LA REELECCION DE JUAN MANUEL SANTOS, UN PLEBISCITO BONAPARTISTA

LA REELECCION DE JUAN MANUEL SANTOS, UN PLEBISCITO BONAPARTISTA Por: Marino Canizales P. (Este documento fue presentado a la reunión nacional de Redes Socialistas realizada en Bogotá el pasado 26 de Julio del año en curso.) El pasado 15 de junio Juan Manuel Santos logró su reelección como Presidente de la República, con un 50.14% del total de la votación. Su contendor, Oscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático, logró un 45.01%. El voto en blanco, notable por su exiguo resultado, solo obtuvo un 4%, equivalente a 619.000 votos. La sumatoria de tales guarismos electorales tuvo a su vez, como telón de fondo, una abstención global del 52.14%. A pesar de haber logrado el Presidente su reelección, fue el uribato con sus métodos y prácticas el que impuso su impronta durante el desarrollo de tal campaña electoral, lo que no quiere decir que el gobierno y su coalición de partidos no hubiesen recurrido a la compra de votos, al clientelismo y a la corrupción para los mismos fines. Esto quedo en evidencia tanto en las elecciones para la conformación del Congreso de la República, el 9 de marzo, como en las dos vueltas para elegir presidente de la República. Fue esta una campaña electoral lumpen, atravesada por poderes mafiosos y escándalos de espionaje, donde aparecieron involucrados delincuentes informáticos en alianzas con miembros de la fuerza pública y de la inteligencia del Estado al servicio de cúpulas y poderes electorales con intereses en una u otra de las candidaturas en juego, con un manejo oblicuo por parte del gobierno para minimizar el escándalo. Fue igualmente una campaña marcada por las denuncias y acusaciones de presencia de figuras y dineros del narcotráfico en la campaña del presidente – candidato, formuladas por el senador electo y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. Fue, en síntesis, un proceso electoral reducido a una grotesca competencia entre empresas electorales y grupos económicos de los diferentes partidos y candidatos, donde los medios de comunicación coparon los espacios de la política, banalizando la importancia de las ideas y debates, y ofreciendo en su lugar singulares mercancías carentes de significado y elaboradas para ser desechadas al día siguiente de conocidos los resultados. Algunas de las izquierdas que participaron en esa caricatura del proceso electoral, el Partido Comunista, la Unión Patriótica y el Polo Democrático, entre otros, lo hicieron sin identidad propia y con pobres resultados, en alianzas con grupos e individualidades que solo buscaban beneficios del establecimiento y el régimen, como fue el caso de Gustavo Petro y los Progresistas, y ese remedo de partido, Alianza Verde, lo que provocó una mayor confusión y división entre sus militantes y bases sociales, debilitando aún más incipientes procesos de unidad que se venían gestando de tiempo atrás.. En medio de ese amasijo de pactos y confusiones, el PDA consiguió ocho congresistas, tres en la Cámara de Representantes, y cinco en el Senado, salvando así su personería jurídica, sin que esto impida que termine convirtiéndose en una oposición de izquierda desleída y sin coherencia política a causa de su fragmentación y profunda despolitización. Junto a esta oposición que buscará alianzas y combinaciones políticas con algunas individualidades que fungen de independientes, hizo irrupción, por vía electoral, el movimiento político denominado Centro Democrático, hoy convertido en partido político, expresión de un uribato ruidoso y vociferante con diecinueve Senadores y doce representantes a la Cámara. Si bien no logró una bancada fuerte como presagiaban algunos, tales resultados le permitirán moverse dentro y fuera del Congreso de la República como una oposición de derecha políticamente organizada y coherente, dirigida y controlada por su fundador y caudillo, Álvaro Uribe Vélez. Mención aparte merece la Alianza PDA–UP como fórmula electoral en torno a Clara López, como candidata a la presidencia de la República, y Aida Abella, como candidata a la Vicepresidencia, la cual logró en la primera vuelta un 15.23%, equivalente a 1.958 votos. Alcanzando a su vez en Bogotá un segundo lugar en los resultados electorales, con 501.000 votos, convirtiéndose, ante la falta de iniciativa de otras fuerzas democráticas y de izquierda, en la gran beneficiaria de ese sainete provocado por la arbitraria destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá por parte del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez. Poco la afectó el haber sido la Secretaria de Gobierno del alcalde Samuel Moreno Rojas, y luego alcaldesa en su reemplazo durante los últimos seis meses de su mandato. No sufrió el esperado desgaste a pesar de que tanto ella como su partido el Polo Democrático no establecieron ninguna distancia con la mencionada administración distrital, y a pesar también de haber realizado una mediocre campaña para la presidencia, resultados que luego festinó al comprometerse pública y abiertamente con la reelección de Juan Manuel Santos en la segunda vuelta electoral. Una pugna interburguesa Ahora bien, el proceso electoral en mención, el cual abarcó casi todo el primer semestre del año en curso, no solo se caracterizó por los hechos y escándalos antes descritos, sino también por la presencia de varios equívocos y confusiones en la manera de apreciar y calificar las tensiones y conflictos entre los candidatos y partidos enfrentados por el favor de los electores, en el marco de una sociedad despolitizada y profundamente polarizada por los odios en juego. Ante lo ocurrido al final de la primera vuelta, donde el candidato del centro Democrático Oscar Iván Zuluaga superó en votos al candidato presidente, se volvió moneda corriente aquello de que Juan Manuel Santos, por ser un “mal comunicador,” estaba a punto perder la presidencia en la segunda vuelta. Y es a partir de esta vulgar caricatura como fue convertido en “el gran comunicador de la paz”, minimizando así el carácter reaccionario tanto de su gobierno como de su personalidad política. Al respecto se olvida, o se deja de lado, que Juan Manuel Santos fue también “victima” del contexto uribista que viene atravesando con un hilo rojo la política nacional durante los últimos diez o doce años, así haya ganado la reelección. Álvaro Uribe Vélez y su Centro Democrático tienen bien presente que el hoy presidente reelecto fue parte activa y central de dicho contexto. De los cinco candidatos en la primera vuelta, solo la formula Clara López- Aida Abella estaba por fuera de esa tenaza electoral y mediática. Desde el tecnócrata Enrique Peñaloza hasta Juan Manuel Santos, todos han tenido relación, así sea de diferente forma con dicho expresidente. Se olvida también que tres de ellos fueron sus Ministros de Estado, y que el primero, exalcalde de Bogotá, “babea” por él. Sin embargo, el gran damnificado hasta la primera vuelta fue Juan Manuel Santos, dada su condición de candidato presidente. No solo tenía abiertos demasiado frentes, casi todos manejados erráticamente, incluido el de la paz, sino que igualmente cayó en la trampa tendida por Uribe y su pandilla de no discutir política ni la política, colocándose a la defensiva, pero en actitud arrogante. Gana la reelección cuando decide ubicarse en otro escenario, haciéndole el quite a las sindicaciones y denuncias de corrupción hechas por Uribe contra su campaña, tomando la iniciativa en lo tocante al tema de la paz y al desarrollo de los diálogos en la Habana, así esta iniciativa haya tenido de principio a fin un manejo de cúpulas y clientelas tanto a nivel regional como nacional. Sin embargo, en modo alguno rompió la concepción de la política como confrontación amigo-enemigo que tanto él como Álvaro Uribe practicaron durante su largo gobierno, y dentro del cual J. M. Santos se desempeñó como Ministro de Defensa del año 2006 al 2009. Mienten quienes dicen que Juan Manuel Santos es bien distinto a Álvaro Uribe Vélez; también mienten quienes afirman que son iguales, como lo reitera en forma simplista y ramplona el senador Jorge Robledo. Este sofisma, como todo sofisma, es tramposo. Son dos expresiones de la derecha en una pugna interburguesa por control de la dirección del Estado, cada una con rasgos propios y una identidad política que define y marca las ejecutorias que realiza y los hechos políticos que genera. Lo mismo puede predicarse de sus métodos de hacer la política. Los acerca su postura ante la lucha de clases y las demandas de los de abajo; sin embargo, su personalidad afecta de distinta manera el desenlace de esa lucha de clases y el manejo de los asuntos del Estado. Además, lo anterior está articulado a una mentalidad conservadora dentro del conjunto sociedad colombiana, promovida y alimentada por unos medios de comunicación de sesgo uribista que la expresan, todo ello combinado, de un lado, con una feroz campaña de descrédito contra el gobierno de Venezuela y el chavismo, cuyos rasgos imputan al gobierno de J.M. Santos, lo que explica en cierta forma sus resultado adversos en la primera vuelta, y del otro, con un rechazo a las Farc y lo que estas significan por haber practicado el terror y el secuestro contra sectores de la población civil, remarcando hasta la saciedad aquello de que era esa una guerrilla “bandolerizada” producto de un conflicto armado degradado. Si bien es cierto que esta guerrilla se ha vuelto a repolitizar y a reconfigurar de una forma bastante notable, esos hechos y los imaginarios que se le asocian, siguen teniendo eficacia en su contra, lo que también explica en parte el triunfo de Oscar Iván Zuluaga en catorce departamentos, entre los que se encuentran Meta, Huila, Caquetá, Guaviare y Boyacá, y parte del llamado eje cafetero, de gran significación dentro de conflicto interno.. A Juan Manuel Santos se le puede abonar, con notables reservas claro está, su política de paz tendiente a propiciar una salida política negociada al conflicto armado interno, pero esto no lo convierte en demócrata, así haya logrado un importante respaldo para dicha política tanto dentro como fuera del país. La “bacanal de entusiasmos liberales” que rodeó su nombre hacia la segunda vuelta por la presidencia, no puede hacer olvidar por un solo momento que los diálogos por la paz en la Habana y todo el conjunto de procesos y decisiones que los configuran, son una conquista democrática del movimiento de la víctimas de la violencia y de los defensores y promotores de los Derechos Humanos. Lo importante en J.M. Santos está en que comprendió la urgencia y el carácter inaplazable de tal reivindicación. Sin embargo, lo anterior no le impide mantener, al mismo tiempo, a un Ministro de Defensa militarista y brabucón dándole contentillo a la galería de la alta oficialidad, activa y jubilada, muchos de cuyos miembros guardan estrechos lazos con la derecha armada y desarmada, tanto dentro como fuera del establecimiento, a la vez que cumple con los dictados del Dpto. Estado de gobierno norteamericano en materia de seguridad. Como tampoco le impide respaldar sus iniciativas ante el congreso de la República que buscan fortalecer en términos constitucionales y legales el fuero militar y la justicia penal militar. Ante la tragedia humanitaria que se vive en Buenaventura, la respuesta de su gobierno a través de dicho ministro fue decretar y llevar a cabo la ocupación militar de la ciudad, haciéndole esguinces a la alta tasa de desplazamientos y desapariciones forzadas, denunciadas por el obispo de la ciudad y los defensores de los derechos humanos. Los casos de barbarie, cada vez más frecuentes en las llamadas “casas de pique” o de descuartizamiento de varios de sus habitantes por parte del crimen organizado y bandas paramilitares, fueron negados en forma cínica por ese, su ministro-sargento, ante el Congreso de la República y frente los medios de comunicación. Hecho siniestro y de ocurrencia continuada, confirmado por Human Wrigths Watch en la persona de su director, José Miguel Vivanco, después de una visita realizada a finales del pasado mes de Mayo. Sin embargo, el señor Presidente no lo desautorizó, y en el entre tanto, la barbarie continúa causando estragos, mientras la oligarquía valluna, dueña de la sociedad portuaria, mantiene el giro de sus negocios sin contratiempos ni sobresaltos. En el campo económico, su política es igualmente reaccionaria y errática, cerrando los ojos ante los desastres que vienen causando los TLCs. El frente empresarial presenta fisuras que amenazan la estabilidad de sus negocios. Su modelo de crecimiento no genera empleo y la industria continúa en franco declive ante la embriaguez importadora promovida por los especuladores, bajo la hegemonía del capital financiero nacional y transnacional. El cierre de empresas no es un chiste. Ante los paros agrarios y las demandas de los pobres del campo, su respuesta ha sido la mano dura combinada con pactos y acuerdos que luego son incumplidos. La incoherencia de J.M. Santos en lo relativo a la cuestión agraria, cuya complejidad y realidad ha intentado desconocer, lo lleva a escamotear su relación con el asunto de la paz y la solución del conflicto armado interno. Ante el reclamo de una reforma agraria por parte de los campesinos pobres, su respuesta fue nombrar como Ministro de Agricultura al ex - gerente de Indupalma, Rubén Darío Lizarralde, factótum de los terratenientes. A la justa demanda de reconocer y constituir Zonas de Reserva Campesina para recuperar el tejido social de la economía campesina, destruido por la violencia paramilitar y terrateniente, su salida fue la de dictar un decreto legalizando la apropiación por terratenientes y agro empresarios de gran parte terrenos baldíos en la zona de altillanura. Y, como si lo anterior no fuese suficiente se comprometió pomposamente con el pacto conocido como “Alianza Pacífico” que lo llevó a entrar en conflicto con sectores del empresariado ante la inminente pérdida de parte del mercado interno, pues su entrada en vigencia permitirá burlar por la puerta de atrás gran parte de las salvaguardias contenidas en los TlCs ya firmados. Su política minero-energética, de continuar el ritmo que lleva y mantener la complacencia ante las multinacionales extractivistas, y la inacción ante una minería de base criminal, amenaza con convertir el territorio nacional en un gran erial, producto de la destrucción de grandes ecosistemas y daños ambientales. Por ultimo está su fracaso ante dos reformas que reclaman con urgencia ser realizadas: la reforma a la salud y la reforma a la justicia. A todo lo anterior se suma un partido de coalición que acompaña al gobierno en el Congreso de la República, atravesado por escándalos y de mediocres ejecutorias, que hacen ver a este último más como una “escombrera” que como un lugar donde se debaten los asuntos de la política nacional. Una vez más, es la imagen de un Presidente de la República lidiando con muchos frentes y con mediocres ejecutorias. Quienes lo miran como demócrata y reformista en el marco de las confusiones antes mencionadas, tienen una torpe mirada cuando del tema de la corrupción se trata, dando como cierto otro sofisma que consiste en afirmar, como se viene haciendo reiteradamente, que la gran corrupción que azota al país y carcome las estructuras e instituciones del Estado hay que verla y reducirla al ámbito de la Rama Judicial. Soslayan en forma funesta el que la verdadera y gran corrupción está empotrada y se reproduce en forma eficaz y gigantesca en varios de los ministerios y agencias de la administración central, regional y local, como son, Hacienda, Planeación y la Dian, y también los ministerios del Medio Ambiente, Minas y Obras Públicas, para solo nombrar algunos. En relación con todo lo anterior, decir que el asco influyó en el elevado guarismo de la abstención, no es más que una verdad a medias, ya que el asco en abstracto no es una categoría política. Al respecto, sería un craso error desdeñar el rechazo de los trabajadores y sectores populares de la ciudad y el campo a las políticas neoliberales del gobierno, quienes se movilizaron en dos sendos paros agrarios entre septiembre y agosto del 2013, y abril y mayo del año en curso, y cuyas reivindicaciones fueron escamoteadas con acuerdos que luego no se cumplieron, quedando en el camino varios luchadores asesinados y decenas heridos por las fuerzas del Estado. Una mirada blanca sobre tal realidad impide concluir que lo no visto y valorado políticamente, tuvo una incidencia notable en las altas cifras de la abstención, y, en particular, en los resultados negativos de la primera vuelta para la candidatura de J.M. Santos. Además hay que decir que si no votó cerca de un 60% de la población apta para hacerlo en la primera vuelta, dentro, de ese 40% que depositó su voto, casi un 30% no sintió tal asco. Tampoco votó cerca de un 52% en la segunda vuelta; sin embargo el uribismo con Oscar Iván Zuluaga logra un 45% de los votos depositados, y J. M. Santos como ya se dijo, obtiene un 50.14%. Ante tales datos, imposible negar igualmente la eficacia del macartismo, la simpatía por la guerra, la intolerancia, y la compra de votos. Son contenidos y simbologías que operaron articulados a la manipulación mediática ya mencionada, en la cual el uribismo demostró ser muy hábil, recurriendo a lo peor del ser humano. A lo expresado antes hay que agregar que tales realidades aparecen con fuerza en el marco de una profunda depresión del espíritu público y de una aguda despolitización de la opinión pública. Solo así es posible entender lo relativo al asco que pudieron sentir millones de colombianos, conjugado con la indiferencia ante los asuntos públicos que orientan y tramitan quienes detentan el poder del Estado, y ligado al desprecio hacia una clase política que ha hecho de los asuntos públicos un jugoso botín, y de la corrupción una magna empresa de enriquecimiento ilícito. ¡Ahí viene el lobo! Ante la inminencia de una posible derrota electoral de Juan Manuel Santos en la segunda vuelta, conocidos y desconocidos del mundo de la cultura, y de algunos centros académicos, y, lo que es más preocupante, del mundo de las izquierdas, con sensibles excepciones, y del ámbito de los sindicatos (la CUT y la CGT), y del amorfo mundo de la intelectualidad, anunciaron y dieron su respaldo a su reelección, sin ningún reato. La razón principal de este equívoco, además de las descritas antes, hay que buscarla en el uso del trapo siniestro del fascismo y de la guerra, que, de salir ganancioso, según aquellos, atraparía gran parte del Estado Colombiano y de su tejido social. Se entronizaría así el reinado de la barbarie y el terror como arma política por excelencia. La Unión Patriótica, el Partido Comunista, Marcha Patriótica, la Presidente del Polo, Clara López, y sectores del PDA, Piedad Córdoba………todos, o, mejor, casi todos, menos una de las partes más interesadas en los resultados de ese domingo 15 de junio, las Farc, --- quienes llamaron a votar en blanco en la segunda vuelta, coincidiendo con el senador Jorge Robledo, quien en forma oportunista llamó a votar en blanco ---, gritaron alarmados ¡ ahí viene el lobo !. Pero, ¿dónde está el quid del asunto?. Tales señores y señoras, lo mismo que esas organizaciones sociales y políticas convirtieron la incoherencia y la confusión en norma política. Su línea de acción dejó de lado que la Colombiana, es una sociedad de clases, gobernada por un régimen político; que el poder dentro de dicho régimen lo detenta y ejerce el presidente de la República, que dicha presidencia es fuerte y presenta un marcado acento bonapartista, que arbitra y controla los conflictos entre las clases con marcados rasgos autoritarios, combinados muchas veces con otros de carácter legal y a veces democrático. Ambos contendores, Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga, representaban ante el conjunto de la sociedad colombiana una opción bonapartista de carácter reaccionario. Una de las diferencias entre uno y otro, estriba en que Juan Manuel Santos y quienes lo respaldaron para la segunda vuelta apelaron a un plebiscito por la paz, convirtiéndola en su principal bandera política, pero sin afectar o modificar su modelo de acumulación capitalista en el conjunto de la economía nacional, y menos cambiar los lineamientos e instituciones que sustentan su régimen político. Sin dejar de lado que el presidente candidato utilizará dicho plebiscito, de lograrse el acuerdo en la Habana, para rechazar la idea de una Asamblea Constituyente, e imponer su punto de vista de un referendo definido por arriba, excluyendo cualquier discusión y debate público sobre su contenido. El contexto de lo que será el llamado posconflicto, si se logra el acuerdo político, podrá ser o no una caldera del diablo, y todo depende del desarrollo de la lucha de clases, y de que el gobierno nacional desactive los elementos y prácticas de terror que siguen agitando y deformando importantes sectores del tejido social. La paz no es una abstracción, y tampoco se puede reducir a una escueta norma constitucional. Es y debe ser el resultado de una positiva relación de fuerzas entre las clases sociales, donde el punto de vista democrático sea dominante y fuente de mejores conflictos, y donde la violencia y el terror como armas políticas pierdan su eficacia y significado. Tal fue la expectativa que generó Juan Manuel Santos. Al final salió airoso e impuso su reelección, pero con un gran costo moral y político para quienes luchan contra sus políticas de gobierno, afectando negativamente la poca unidad de las izquierdas que se venía gestando con antelación. El estilo de gobierno que muchos esperan de J. M. Santos, una vez conseguida su reelección, podrá ser afinado aún más, dejando atrás la imagen de un Estado paria dentro de la comunidad internacional, con buenas relaciones con los gobiernos vecinos. Es posible que sean vistas nuevas caras en la administración central del Estado en pago al apoyo recibido, y que la simpatía mediática por el régimen aumente. Pero, por ningún lado estaremos ante una genuina democracia constitucional, donde los pobres y los débiles tengan un mejor lugar. La plutocracia comandada por Juan Manuel Santos seguirá gobernando sin ningún miramiento con los oprimidos y los explotados. Y, ¿Oscar Iván Zuluaga que seguirá representando? ¿Será el fascismo en cuerpo y alma como predican algunos espíritus calientes y despistados? ¿Estaremos de nuevo ante un paramilitarismo hirsuto? ¿Veremos a los voceros y figuras del crimen organizado sentando sus reales dentro de las instituciones del Estado? Se piensa que no, ya que el asunto es mucho más complejo. La metáfora del “títere”, o mejor del “candidato títere” también es engañosa y confunde, así haya tenido cierta eficacia mediática. Diferente es que carezca de nervio político; y de la sagacidad y cinismo de su amigo y promotor Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, la condición humana es impredecible en sus posibilidades y manifestaciones. Tales individualidades, una vez ganan poder, se autonomizan, y las influencias de terceros no se pierden, así el personaje sea mediocre, lo que puede llevar a hacer valer su impronta. Será la lucha de clases la que finalmente determine su nivel de miseria humana y el carácter de sus decisiones. Pero el clima moral y político del país, así como las relaciones entre las clases y la dinámica de los procesos económicos, no están ni son propicias para un régimen fascista o para una dictadura militar. La derecha opositora afirma, sin medirse en ello, que J. M. santos representa el castro-chavismo, y que de ser reelegido, sería un símil de Nicolás Maduro. Este factor de propaganda mediática explica en parte el importante caudal de votos (6.903.000) obtenido por Oscar Iván Zuluaga en la segunda vuelta como resultado de una propaganda sustentada en el miedo y en el odio. El otro miedo, el de los que plebiscitaron al presidente-candidato reeligiéndolo, se sustentó en una posible reedición de los métodos y formas de gobierno de Uribe Vélez. Sin embargo, en este punto y hora es necesario precisar, al menos en la actual coyuntura social y política, que el paramilitarismo y el terror como arma política por excelencia ya cumplieron su cometido : realizaron una segunda contrarreforma agraria a partir de los años 80; destruyeron en gran parte el tejido social y económico de la economía campesina; aniquilaron físicamente generaciones de líderes sindicales; articularon al establecimiento y a muchas de las estructuras del Estado personajes y figuras del capital mafioso y narcotraficante, generando una mentalidad criminal del todo vale y de destrucción de la obediencia al derecho, que tiene permeada gran parte de la sociedad colombiana. La tarea ya está hecha; otra cosa es que persistan rasgos y elementos de corte fascista y autoritario. Incluso, y con ánimo polémico, se pude afirmar sin temor a equivocarse, que el régimen político imperante durante el largo gobierno de Uribe Vélez, fue el de una presidencia bonapartista, como bien lo demostró Ricardo Sánchez Ángel en su momento. En modo alguno fue un régimen fascista, a pesar de todos los embates, abusos y crímenes que se cometieron. Para las oligarquías de este país, este no es el momento para apostar por un Estado policíaco y gansteril el cual no puedan controlar; además el estado actual de la lucha de clases no da para ello. En ese período, hay que tenerlo presente, finalmente impusieron su criterio y puntos de vista fuerzas y personajes de carácter republicano y democrático, lo mismo que importantes movilizaciones sociales y populares, que dieron al traste con sus ambiciones de una tercera reelección, siendo hoy un gobierno ubicado en los estrados de la picota pública. Pero claro, el miedo confunde, y hace perder la perspectiva. La Paz como campo de lucha Es esa pérdida de perspectiva política unida a una falsa caracterización tanto del régimen político como de la actual coyuntura nacional, la que explica en gran parte el cumulo de ilusiones liberales que no sólo relegitimaron el gobierno de Juan Manuel Santos, sino que también sustentan el llamado “Frente Amplio por la Paz”. De entrada, hay que precisar que dicho frente no es un acuerdo entre ingenuos ni de novatos en materia política; sencilla y llanamente se trata de un pacto electoral con miras a las elecciones en el segundo semestre del 2015, en las cuales serán elegidos alcaldes y gobernadores, como también los futuros miembros de las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales a nivel nacional. Será de nuevo una dura competencia entre las empresas electorales y caciques regionales por tales cargos, inscrita dentro de las pautas ya fijadas en las elecciones para Congreso y Presidente de la República. Nada indica que no será así, con el agravante que el tema de la paz y los diálogos de la Habana serán tratados como mercancías al mejor postor. Será la paz al servicio de apetitos electorales y clientelares, y no la paz como campo de lucha, donde compitan concepciones y puntos de vista sobre la naturaleza política de esa paz, y que tipo de instituciones la deben configurar y sustentar, y qué clase de ordenamientos jurídico-políticos la deben regular y garantizar; y lo que es más importante, que forma de paz política (el desmonte del paramilitarismo y de los diferentes aparatos de terror y violencia) se debe implementar como condición de posibilidad de la paz social que todos queremos. No será la paz como expresión del Estado Social de Derecho, en el cual los trabajadores y trabajadoras promuevan y realicen sus movilizaciones y adelanten la lucha de clases sin temor a ser asesinados y a la represión policiva y militar. Los que votaron por la reelección de Juan Manuel Santos, embriagados “de entusiasmos liberales”, asumieron como suya la paz que defiende su gobierno en favor del orden establecido y como jefe de los empresarios y dueños del poder; una paz si lucha de clases, pusilánime y sin conflicto con los de abajo. Por eso, este proclama a los cuatro vientos la necesidad de un referendo bonapartista, excluyente y definido en los cenáculos del poder como forma de validación de los acuerdos de paz, si se llegan a dar. Aquellos, los del Frente Amplio por la Paz y los “embriagados liberales”, callan cada vez más la importancia de convocar a una Asamblea Constituyente para tal fin, y los linderos para un escenario favorable a la conciliación de clases se hacen cada vez más definidos. Renuncian a toda distinción política, ya que, en últimas, se trata de ver como se accede a los cargos ya referidos, en un proceso electoral anarquizado y despolitizado, por decir lo menos. Les basta y les sobra ver en Juan Manuel Santos el fetiche de una paz para el orden establecido. No de otro modo se explica el desmonte del segundo paro agrario iniciado a finales del pasado mes de abril, traicionando el mandato y las tareas fijadas en la Cumbre Agraria del 17 de marzo en Bogotá. En el campo de las izquierdas quienes respaldaron la reelección de Juan Manuel Santos son los mismos que hoy conforman el Frente Amplio por la Paz. Es la misma izquierda sumisa, que con su actitud ante el gobierno del presidente reelecto como campeón de la paz, promueve en nombre de los trabajadores y demócratas que dice representar, la servidumbre voluntaria. Cayeron rendidos y embotados ante la relegitimación del gobierno, del cual ellos son a la vez sujetos activos y víctimas, condición que quieren mantener hasta las elecciones del próximo año, ya que no conocen ni practican la autocrítica. Olvidan, o no quieren reconocer, que la paz es también un campo de lucha. Las anteriores consideraciones fueron las que finalmente llevaron a muchos a adoptar, la posición de votar en blanco en las pasadas elecciones del 15 de junio, o en su lugar, abstenerse de votar, manteniendo así una independencia de criterio y autonomía, y para los que somos de Izquierda y socialistas revolucionarios, conservar la independencia de clase y de pensamiento. Los intereses y el futuro de los trabajadores y trabajadoras, de los oprimidos y explotados, no podían hipotecarse o ser endosados a un presidente y su gobierno que no tiene nada en común con ellos. Cali, Julio 26 de 2014