se ha tenido que pagar por ello es sumamente alto, y se traduce en la enorme crisis humanitaria que hoy vive Colombia, cuyas dimensiones pueden apreciarse por los índices del desplazamiento poblacional que ha dejado la guerra, la expropiación de tierras a labriegos y campesinos pobres, las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública, la violación de los derechos humanos, el frecuente asesinato de sindicalistas y otros líderes sociales, las continuas detenciones arbitrarias de supuestos auxiliares de las guerrillas, los diversos ataques a la oposición de izquierda, etc. De esa misma estrategia guerrerista es consecuencia también el régimen bonapartista de derecha al que derivó progresivamente el Gobierno de Uribe, mismo que cobró expresiones en su fallida pretensión de hacerse reelegir por segunda vez consecutiva como Presidente de la República acudiendo a formas espurias de la democracia directa, así como en sus continuos ataques a la Rama Judicial y su malogrado intento de imponer un Estado policíaco valiéndose del poder que le daba el control de una institución como el DAS, todo lo cual ha redundado en una seria fractura de la arquitectura institucional y las garantías democráticas establecidas por el Constituyente del 91. En términos de soberanía, la guerra también le deja al país la afrenta que significa la presencia de siete bases militares norteamericanas en suelo colombiano.

Tras ocho años de ofensiva militar, el panorama que deja la guerra contra los alzados en armas tendría repercusiones políticas de diverso orden, siendo quizás la de mayor impacto estratégico las reticencias que tanto el Congreso de los Estados Unidos como de Canadá, así como el Parlamento de la Unión Europea, han mostrado en el momento de ratificar los Tratados de Libre Comercio negociados por el Gobierno de Colombia con los representantes de esas naciones. Como consecuencia de ello, los productos colombianos no acceden libremente al mercado de los Estados Unidos, que constituye el destino de casi el 60% del monto de las exportaciones anuales que hace Colombia; como tampoco han podido ingresar masivamente a los mercados europeo y canadiense, considerados como nuevos compradores de productos nacionales. En coincidencia con todo esto, Colombia ha vivido durante este período una crisis permanente de relaciones con Venezuela y Ecuador, como consecuencia igualmente del conflicto armado interno nuestro. Venezuela y Ecuador son socios comerciales de Colombia de vieja data, participando el primero de ellos con cerca del 40% de nuestras exportaciones. Hoy, el comercio de Colombia con estos países se halla prácticamente paralizado.

No significa lo anterior, sin embargo, que el capital extranjero haya dejado de llegar al país durante el período; pero, como lo reconocen los analistas, en parte lo ha hecho bajo su condición de capitales golondrinas, o simplemente con destino a los proyectos de explotación minera o de hidrocarburos, lo que no representa novedad alguna si se tiene en cuenta que tales capitales han estado presentes siempre en esos renglones de la economía nacional, independientemente de la situación política interna del país.

De cara a este panorama, podría decirse que la política de seguridad democrática terminó convertida en un bumerán para el propio Gobierno de Uribe y lo sectores del capital que lo apoyaron. El deterioro progresivo de la situación política interna del país por efectos de la guerra contra las guerrillas y la impunidad de los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos por los paramilitares, provocaron el desprestigio de la política de seguridad democrática y contribuyeron a agravar la crisis social provocada por la aplicación despiadada de las políticas económicas neoliberales. En este contexto, las reticencias de aquellas naciones a ratificar los Tratados de Libre Comercio negociados con Colombia, así como la ruptura de relaciones a las que debieron llegar los Gobiernos de Venezuela y Ecuador, no podrán leerse sino como castigo y sanciones a los excesos y abusos de un régimen que actuó bajo la convicción maquiavélica de que cualquier medio es válido cuando el Estado actúa en función de asegurar y garantizar las condiciones de existencia y reproducción del sistema económico. En el sentir de tales naciones, Colombia está lejos aún de haber saneado su situación política interna y creado las condiciones sociopolíticas favorables y seguras para la inversión y los negocios.

El Gobierno entrante enfrenta entonces el desafío de tener que volver a consensuar de nuevo las condiciones políticas y sociales internas que le permitan no sólo conservar el modelo neoliberal como patrón de acumulación y reproducción interna del capital, sino también lograr su pronta articulación con el capital y los mercados internacionales. Tras el relativo fracaso de Alvaro Uribe en la creación de las condiciones internas para que dicho modelo termine de afianzarse en forma definitiva, Santos se ha mostrado dispuesto a ensayar procedimientos, énfasis y estilos diferentes a los seguidos por su antecesor.

En función de ese propósito, el nuevo Presidente ha logrado conformar un Gobierno de Unidad Nacional, comprometiendo en ello al conjunto de las fuerzas políticas del país con la excepción del PDA. Su proyecto ha recibido el apoyo de los gremios empresariales, de las iglesias y los medios de comunicación. La vinculación como formula vicepresidencial de un ex sindicalista y ex dirigente de izquierda le ha permitido al nuevo Presidente de la República cooptar incluso el apoyo de una franja del sindicalismo y enviar un mensaje tranquilizador a los Gobiernos de Europa y Norteamérica que censuraron al Gobierno anterior por sus atropellos a la oposición y a las organizaciones sindicales.

J. M Santos ha anunciado además que su Gobierno será el de la Prosperidad Democrática, con lo cual ha querido poner de manifiesto no sólo el propósito de rescatar la credibilidad ciudadana en las instituciones centrales del Estado, sino también la necesidad que tiene el establecimiento de tender puentes e implementar políticas tendientes a reintegrar al sistema social a diferentes sectores de la sociedad que han sido marginados y excluidos por efectos de la guerra y la aplicación de las políticas económicas neoliberales de los últimos gobiernos. El propósito evidente es evitar que la crisis social de país pueda transitar a eventuales situaciones de conflictividad político social que pongan en riesgo el sistema o alteren el clima de los negocios. No de otra manera podría entenderse el pronunciamiento casi que clamoroso del Presidente Santos en el sentido de que su Gobierno será respetuoso tanto de la ley como de la Constitución, y que como consecuencia de ello asume el compromiso del respeto de los derechos humanos y la observancia del principio republicano de la separación e independencia de los poderes públicos; o su compromiso con los pobres, a quienes prometió solemnemente no defraudar durante su Gobierno, ofreciéndoles la creación de tres millones de empleo formal con salarios y prestaciones sociales dignas, así como la implementación de ambiciosos planes de vivienda, acceso a la salud para todas las familias y educación de calidad para los jóvenes. Respecto a los desplazados por la violencia, el Presidente ha delineado una política encaminada a lograr el retorno de estos campesinos a sus lugares de origen, restituyéndoles sus propiedades y facilitándoles crédito y asistencia técnica, acogiendo para ello una propuesta de campaña del candidato presidencial del Polo. El Gobierno dispondrá igualmente de una política indemnizatoria para los familiares de las víctimas del conflicto, incorporando en esta materia una iniciativa del liberalismo oficialista.

En este contexto, el anuncio más inquietante del Presidente entrante viene a ser su decisión de darle continuidad a la política de seguridad democrática en el sentido de mantener la ofensiva militar contra los alzados en armas, sin descartar la posibilidad de una negociación con los mismos, siempre y cuando éstos cumplan determinadas condiciones. En relación con esto, Santos enfrenta el reto de recuperar la confianza de los Gobiernos vecinos, así como de los Estados Unidos, Canadá y Europa, en el sentido de que la continuidad de la guerra contra los alzados en armas no conllevará irrespeto alguno de la soberanía de otras naciones, ni violación de los derechos humanos, ni persecución de los defensores de los mismos, como tampoco la estigmatización y victimización de la oposición de izquierda y de los sindicalistas.

Sin duda alguna, la brutal ofensiva militar del Gobierno de Uribe contra las guerrillas logró asestarle golpes certeros a los alzados en armas, especialmente a las Farc. Parte significativa de sus estructuras fue desmantelada por la acción combinada de las Fuerzas Armadas. Así mismo, varios de sus líderes históricos murieron en combate, otros por muerte natural. Los guerrilleros fueron desalojados de las goteras de varias capitales del país y otras ciudades importantes. El Ejército logró arrebatarles el control de corredores estratégicos en buena parte del territorio nacional. Sus frentes urbanos fueron igualmente controlados en su accionar. También sus redes de apoyo internacional quedaron considerablemente debilitadas. En suma, no podrá negarse que la política de seguridad democrática reportó mejoras relativas en materia de seguridad para algunos sectores de la sociedad y que la correlación de fuerzas militares hoy en Colombia le es altamente favorable a las fuerzas armadas del Estado en el ya largo conflicto con las guerrillas, situación ésta que deja al Gobierno entrante en situación ventajosa para proseguir la guerra contra éstas o para imponerle condiciones en un eventual escenario de negociaciones con las mismas.

Sin embargo, sería equivocado inferir de tal situación la proximidad de la derrota militar definitiva de los alzados en armas y la desaparición del fenómeno guerrillero en Colombia por efectos de la acción militar de las Fuerzas Armadas; sería tanto como desconocer no sólo el carácter irregular de estas organizaciones, así como de la guerra que adelantan contra el orden establecido, sino también la historia social y política del país, que durante los últimos sesenta años ha presenciado la forma como varias de estas organizaciones lograron recomponerse y expandirse militarmente tras haber sido diezmadas por efectos de la acción del Ejército Nacional. No es sino recordar que en 1964, el Presidente Guillermo León Valencia, en ejecución del Plan Laso, autorizó el bombardeo de los movimientos agrarios y de autodefensa campesina ubicados en las poblaciones de Riochiquito, El Pato, Natagaima, Coyaima y Purificación, considerados entonces por el discurso oficial como Repúblicas Independientes. Tal acción daría lugar a la celebración de la primera Conferencia del Bloque Sur del país y la transformación de esos movimientos en lo que hoy son las Farc. Tras una acción de cerco y aniquilamiento adelantada por el Ejército contra el ELN en Anorí (Antioquia) en 1976, esa organización guerrillera quedó prácticamente exterminada. Bastaron cuatro años para que, bajo el mando del Cura Manuel Pérez, esta agrupación volviera a recuperarse política y militarmente, extendiéndose por nuevas áreas del territorio nacional. De manera que el tema debe ser mirado sin triunfalismos, pero igualmente sin fatalismos históricos y apreciaciones cíclicas del fenómeno guerrillero.

La coyuntura que vive el país, de tránsito de un Gobierno a otro, hace que el tema de la guerra y la paz con los alzados en armas cobre de nuevo actualidad.

En el examen de una posible negociación con las guerrillas, será necesario reconocer la pertinencia del debate sobre dos variables del problema que aquí aparecen entrecruzadas. Una de estas variables es de carácter esencial y subjetivo, y tiene que ver con la intencionalidad política de los alzados en armas de acceder al poder por la vía de la acción armada y sobre la base de organizaciones guerrilleras, intencionalidad que ellos han convertido en propósito y estrategia político-militar. La otra es de carácter objetivo, y hace relación al entorno político y socioeconómico del país que sirve de pretexto para justificar el levantamiento armado como proyecto. Lo que algunos denominan como las causas objetivas del fenómeno guerrillero.

Respecto de la primera variable, el debate deberá centrarse en el punto de que mientras los alzados en armas no revalúen su proyecto político-militar, el conflicto armado será siempre un factor presente y decisivo de la vida política nacional. Y el punto está referido específicamente a la vigencia o no de dicho proyecto, dado el contexto político actual del país y de América Latina. En cuanto abordamos la segunda variable, aparece su conexión íntima con la primera, así como el entrecruzamiento de ambas: poner a los alzados en armas en posibilidad siquiera de reconsiderar su proyecto implica, en primer lugar, la existencia de condiciones democráticas y garantías de seguridad que posibilite el debate público y abierto de las ideas, en orden a demostrar la inviabilidad del proyecto armado y la posibilidad de que esas organizaciones puedan transformarse en movimientos o partidos políticos con garantías de acceder a los medios de comunicación y de actuar legalmente sin que sus miembros sean asesinados; en segundo lugar implica admitir y reconocer de que mientras la situación social del país mantenga en la marginalidad, el desempleo y la falta de oportunidades a buena parte de la juventud tanto del campo como de la ciudad, los proyectos armados tendrán asegurados el reclutamiento de seguidores, militantes y bases de apoyo, así como razones para justificar su existencia. Esta variable del problema actualiza no sólo el debate sobre la pertinencia y legitimidad de las políticas económicas neoliberales con que se ha venido conduciendo al país durante los últimos veinte años, sino también la necesidad inaplazable de un estatuto de la oposición y el establecimiento de reglas democráticas que regulen la actividad política y partidista en Colombia.


Medellín, agosto 13 de 2010.
En el aniversario de la muerte de Jaime Garzón.

PDA:LLAMADO A RETOMAR EL RUMBO

“Sectores importantes de los oprimidos sintieron que el único partido de izquierda y de oposición al régimen uribista era incapaz de practicar la interlocución con ellos e incluirlos en su proyecto de acción política. Cada vez más convencional, el Polo se alejaba de la posibilidad de irrigar, con su gente y su discurso, la capilaridad popular. Cada vez más jugaba el juego de la política institucional, mientras más decididamente se tragaba el anzuelo uribista de tener que demostrar su lealtad a la lucha contrainsurgente contra las farc. La tensión política en sus filas ha sido siempre la tensión electoral. Se convirtió, quizá sin darse cuenta, en un partido electoralista, siempre en actitud de preparar la próxima campaña electoral, casi siempre de espaldas a la dinámica social y política de los de abajo”. Nieto JR.

Después de la coyuntura electoral es importante realizar algunos análisis; y aunque la decisión final de llamar a no votar por ningún candidato es un refresco y una señal de que no todo está perdido, es importante realizar algunos análisis en frío, sin apasionamientos, que den luces a nuestra realidad actual.
Este escrito pretende ser un material que aporte a la discusión en torno al presente y futuro del PDA. Se destacarán algunos errores cometidos y sugerencias para retomar el rumbo, a consideración del autor, bajo la intención de lograr ser un partido que represente una verdadera opción de izquierda que aspira a ser poder en el país. Se debe aclarar que el autor como militante activo del PDA no se excluye de los errores cometidos, por el contrario se hace partícipe y de ahí, la intención con este texto de intervenir para la búsqueda de soluciones a lo que ha denominado como el retomar del rumbo.
En el texto se identifican cinco errores cometidos, que no quiere decir sean los únicos, sino los más importantes a consideración del autor, cada uno es de alguna forma ejemplificado en la historia vivida por el PDA y cada uno de ellos lleva implícita su solución.
Errores cometidos:
a. Desconocimiento de la historia política de Colombia.
b. Alejamiento de las bases
c. Fragilidad ante las presiones externas
d. Lógica interna de mecánica electoral
e. Incumplimiento de los estatutos e ideario del partido.

a. Desconocimiento de la historia política colombiana. Siempre he considerado que la historia política colombiana tiene la clave para la correcta interpretación del presente y para la planeación de proyectos futuros. Por lo tanto, es de crucial importancia su consideración a la hora de impulsar un proyecto político que pretende ser de largo aliento y tener una gran trascendencia tanto a nivel nacional como internacional.

La historia colombiana enseña entre otras tantas cosas, las estrategias y la puesta en práctica de todo tipo de mecanismos y combinaciones de lucha, por parte de las élites del país en asocio con las internacionales, principalmente estadounidenses, para impedir que los terceros partidos surjan, siempre que esos partidos asuman la representación de las denominadas clases subalternas. Esta estrategia ha implementado diferentes tácticas, desde la más socorrida: la manipulación a través de los medios de comunicación, de propiedad de los grandes conglomerados económicos nacionales e internacionales, con el fin de imponer una matriz de opinión desfavorable; la utilización de la educación formal e informal y de la iglesia como soporte de su hegemonía ideológica, con la manipulación del sentido de las palabras, de lo simbólico, y de la historia misma; la amenaza, intimidación y el aniquilamiento físico de los líderes de las causas populares; el fraude electoral, hasta el aniquilamiento de un partido político completo como fue el caso de la UP.

Fuera de la estrategia paramilitar y de guerra sucia de origen en la mal recordada Escuela de las Américas con la participación directa de los Estados Unidos, tácticas que se han hecho más que evidentes con el envilecimiento del régimen colombiano después de ocho años de uribismo, en el que se resalta el terrorismo de Estado en contra de la población colombiana y a favor de las élites tanto internas como externas; hacen parte de ellas, los desplazamientos mediante fumigaciones y bombardeos, el encubrimiento de los crímenes de campesinos o muchachos de los barrios marginados vistiéndolos y haciéndolos pasar por guerrilleros, la utilización de los organismos del estado para realizar inteligencia política y todo tipo de montajes, las motosierras, los hornos crematorios, la utilización de animales para devorar los cuerpos, los métodos de sumergirlos en los ríos para hacerlos irrecuperables y la gran cantidad de fosas comunes encontradas a lo largo y ancho del país; todos estos métodos, son sólo diferentes caras de la misma moneda, consecuentes con la estrategia fundamental: la de aniquilar a todo el que piense y defienda intereses contrarios a los suyos. Se pretende la “pacificación” a través de las armas y la guerra sucia de los diferentes sectores populares, a la mejor manera de la Pax Romana o paz en las tumbas. Bajo esta forma se pretende la abdicación y sometimiento sumiso del pueblo: indígenas, afrodescendientes, mulatos y mestizos; mientras las élites, sin límites a sus apetitos, se apoderan y disfrutan de las mejores tierras y las diferentes riquezas del territorio; plácemes y cómplices, de la usurpación de las transnacionales de nuestros valiosos recursos.

Recientemente estas alianzas internacionales incluyen además la estrategia para desestabilizar la región y atacar a los gobiernos que enarbolan y han puesto en marcha proyectos políticos progresistas. En síntesis pudiéramos decir que Colombia, a través de su historia, ha sido un gran laboratorio de Democracia Restringida para el mundo, Democracia Restringida en el sentido de una mera democracia formal liberal y su correspondiente ciudadanía formal, que oculta la realidad: un régimen plutocrático, con nuestra verdadera historia de patrimonialismo del estado.

Si se reconocía esa historia, nunca se pudo haber dejado que la elección del candidato por el partido a la presidencia de la república fuera abierta. Se podía presumir que el establecimiento haría presión e influiría a favor del candidato que más conviniera a sus intereses; en otras palabras, ese papayaso no sería desaprovechado, y efectivamente no lo fue.

b. Alejamiento de las bases. Si existe algo que haya caracterizado la historia del PDA ha sido el gran vacío frente a las causas de las reivindicaciones reales de los diferentes sectores sociales, causas que por razones históricas son obvias y múltiples: los problemas propios de indígenas y afros; los de género; los de diferentes sectores atropellados por la economía: pequeños agricultores, campesinos, mineros tradicionales, microempresas, obreros, sindicatos, informales, etc.; los problemas de tierra y laborales, al ser el país de la región con mayor número de desplazados internos y mayor número de desempleados; de salud, educación y servicios públicos, con su privatización; ambientales, de vivienda digna, etc., etc.


Se pudiera decir que el acercamiento con las bases ha girado en torno a la necesidad electoral, de forma coyuntural, incluso algunas veces de forma clientelar, modelo al que nos oponemos y contra el que luchamos por principio, más que como respuesta y catalizador de esas diferentes necesidades, en un trabajo serio y estructurado, de largo aliento, que reconociendo la historia adopte la mejor estrategia para superarla, convirtiéndose así nuestro partido en una verdadera opción de cambio y de poder real.

Casos como los de la minga indígena, los corteros de caña, los desplazados, los señalamientos a las altas cortes, los seguimientos a los periodistas, defensores de derechos humanos y opositores, los crímenes de estado y entre ellos los famosos “falsos positivos”, el conflicto armado interno, el canje de prisioneros, la emergencia social, la problemática laboral, etc., no se hicieron sentir con la contundencia requerida y con el respaldo pleno por parte de los cuadros directivos del PDA.

c. Fragilidad ante las presiones externas. Reconociendo los diferentes métodos empleados a través de nuestra historia, no se puede ser frágil en las posiciones intentando ser conciliador o dándole gusto a la derecha, se debe por el contrario ser consecuente fortaleciendo la estructura, el programa y el accionar de los miembros del partido. No se pueden permitir concesiones que a la postre se convierten en estratégicas por guardar “apariencias” frente a los medios de comunicación.

El mejor ejemplo de ello fue la inoperancia del comité de ética del PDA para establecer sanciones a nuestros propios parlamentarios cuando habían vulnerado los estatutos, bajo la premisa de dar la imagen ante los medios de comunicación de una supuesta “unidad” del partido. Casos como los de la elección del procurador Alejandro Ordoñez con participación de parlamentarios nuestros, o el caso del Dr. Petro a inicios del año anterior, son una muestra fehaciente al respecto.

Otro ejemplo ha sido el temor a buscar alianzas internacionales con los países vecinos pues para nuestras élites es un asunto proscrito y macartizable, altamente rentable a sus intereses ideológicos y electorales.

d. Lógica interna de mecánica electoral. Si algo se ha destacado en la forma de hacer política, en el partido, ha sido la mecánica electoral. Hemos fluctuado de elección en elección, perdiendo la visión del conjunto, la profundidad, la finalidad verdadera. Esta misma situación ha permitido el desarrollo de una pugna interna de defensa de microterritorios, de tendencias, de partidos al interior del partido, de parcelas, en la disputa por ver quién se queda con los cargos de representación.

De esta forma más que una sumatoria se han creado divisiones que a la postre nos han costado el saldo de una menor participación en las instituciones del estado; lo que se traduce en la menor posibilidad de enarbolar y defender nuestras banderas políticas desde esos escenarios y entrenar a nuestros cuadros. Un ejemplo de ello fue lo sucedido en estas últimas contiendas electorales al parlamento.







e. Incumplimiento de los estatutos y del ideario. Ya hemos puesto en escena, en este texto, algunas circunstancias en las que se ha evidenciado este error. En el partido todos hablamos del ideario y de los estatutos, pero no todos los cumplimos. Haciendo explícita la vieja herencia de la derecha, una cosa se dice y otra se hace, de ahí el sabio adagio popular: del dicho al hecho hay mucho trecho o el de que la letra puede con todo.

El ejemplo más reciente de ello se ha expresado en la reciente contienda electoral a la Presidencia de la República, en donde nuestro candidato del PDA olvidó el punto 5 de nuestro ideario que reza: “La solución del conflicto armado interno en Colombia debe ser política y no militar. Por ello, en lugar de la guerra y la violencia las partes en conflicto deben acudir a diálogos y negociaciones en busca de acuerdos de paz”. Acercándose, más bien en varias oportunidades, a la fallida “seguridad democrática”, guerrerista y violatoria del Derecho Internacional Humanitario DIH, en la búsqueda del “centro” político, como estrategia de reconciliación con los medios, es decir, con la élite del país. No puede ser, que el candidato del partido, defienda nuestras banderas, nuestro ideario, no por convicción interna sino porque los otros candidatos le cierran la posibilidad de “alianzas” y entonces no le queda otra alternativa.


Luz al final del túnel:
El próximo año se realizará el Tercer Congreso Nacional del partido en el cual se debe discutir a fondo estas y otras diferentes situaciones, discusión que se debe ir alimentando desde ahora, a la cual este texto invita para que sea de forma cordial, profunda, seria y responsable.
Sin embargo y a pesar de todo, el PDA sigue vivo. Su ideario y estatutos son más que vigentes ante esta cruda actualidad colombiana, debemos prepararnos con suficiencia, muy posiblemente sean ocho años más de uribismo, es responsabilidad de todos nosotros, los militantes, el presente y el rumbo venidero.




Fraternalmente,


Alejandro Hernán Quintero Galeano

TENDENCIAS GEOPOLITICAS EN AMERICA LATINA 1990-2010

El contexto geopolítico de América Latina durante las dos últimas décadas ha tenido una dinámica y tensiones que nos obligan preguntarnos ¿Cuál es el contexto mundial? ¿Cuáles son los antecedentes más inmediatos de la geopolítica en América Latina? ¿Cuál es el giro político? ¿Cuáles son las identidades y diferencias de concepción y ritmos entre los gobiernos de la región para avanzar en las transformaciones políticas? ¿Cuáles son los desafíos para los movimientos sociales y los gobiernos regionales?
1. Contexto mundial y antecedentes en América Latina
A finales del siglo XX el contexto mundial estuvo signado por una contraofensiva del capitalismo a partir de tres hechos: La caída del Muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, y el hegemonismo de los EE.UU como potencia única militar que asume el papel de gendarme mundial con el liderazgo en las intervenciones militares en Kuwait, Irak, Afganistán y Haití, a contrapelo de su debilitamiento como potencia económica. Es el reforzamiento del capitalismo como opción económica, ideológica y social con el supuesto del “fin de la historia”, el modelo neoliberal y la globalización como estrategias de los centros de poder del capital.
En el contexto de América, la presencia del Imperio del Norte en todo el siglo XX fue de intervenciones militares, dominación política, predominio económico, promoción de golpes de estados contra gobierno nacionalista (Jacobo Arbenz en Guatemala, Salvador Allende en Chile, Hugo Chávez en Venezuela, del Presidente Zelaya de Honduras como el caso más reciente), y como un hecho de guerra regional en Centroamérica, con la organización y financiación de la contrarrevolución militar ante la Revolución Sandinista en Nicaragua.
A finales del siglo XX una tendencia económica predominante fue la aplicación del modelo económico neoliberal como parte de la agenda Norteamérica o Consenso de Washington que significó la entrega de recursos naturales, privatización de servicios públicos estatales, mayor poder del capital norteamericano, dependencia económica a través de Tratados como el TLC, y como un rasgo especifico de finales del siglo xx en palabras del investigador James Petras el “Neoimperialismo adoptó una forma y sustancia diferentes con la llegada de George W. Bush al gobierno y la muerte de la burbuja especulativa de Wall Street. Las fuerzas motrices que apoyan la presidencia imperial cambiaron de los banqueros inversionistas de Wall Street al complejo de energía-petróleo y militar-industrial. Los conservadores partidarios de la economía de libre de mercado de la era imperial de Clinton fueron sustituidos por un gabinete dominado por ideólogos militaristas de ultraderecha. La construcción imperial por medio de los ’integrantes económicos’ del Estado imperial fue sustituida por los ideólogos de la guerra permanente, conquistas militares y promotores-colonialistas (eufemísticamente construcción imperial)”.
Desde una mirada cronológica hay unos antecedentes para la nueva situación geopolítica en las dos últimas décadas que es necesario tener unos referentes: El antecedente más distante podría ser el Caracazo de 1989 en Venezuela, primera revuelta masiva contra un ajuste neoliberal, sangrientamente reprimida por el gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Otro, el levante indígena zapatista mexicano contra el TLC (Tratado de Libre Comercio) con EEUU y Canadá en enero de 1994. Pero, será la rebelión popular en Cochabamba, Bolivia, en 2000 contra la privatización del agua, la que ponga en evidencia de forma más clara de que ya se había alcanzado una nueva coyuntura, donde la presión popular era capaz de bloquear la aplicación del programa neoliberal. A esa cronología habría que poner igualmente los momentos, desde finales de la década pasada, en que movilizaciones populares echaron a presidentes neoliberales en Ecuador, Paraguay, Argentina y Bolivia y a través de su voto, buscaron alternativas, comenzando con las elecciones venezolanas de 1998, cuando Hugo Chávez fue electo presidente de Venezuela, en una serie que creció expresivamente en los últimos años con Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia y Ecuador.

Y en un contexto económico más amplio y mundial, América Latina se encuentra atrapada en la actual crisis capitalista por mucho tiempo ya que esta es más profunda y sistémica. Los analistas económicos de diversos centros de investigación no vislumbran salidas inmediatas de esta última crisis por lo que podemos deducir en esta superará en extensión temporal y espacial que a las anteriores del Siglo XX, como ya la podemos ver en Grecia, EE.UU, España.
2. El periodo de transición postneoliberalismo: Reforma y revolución.
Con el surgimiento de gobiernos nacionalistas en América Latina a finales del Siglo XX se abre un periodo de transformaciones geopolíticas regionales eufemísticamente denominado el giro de izquierda. En este nuevo escenario se mueven los diferentes actores sociales, políticos y económicos de América con apuestas diferentes en términos estratégicos y con matices claro- oscuros pero generándose una situación de pérdida de la hegemonía norteamericana y del capitalismo en beneficio del trabajo y las mayorías nacionales. En ese giro geopolítico regional se expresan con tres tendencias geopolíticas: La tradicional ligada al poder norteamericano (Bogotá, Lima, México, Chile), la antiimperialista o latinoamericanista (Venezuela, Bolivia, Ecuador) y una de centro (Brasil, Uruguay, Paraguay).
“La ofensiva de los movimientos sociales en América Latina ha cambiado esta par¬te del continente profundamente. Ya no existe una hegemonía neoliberal, salvo en las élites continentales y algunas fortalezas del conservadurismo (como Bogotá, Lima, México y Santiago de Chile). El nuevo imaginario rebelde, que se vive en sectores amplios de los pueblos americanos, ha dado a luz diversas luchas exitosas, que van desde la movilización contra la privatización del agua en Cochabamba (Bolivia) y el proyecto minero de Manhattan en Tambogrande (Perú), hasta la caída de presidentes autoritarios como Gonzalo Sánchez de Losada y Alberto Fujimori. Las movilizaciones han consolidado, además, la presencia de nuevos actores políticos que ya no son posibles de marginalizar o negar, como los indígenas en Ecuador y Bolivia, el Movimiento Sin Tierra en Brasil y el Movimiento de Solidaridad y Justicia Global a escala internacional. Además, el Foro Social Mundial representa una confluencia de diversos movimientos y luchas que no tie¬nen precedentes en función de su amplitud, apertura. Simultáneamente, las crisis ecológica, alimenta-ria, energética y financiera que el mundo atraviesa evidencian una crisis profunda del sistema capitalista-neoliberal. ” (Raphael Hoetmer).
En esta nueva etapa geopolítica se delinean situación de radicalización y profundización de procesos revolucionarios como por ejemplo en Venezuela en donde el presidente Hugo Chávez solicito en el 2007 a la Asamblea Nacional la aprobación de una Ley Habilitante "revolucionaria" que le permitiera sancionar "más rápido que un rayo", un conjunto de leyes de impacto económico y social. Advirtiendo que si las leyes del año 2001 "impactaron el esquema económico y social del país", las que redactarán "impactarán con una potencia mucho mayor la actual situación económica".

De otra parte la economía cubana entró en una nueva situación en afirmaciones del Ministro de economía José Luis Rodríguez “... cerró en el 2006 con un crecimiento de 12,5 por ciento, el mayor de América latina, pero reconoció deficiencias insostenibles en la productividad y que la crisis económica de los 90 aún no se ha superado. Ese incremento del Producto Interno Bruto constituye la cifra más elevada de nuestra historia revolucionaria y expresa una tendencia a la consolidación gradual de la economía que se viene observando desde el año 2004”.
Frente a estas nuevas condiciones geopolíticas el Imperio del Norte no logró readecuar sus estrategias por razones de su papel de gendarme mundial en otras latitudes del mundo. “El hecho de que los Estados Unidos estén empantanados en el Medio Oriente tiene consecuencias internacionales, en particular en Latino América. No es cuestión de subestimar la presión que "el imperio" siempre ejerce en un continente que sigue considerando su patio trasero. Pero es necesario subrayar el debilitamiento de su capacidad de intervención en el continente. A nivel militar, se le hace difícil intervenir en Irak, Afganistán y preparar intervenciones en América Latina. El Plan Colombia sigue ahí. También las bases militares en Paraguay. El apoyo a la derecha golpista o liberal-autoritaria siempre está presente. El ALCA ha fracasado pero se han concertado acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y una serie de países de Sur América. En pocas palabras, los Estados Unidos no ignoran a Sur América, pero indudablemente existe una nueva correlación de fuerzas entre el imperialismo norteamericano y una serie de países en América Latina incluyendo los más importantes, en particular dos grupos de países. El primer grupo consiste de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Aprovechándose de la fase de desarrollo económico y de la habilidad de los gobiernos en el poder –Lula en Brasil, Kirchner en Argentina, Tabaré Vázquez en Uruguay – para canalizar, controlar, integrar los movimientos de masas o, más precisamente, sectores enteros de las direcciones de esos movimientos de masas, en particular el liderato de Partido de los Trabajadores y de la CUT en Brasil y del peronismo político y sindical en Argentina (aún si Lula se sitúa a la derecha de Kirchner), las clases gobernantes de estos países han conquistado nuevos márgenes de maniobra para negociar e imponer ciertos objetivos económicos al imperialismo norteamericano. Están desarrollando, por su cuenta y a su manera, políticas neo-liberales, acompañándolas con una dimensión de "ayuda social", y con su inserción en el mercado mundial, en particular a través de sus políticas agro-exportadoras y sus relaciones específicas con el sistema financiero internacional.
El segundo grupo de países, que en la actualidad está desarrollando una nueva experiencia de ruptura con el imperialismo norteamericano, está encabezado por Venezuela, seguida de Bolivia y Ecuador, todos con el apoyo de Cuba. Todos estos países, cada uno con su especificidad, está tratando en la actualidad de aligerar el estrangulamiento de la deuda, de retomar la propiedad y el control de sus recursos naturales, de asegurar sus programas sociales de alimentación, salud y educación, de restaurar su soberanía ante las presiones norteamericanas y Europeas (especialmente españolas)”.(François Sabado).
Bajo estas premisas se han configurado institucionalidades regionales como el ALBA, UNASUR y el proyecto alterno a la O.E.A que ha resquebrajado el modelo de dominación norteamericana en el patio trasero.
En este contexto de redefiniciones geopolíticas los E.E.UU ha diseñado una estrategia política para América Latina para retomar la iniciativa a través del Gobierno Obama contando con la punta de lanza de los gobierno de Colombia, Lima, Chile, y ha enviado a su Secretaria Hillary Clinton de gira por Suramérica, envió tropas en Haití bajo pretexto de apoyo después del terremoto, el pasado 1º de Julio el Congreso de Costa Rica autorizó el ingreso a ese país de 46 buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos, 200 helicópteros y aviones de combate, y 7.000 marines, creó siete bases militares en Colombia y reactivó la IV Flota militar en la región.
3. Desafíos y perspectivas
La nueva situación que se vive en América Latina plantea desafíos, retos y perspectivas para que se profundicen los cambios y generen soluciones estructurales a favor de las mayorías sociales.
América Latina entró en un nuevo período político con grandes potencialidades emancipadoras, cuyos contornos y desarrollo aún están en construcción y disputa. Las dificultades son inmensas pero se trata de una oportunidad histórica única para conquistar nuestra segunda y verdadera independencia. En ese contexto, la cuestión de la integración regional es clave para definir el rumbo político que tomará la región como el ALBA, UNASUR y el proyecto alterno a la O.E.A. No estamos en un período de reactivación del movimiento de masas ni mucho menos de las ideas revolucionarias; estamos en un estado de prácticas de resistencia popular, de acumulación de fuerzas, de lucha con un enemigo aún muy poderoso, a nivel interno e internacionalmente.
Ahora bien, que haya cuestionamiento y oposición al neoliberalismo no quiere decir aún que otro proyecto ya esté claramente en marcha. Lo que significa es que ese programa se agotó porque no ofrece más perspectivas de gobernabilidad (al menos en un marco democrático), que está abierta la temporada de formulación, construcción y aplicación de alternativas. Por otro lado, no hay un programa alternativo ya listo y válido para todos los casos. Por último, el desenlace de la coyuntura dependerá de la constitución de voluntades políticas capaces de impulsar a cada país y a la región hacia un proyecto de superación del neoliberalismo; y serán “capaces” si construyen mayorías políticas (por ello, el tema clave es el de la “hegemonía” en los procesos nacionales).
Por ello, necesitamos aprovechar todos los espacios colectivos y de unidad popular, en nuestros países y a nivel continental, como son las redes, las cumbres sociales, los Foros Sociales Mundiales, el Foro de Sao Paulo y la propuesta de la V Internacional como coordinación política estratégica de partidos de izquierda para ampliar el debate, reflexionar, intercambiar y encontrar colectivamente las verdaderas salidas que puedan conducirnos a vencer los intereses del capital local e internacional. También exigir en las agendas de gobierno que se reclaman antiimperialista y latinoamericanistas las soluciones sociales estructurales no resueltas por las elites políticas tradicionales. Mientras no encontremos las formas de superar los desafíos descritos seguiremos todavía, por mucho tiempo, en un periodo de resistencia y de acumulación de fuerzas.
Camilo Ruiz A.