PONENCIA SEMINARIO REGIONAL PDA

Una breve mirada de la coyuntura política nacional

La coyuntura política nacional está marcada por la posesión de J. M. Santos como Presidente de la República y el inicio de un nuevo Gobierno. Hacer una caracterización acertada del significado de este hecho político es indispensable e inaplazable para que el PDA pueda orientarse y conducirse en el próximo período, definiendo para ello una acertada estrategia y táctica de acción políticas.

La elección de J. M. Santos como Presidente de la República se da en un contexto de deterioro progresivo de la situación política interna del país provocado por la ofensiva militar contra las guerrillas, la violación de los derechos humanos, la crisis institucional del Estado y la impunidad de los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos por los paramilitares, todo lo cual produjo el desprestigio de la política de seguridad democrática y contribuyó a agravar la crisis social generada por la aplicación despiadada de las políticas económicas neoliberales. El inicio del nuevo Gobierno vino a coincidir igualmente con las reticencias del Congreso de los EEUU y el Parlamento Europeo a ratificar los Tratados de Libre Comercio negociados con Colombia, así como con la ruptura de relaciones con los Gobiernos de Venezuela y Ecuador, indicativo todo ello de que Colombia está lejos aún de haber saneado su situación interna y creado las condiciones sociopolíticas favorables y seguras para la inversión y los negocios con el capital internacional y con otras naciones.

Entre nosotros no debe existir dudas de que el Gobierno de Santos está comprometido con el propósito de conservar el modelo neoliberal como patrón de acumulación y reproducción interna del capital, así como también en lograr su pronta articulación con el capital y los mercados internacionales. Pero, tras el relativo fracaso de Alvaro Uribe en la creación de las condiciones internas para lograr esto último, Santos enfrenta el desafío de tener que volver a consensuar las condiciones de orden socio político internas que le permitan lograr tal propósito, ensayando procedimientos, énfasis y estilos diferentes a los seguidos por su antecesor.

Es en función de tal cometido que el Presidente ha llamado a la conformación de un Gobierno de Unidad Nacional, que será no simplemente un instrumento de gobernabilidad, sino además y sobre todo, la expresión de un acuerdo político fundamental sobre las readecuaciones institucionales del Estado y el régimen político, así como de la situación socio-económica de amplios sectores de la sociedad indispensables para asegurar un clima favorable para la prosperidad de los negocios.

En la conformación del Gobierno de Unidad Nacional, Santos ha logrado comprometer al conjunto de las fuerzas políticas del país, con la excepción del PDA. Su proyecto ha recibido el apoyo de los gremios empresariales, de las iglesias y los medios de comunicación. La vinculación como formula vicepresidencial de un ex sindicalista y ex dirigente de izquierda le ha permitido al nuevo Presidente de la República cooptar incluso el apoyo de una franja del sindicalismo y enviar un mensaje tranquilizador a los Gobiernos de Europa y Norteamérica.

J. M Santos ha anunciado además que su Gobierno será el de la Prosperidad Democrática. Con tal anuncio el Presidente ha querido poner de manifiesto no sólo el propósito de rescatar la credibilidad ciudadana en las instituciones centrales del Estado, sino también la necesidad que tiene el establecimiento de tender puentes e implementar políticas tendientes a reintegrar al sistema social a diferentes sectores de la sociedad que han sido marginados y excluidos por efectos de la guerra y la aplicación de las políticas económicas neoliberales de los últimos gobiernos. El tono incluyente y conciliador empleado por el Presidente en su discurso de posesión, así como el anuncio de un conjunto de propósitos en materia de política social denotan un cambio sustancial en las prioridades de la agenda gubernamental. Santos ha manifestado que la política de seguridad democrática y la ofensiva militar contra las guerrillas tendrá continuidad durante su Gobierno, pero no será su prioridad. En su lugar, estarán las iniciativas tendientes a hacerle frente a la profunda crisis social que vive el país. El propósito evidente es evitar que ésta transite a eventuales situaciones de conflictividad político social que pongan en riesgo al sistema o altere el clima de los negocios.

No de otra manera podrá entenderse el pronunciamiento casi que clamoroso del Presidente Santos en el sentido de que su Gobierno será respetuoso tanto de la ley como de la Constitución, y que como consecuencia de ello asume el compromiso del respeto de los derechos humanos y la observancia del principio republicano de la separación e independencia de los poderes públicos. O su compromiso con los pobres, a quienes prometió solemnemente no defraudar durante su Gobierno, ofreciéndoles la creación de tres millones de empleo formal con salarios y prestaciones sociales dignas, así como la implementación de ambiciosos planes de vivienda, acceso a la salud para todas las familias y educación de calidad para los jóvenes. O lo anunciado respecto a los desplazados y víctimas de la violencia, a quienes el Presidente ha manifestado su disposición a trazar una política encaminada a lograr el retorno de estos campesinos a sus lugares de origen, restituyéndoles sus propiedades y facilitándoles crédito y asistencia técnica, acogiendo el sentido de una propuesta de campaña lanzada por el candidato presidencial del Polo. Así como la política indemnizatoria o de reparación para los familiares de las víctimas del conflicto, incorporando en esta materia una iniciativa del liberalismo oficialista.

En este contexto, el anuncio más inquietante del Presidente viene a ser, no obstante, su decisión de darle continuidad a la política de seguridad democrática, en el sentido de mantener la ofensiva militar contra los alzados en armas, sin descartar la posibilidad de una negociación con los mismos, siempre y cuando éstos cumplan determinadas condiciones. En relación con esto, Santos enfrenta el reto de darle continuidad a la guerra contra los alzados en armas sin que tal decisión conlleve irrespeto alguno de la soberanía de otras naciones, ni violación de los derechos humanos, ni persecución de los defensores de los mismos, como tampoco la estigmatización y victimización de la oposición de izquierda y de los sindicalistas.

Sin duda alguna, la brutal ofensiva militar del Gobierno de Uribe contra las guerrillas logró asestarle golpes certeros a los alzados en armas, especialmente a las Farc, y que la política de seguridad democrática reportó mejoras relativas en materia de seguridad para algunos sectores de la sociedad. Tampoco podrá negarse que la correlación de fuerzas militares hoy en Colombia le es altamente favorable a las fuerzas armadas del Estado en el ya largo conflicto con las guerrillas, situación ésta que deja al Gobierno entrante en situación ventajosa para proseguir la guerra contra éstas o para imponerle condiciones en un eventual escenario de negociaciones con las mismas. El hecho cierto es que el anuncio del Gobierno, en los términos en que lo ha hecho, permite que el tema de la guerra y la paz con los alzados en armas cobre vigencia y se agite de nuevo.

Tal es la situación política del momento actual, con el agravante de que la correlación social y política de fuerzas continúa siendo altamente desfavorable para nosotros los de abajo y los de la oposición; pues, el Presidente de la República comienza con una gran popularidad entre la opinión pública nacional y las masas populares en su gran mayoría aún no está de nuestro lado.

El Polo y los desafíos de una política de Izquierda
Aún no se ha hecho el balance del PDA en relación con la pasada coyuntura electoral. Debería hacerse. Por ahora lo que conocemos son declaraciones respecto de acontecimientos que la propia coyuntura iba arrojando, y desde luego frente al nuevo gobierno del presidente Santos.

El balance debe hacerse, no sólo por lo que debe aprenderse de lo ya ocurrido, sino especialmente por lo que sigue. Si el balance electoral se hace en términos de resultados finales, es inevitable la amargura. Para un partido como el PDA, que ha convertido las elecciones en su principal estrategia de acción política, los resultados electorales fue un rotundo fracaso. En el 2010 no somos gobierno, como optimistamente se vaticinó luego de las elecciones de 2006. Incluso, retrocedimos en términos de votación obtenida. Con un costo político adicional muy alto: resquebrajamiento de la unidad política y pérdida notable de influencia política en sectores importantes de la ciudadanía, especialmente en Bogotá, epicentro político del país, y en sectores sociales organizados de los de abajo. La campaña electoral presidencial estuvo al borde del colapso. Un candidato errático en la primera fase, queriendo parecer de centro-derecha, progresivamente aislado del partido, finalmente enderezó el rumbo. Aunque hizo una muy buena campaña en la segunda fase, ya era demasiado tarde. En política, sobre todo en política electoral, tiempo y audacia casi siempre van de la mano. Se ganó en audacia pero se perdió demasiado tiempo. El Polo no quedó en las tablas, pero sí seriamente resquebrajado.

La votación que obtuvo en primera vuelta de las presidenciales, aunque no alcanzó para la segunda, fue digna. Fue esto lo que evitó en parte la desbandada que ya estaba en curso. Las declaraciones frente a la candidatura de Mockus ayudaron a levantar el perfil y afirmar la dignidad e identidad política. Más eficaz hubiera sido, sin embargo, si, en vez de avalar dos opciones frente a las presidenciales de segunda vuelta, hubiera optado por una de ellas, especialmente por el voto en blanco, sin duda más emblemático de ilustración política que la simple abstención electoral.

Pese a todo, es evidente que hay un espacio político de la izquierda, hay una izquierda en la opinión política en Colombia. Pero aún falta mucho para ampliarla y sobre todo para traducirla en fuerza política (electoral o no). De ahí que sea crucial para el Polo la coyuntura que se abre con la elección de Santos como presidente para 2010-2014. La declaración de oposición política frente a la convocatoria de un gobierno de unidad nacional planteado por Santos es un buen comienzo, lo mismo que la exigencia de un estatuto de la oposición. Pero no es suficiente. Para empezar, es necesario que todas las tendencias dentro del PDA la asuman y la desarrollen. Aquí empiezan de nuevo los escollos. Los mismos que nunca se pudieron superar exitosamente frente a las perversas acusaciones del gobierno de Uribe al Polo de ser bafle de las guerrillas.

Las declaraciones del excandidato presidencial y su postura de establecer acuerdos con el gobierno, aunque sea sobre materias tan sensibles como resarcir a las víctimas del paramilitarismo y el terrorismo de Estado y una política de tierras, es errática. Y pueden contribuir más a la confusión que a la claridad política. Ponen en riesgo la unidad del PDA y horada su postura de oposición. Hagamos memoria. A la Unión Patriótica la sacaron a punta de plomo del escenario político, a la AD-M19 a punta de discursos y señuelos de gobernabilidad. Al PDA después de 2006, lo diezmaron a punta de autoritarismo y macartización. Como es sabido, una de las funciones del poder ha sido siempre, no sólo organizar la dominación de los poderosos, sino desorganizar a los de abajo, con represión o con cooptación. En la coyuntura actual ninguna de las dos opciones está descartada. Pero mal haría el propio partido de los de abajo con facilitar la tarea. El riesgo de la “audacia política”, tal como se presenta la postura del excandidato presidencial, es que termine convirtiéndose en audaz estrategia de gobernabilidad. No de los de abajo sino de los poderosos. Esos que bastante bien representa el gobierno de Santos.

El afán de gobierno debería sustituirse en el Polo por el afán de politización. Politización de sus filas, por supuesto, pero especialmente de los de abajo. Pero para avanzar en esa dirección conviene que empiece a repensar desde ya su estrategia de acción política y de poder. Se requiere de una politización que irrigue los vastos y múltiples vasos comunicantes de las luchas de resistencia de los de abajo. Desde el parlamento, desde las campañas electorales, sin duda; pero sobre todo desde sus acciones concretas y cotidianas de resistencia, en el barrio, en la escuela, en la universidad, en la fábrica (las que aún quedan), en los convites, en las mingas, en todo espacio de multitudes y de pequeños encuentros. Tal vez así estaremos reconstruyendo una estrategia que va de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, y también una forma diferente de concebir y hacer la política. Pensar en las próximas elecciones, sin duda, pero más estratégicamente pensar en las luchas sociales por venir, que requieren ser politizadas. No estrategias de gobernabilidad sino de resistencia. Esta puede ser la vía para refundar la izquierda y el PDA como su producto más preciado hasta ahora.

En función de darle perfiles a esta estrategia de resistencia, el Polo debe comenzar afirmando su unidad en torno al siguiente postulado: lo que le confiere sentido al Gobierno de J. M. Santos es su decisión de crear un ambiento social, político e institucional favorable a la consolidación del modelo neoliberal como patrón de acumulación y reproducción interna del capital, y su articulación con el capital y los mercados internacionales a través de los TLC negociados por el gobierno anterior. Lo que equivale a decir que el nuevo Gobierno no es ni será un Gobierno reformista comprometido con grandes transformaciones socioeconómicas a favor de los asalariados y excluidos. En esto no debe haber dudas entre nosotros. En consecuencia, el PDA debe descartar cualquier posibilidad de participación o acuerdos políticos fundamentales con el nuevo Gobierno. Es probable que la mayoría de las iniciativas del Gobierno se tramiten por la vía del Congreso de la República. En esa corporación tenemos una representación minoritaria, así nuestros parlamentarios sean de calidad y entereza para el debate, el control político y la denuncia del régimen. Pero no podemos ser ingenuos de pensar que la sola actuación de ellos sea suficiente para detener la aprobación del plan gubernamental. Por lo tanto, es preciso y urgente que el Partido llama a todos sus militantes, simpatizantes y adherentes a preparar y organizar la fuerza de los de abajo, adoptando para ello una directriz que le permita al Polo vincularse al trabajo de reorganización y unificación de los diferentes movimientos sociales para la defensa de sus propios intereses. Sólo ese trabajo combinado de la acción parlamentaria y la organización de la lucha de resistencia extra institucional podrán permitirnos desenmascarar el alcance demagógico y epidérmico del compromiso del Presidente con los pobres y los desplazados. Sólo ese trabajo, acompañado de una enorme labor de propaganda y agitación, nos permitirá ganar para nuestro lado y nuestra causa a la gran mayoría de los pobres y excluidos.

Actuar en la dirección indicada exige del Polo un acelerado proceso de reorganización interna, que conlleve el restablecimiento de su unidad de mando, unidad de la dirección y unidad en la acción. Pero exige igualmente, una acertada identificación del centro de gravedad del conflicto social y político del país en esta coyuntura, para con base en ello establecer las consignas políticas que logren convocar y movilizar la resistencia de los de abajo.

El polo en la ciudad y la región

Articulado a la situación política nacional, el tema de la ciudad y la región adquiere especial importancia ahora que el Gobierno ha anunciado su decisión de presentar ante el Congreso un proyecto de ley de ordenamiento territorial.

Las decisiones de los gobiernos de diferentes países han sido elaboradas a nivel mundial, latinoamericano y en Colombia en contextos geopolíticos y desde diferentes enfoques en las últimas décadas del Siglo XX y Siglo XXI.
Desde las experiencias territoriales y de ciudad a nivel mundial están las de Italia (Distritos industriales), España (País Vasco y Cataluña), Estados Unidos (Valle Silicón en California y la Ruta 128 en Boston) y en América Latina (Triangulo ABC en Sao Paulo), México, Chile y en Colombia (Bogotá-Cundinamarca y Antioquia, Valle de Aburra y Medellín). Estas experiencias han permitido construir un acumulado de leyes, diseños teóricos y enfoques para las políticas públicas territoriales definidas por los gobiernos de cada país, ciudad o región.

En el caso colombiano la Descentralización a partir de la reforma de 1968, posteriormente la Elección Popular de Alcaldes y Gobernadores habían dado los sustentos políticos para los primeros pasos del tema territorial, pero es con la Constitución del 91 en el artículo 1 que habla de un país descentralizado con autonomía regional; el Artículo 319 que posibilitó crear las Áreas Metropolitanas; y el Artículo 321 que posibilita crear Provincias como nuevos avances del tema de región y ciudades. Estos artículos son la base constitucional para definir las entidades y las normas, sin embargo a la fecha aún no se expedido la ley de Ordenamiento Territorial que facilite a las ciudades y departamentos avanzar en el tema de las políticas territoriales. No obstante en Medellín se ha definido el Plan de Ordenamiento Territorial como política pública para asuntos del suelo, lo urbano, y la participación comunitaria en el Presupuesto Participativo. Y a nivel de Antioquia, Valle de Aburra y Medellín se elaboro unos Lineamientos para una política de integración regional, nacional e internacional y la creación de la Comisión Tripartita (2008).
Los enfoques que han orientados las políticas de territorio han sido diversos desde el tradicional endógeno hasta el de ciudad región o redes, o el de Región de ciudades, o redes territoriales, o Sistemas urbanos integrados y en red, y el de Competitividad sistémica.

Para que las decisiones del POLO den respuestas a las necesidades urgentes de los pobladores de las ciudades y regiones pasa por definir una agenda de trabajo que incorpore los temas de las violencias urbanas y territoriales desde una solución social - no militar como se insiste después de los fracasos de la Ley de Justicia y Reparación- que en el caso de Medellín y Valle de Aburra dan cuenta de la crisis del conflicto paramilitar-mafioso.

De igual manera es necesario responder a los avances de los megaproyectos hidroeléctricos desde las cúpulas tecnocráticas y políticas regionales (Gobernación- Alcaldía de Medellín) como la construcción de la hidroeléctrica Ituango, organizando la resistencia social como hoy lo están realizando los pobladores del Quimbo en el Huila frente al proyecto de la empresa EMGESA.

Otro tema que debemos responder como partido en Medellín es redefinir el Presupuesto de la ciudad mas allá de la política oficial de la Participación ciudadana que no logra resolver las necesidades sociales populares en tanto se avanza en el proyecto Ciudad de servicios y turismo agenciada por las elites locales y los gobiernos de las dos últimas décadas.

Con el propósito de definir políticas regionales y de ciudad como partido debemos:

-Constituir una Mesa de trabajo de Ciudad y Región para elaborar Lineamientos alternativos a las implementadas por los Gobiernos Departamental, Valle de Aburra y Medellín.

-Participar con Diputado, Concejales, Ediles y Lideres del Partido en los Zonales preparatorios de Medellín y en el Congreso de Ciudad y Región convocado por la Gobernación, Área Metropolitana y Medellín para el próximo 4 y 5 de Octubre en Plaza Mayor.

-Convocar a un Foro Regional Alternativo de Ciudad y Región con invitados académicos, líderes sociales, sindicales y dirigentes del partido Departamental y Municipales.

Como prepararnos para la nueva vida política del PDA
Asumir un nuevo rol político principalmente desde la coordinación regional haciendo un depuramiento ético y político de sus integrantes
Desarrollar un debate desde la instancia de dirección con la militancia sobre el proyecto de región y ciudad incluyente.
Fortalecer las finanzas desde las contribuciones de los militantes abriendo una cuenta de ahorro en una entidad financiera cooperativa como Confiar u otra.
Articular los concejales, Ediles y diputados con las Coordinaciones para definir ejes políticos de intervención en la Asamblea Departamental y los Consejos.
Establecer agendas de discusión sobre temas centrales y de actualidad regional y local para la participación democrática de los militantes y como pedagogía política.

CIRCULOS SOCIALISTAS DE ANTIOQUIA

Medellín, agosto 28 de 2010.