“Sectores importantes de los oprimidos sintieron que el único partido de izquierda y de oposición al régimen uribista era incapaz de practicar la interlocución con ellos e incluirlos en su proyecto de acción política. Cada vez más convencional, el Polo se alejaba de la posibilidad de irrigar, con su gente y su discurso, la capilaridad popular. Cada vez más jugaba el juego de la política institucional, mientras más decididamente se tragaba el anzuelo uribista de tener que demostrar su lealtad a la lucha contrainsurgente contra las farc. La tensión política en sus filas ha sido siempre la tensión electoral. Se convirtió, quizá sin darse cuenta, en un partido electoralista, siempre en actitud de preparar la próxima campaña electoral, casi siempre de espaldas a la dinámica social y política de los de abajo”. Nieto JR.
Después de la coyuntura electoral es importante realizar algunos análisis; y aunque la decisión final de llamar a no votar por ningún candidato es un refresco y una señal de que no todo está perdido, es importante realizar algunos análisis en frío, sin apasionamientos, que den luces a nuestra realidad actual.
Este escrito pretende ser un material que aporte a la discusión en torno al presente y futuro del PDA. Se destacarán algunos errores cometidos y sugerencias para retomar el rumbo, a consideración del autor, bajo la intención de lograr ser un partido que represente una verdadera opción de izquierda que aspira a ser poder en el país. Se debe aclarar que el autor como militante activo del PDA no se excluye de los errores cometidos, por el contrario se hace partícipe y de ahí, la intención con este texto de intervenir para la búsqueda de soluciones a lo que ha denominado como el retomar del rumbo.
En el texto se identifican cinco errores cometidos, que no quiere decir sean los únicos, sino los más importantes a consideración del autor, cada uno es de alguna forma ejemplificado en la historia vivida por el PDA y cada uno de ellos lleva implícita su solución.
Errores cometidos:
a. Desconocimiento de la historia política de Colombia.
b. Alejamiento de las bases
c. Fragilidad ante las presiones externas
d. Lógica interna de mecánica electoral
e. Incumplimiento de los estatutos e ideario del partido.
a. Desconocimiento de la historia política colombiana. Siempre he considerado que la historia política colombiana tiene la clave para la correcta interpretación del presente y para la planeación de proyectos futuros. Por lo tanto, es de crucial importancia su consideración a la hora de impulsar un proyecto político que pretende ser de largo aliento y tener una gran trascendencia tanto a nivel nacional como internacional.
La historia colombiana enseña entre otras tantas cosas, las estrategias y la puesta en práctica de todo tipo de mecanismos y combinaciones de lucha, por parte de las élites del país en asocio con las internacionales, principalmente estadounidenses, para impedir que los terceros partidos surjan, siempre que esos partidos asuman la representación de las denominadas clases subalternas. Esta estrategia ha implementado diferentes tácticas, desde la más socorrida: la manipulación a través de los medios de comunicación, de propiedad de los grandes conglomerados económicos nacionales e internacionales, con el fin de imponer una matriz de opinión desfavorable; la utilización de la educación formal e informal y de la iglesia como soporte de su hegemonía ideológica, con la manipulación del sentido de las palabras, de lo simbólico, y de la historia misma; la amenaza, intimidación y el aniquilamiento físico de los líderes de las causas populares; el fraude electoral, hasta el aniquilamiento de un partido político completo como fue el caso de la UP.
Fuera de la estrategia paramilitar y de guerra sucia de origen en la mal recordada Escuela de las Américas con la participación directa de los Estados Unidos, tácticas que se han hecho más que evidentes con el envilecimiento del régimen colombiano después de ocho años de uribismo, en el que se resalta el terrorismo de Estado en contra de la población colombiana y a favor de las élites tanto internas como externas; hacen parte de ellas, los desplazamientos mediante fumigaciones y bombardeos, el encubrimiento de los crímenes de campesinos o muchachos de los barrios marginados vistiéndolos y haciéndolos pasar por guerrilleros, la utilización de los organismos del estado para realizar inteligencia política y todo tipo de montajes, las motosierras, los hornos crematorios, la utilización de animales para devorar los cuerpos, los métodos de sumergirlos en los ríos para hacerlos irrecuperables y la gran cantidad de fosas comunes encontradas a lo largo y ancho del país; todos estos métodos, son sólo diferentes caras de la misma moneda, consecuentes con la estrategia fundamental: la de aniquilar a todo el que piense y defienda intereses contrarios a los suyos. Se pretende la “pacificación” a través de las armas y la guerra sucia de los diferentes sectores populares, a la mejor manera de la Pax Romana o paz en las tumbas. Bajo esta forma se pretende la abdicación y sometimiento sumiso del pueblo: indígenas, afrodescendientes, mulatos y mestizos; mientras las élites, sin límites a sus apetitos, se apoderan y disfrutan de las mejores tierras y las diferentes riquezas del territorio; plácemes y cómplices, de la usurpación de las transnacionales de nuestros valiosos recursos.
Recientemente estas alianzas internacionales incluyen además la estrategia para desestabilizar la región y atacar a los gobiernos que enarbolan y han puesto en marcha proyectos políticos progresistas. En síntesis pudiéramos decir que Colombia, a través de su historia, ha sido un gran laboratorio de Democracia Restringida para el mundo, Democracia Restringida en el sentido de una mera democracia formal liberal y su correspondiente ciudadanía formal, que oculta la realidad: un régimen plutocrático, con nuestra verdadera historia de patrimonialismo del estado.
Si se reconocía esa historia, nunca se pudo haber dejado que la elección del candidato por el partido a la presidencia de la república fuera abierta. Se podía presumir que el establecimiento haría presión e influiría a favor del candidato que más conviniera a sus intereses; en otras palabras, ese papayaso no sería desaprovechado, y efectivamente no lo fue.
b. Alejamiento de las bases. Si existe algo que haya caracterizado la historia del PDA ha sido el gran vacío frente a las causas de las reivindicaciones reales de los diferentes sectores sociales, causas que por razones históricas son obvias y múltiples: los problemas propios de indígenas y afros; los de género; los de diferentes sectores atropellados por la economía: pequeños agricultores, campesinos, mineros tradicionales, microempresas, obreros, sindicatos, informales, etc.; los problemas de tierra y laborales, al ser el país de la región con mayor número de desplazados internos y mayor número de desempleados; de salud, educación y servicios públicos, con su privatización; ambientales, de vivienda digna, etc., etc.
Se pudiera decir que el acercamiento con las bases ha girado en torno a la necesidad electoral, de forma coyuntural, incluso algunas veces de forma clientelar, modelo al que nos oponemos y contra el que luchamos por principio, más que como respuesta y catalizador de esas diferentes necesidades, en un trabajo serio y estructurado, de largo aliento, que reconociendo la historia adopte la mejor estrategia para superarla, convirtiéndose así nuestro partido en una verdadera opción de cambio y de poder real.
Casos como los de la minga indígena, los corteros de caña, los desplazados, los señalamientos a las altas cortes, los seguimientos a los periodistas, defensores de derechos humanos y opositores, los crímenes de estado y entre ellos los famosos “falsos positivos”, el conflicto armado interno, el canje de prisioneros, la emergencia social, la problemática laboral, etc., no se hicieron sentir con la contundencia requerida y con el respaldo pleno por parte de los cuadros directivos del PDA.
c. Fragilidad ante las presiones externas. Reconociendo los diferentes métodos empleados a través de nuestra historia, no se puede ser frágil en las posiciones intentando ser conciliador o dándole gusto a la derecha, se debe por el contrario ser consecuente fortaleciendo la estructura, el programa y el accionar de los miembros del partido. No se pueden permitir concesiones que a la postre se convierten en estratégicas por guardar “apariencias” frente a los medios de comunicación.
El mejor ejemplo de ello fue la inoperancia del comité de ética del PDA para establecer sanciones a nuestros propios parlamentarios cuando habían vulnerado los estatutos, bajo la premisa de dar la imagen ante los medios de comunicación de una supuesta “unidad” del partido. Casos como los de la elección del procurador Alejandro Ordoñez con participación de parlamentarios nuestros, o el caso del Dr. Petro a inicios del año anterior, son una muestra fehaciente al respecto.
Otro ejemplo ha sido el temor a buscar alianzas internacionales con los países vecinos pues para nuestras élites es un asunto proscrito y macartizable, altamente rentable a sus intereses ideológicos y electorales.
d. Lógica interna de mecánica electoral. Si algo se ha destacado en la forma de hacer política, en el partido, ha sido la mecánica electoral. Hemos fluctuado de elección en elección, perdiendo la visión del conjunto, la profundidad, la finalidad verdadera. Esta misma situación ha permitido el desarrollo de una pugna interna de defensa de microterritorios, de tendencias, de partidos al interior del partido, de parcelas, en la disputa por ver quién se queda con los cargos de representación.
De esta forma más que una sumatoria se han creado divisiones que a la postre nos han costado el saldo de una menor participación en las instituciones del estado; lo que se traduce en la menor posibilidad de enarbolar y defender nuestras banderas políticas desde esos escenarios y entrenar a nuestros cuadros. Un ejemplo de ello fue lo sucedido en estas últimas contiendas electorales al parlamento.
e. Incumplimiento de los estatutos y del ideario. Ya hemos puesto en escena, en este texto, algunas circunstancias en las que se ha evidenciado este error. En el partido todos hablamos del ideario y de los estatutos, pero no todos los cumplimos. Haciendo explícita la vieja herencia de la derecha, una cosa se dice y otra se hace, de ahí el sabio adagio popular: del dicho al hecho hay mucho trecho o el de que la letra puede con todo.
El ejemplo más reciente de ello se ha expresado en la reciente contienda electoral a la Presidencia de la República, en donde nuestro candidato del PDA olvidó el punto 5 de nuestro ideario que reza: “La solución del conflicto armado interno en Colombia debe ser política y no militar. Por ello, en lugar de la guerra y la violencia las partes en conflicto deben acudir a diálogos y negociaciones en busca de acuerdos de paz”. Acercándose, más bien en varias oportunidades, a la fallida “seguridad democrática”, guerrerista y violatoria del Derecho Internacional Humanitario DIH, en la búsqueda del “centro” político, como estrategia de reconciliación con los medios, es decir, con la élite del país. No puede ser, que el candidato del partido, defienda nuestras banderas, nuestro ideario, no por convicción interna sino porque los otros candidatos le cierran la posibilidad de “alianzas” y entonces no le queda otra alternativa.
Luz al final del túnel:
El próximo año se realizará el Tercer Congreso Nacional del partido en el cual se debe discutir a fondo estas y otras diferentes situaciones, discusión que se debe ir alimentando desde ahora, a la cual este texto invita para que sea de forma cordial, profunda, seria y responsable.
Sin embargo y a pesar de todo, el PDA sigue vivo. Su ideario y estatutos son más que vigentes ante esta cruda actualidad colombiana, debemos prepararnos con suficiencia, muy posiblemente sean ocho años más de uribismo, es responsabilidad de todos nosotros, los militantes, el presente y el rumbo venidero.
Fraternalmente,
Alejandro Hernán Quintero Galeano
Publicacion política diseñada por los Círculos Socialistas de Antioquia, Colombia,2010.
jueves, 29 de julio de 2010
TENDENCIAS GEOPOLITICAS EN AMERICA LATINA 1990-2010
El contexto geopolítico de América Latina durante las dos últimas décadas ha tenido una dinámica y tensiones que nos obligan preguntarnos ¿Cuál es el contexto mundial? ¿Cuáles son los antecedentes más inmediatos de la geopolítica en América Latina? ¿Cuál es el giro político? ¿Cuáles son las identidades y diferencias de concepción y ritmos entre los gobiernos de la región para avanzar en las transformaciones políticas? ¿Cuáles son los desafíos para los movimientos sociales y los gobiernos regionales?
1. Contexto mundial y antecedentes en América Latina
A finales del siglo XX el contexto mundial estuvo signado por una contraofensiva del capitalismo a partir de tres hechos: La caída del Muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, y el hegemonismo de los EE.UU como potencia única militar que asume el papel de gendarme mundial con el liderazgo en las intervenciones militares en Kuwait, Irak, Afganistán y Haití, a contrapelo de su debilitamiento como potencia económica. Es el reforzamiento del capitalismo como opción económica, ideológica y social con el supuesto del “fin de la historia”, el modelo neoliberal y la globalización como estrategias de los centros de poder del capital.
En el contexto de América, la presencia del Imperio del Norte en todo el siglo XX fue de intervenciones militares, dominación política, predominio económico, promoción de golpes de estados contra gobierno nacionalista (Jacobo Arbenz en Guatemala, Salvador Allende en Chile, Hugo Chávez en Venezuela, del Presidente Zelaya de Honduras como el caso más reciente), y como un hecho de guerra regional en Centroamérica, con la organización y financiación de la contrarrevolución militar ante la Revolución Sandinista en Nicaragua.
A finales del siglo XX una tendencia económica predominante fue la aplicación del modelo económico neoliberal como parte de la agenda Norteamérica o Consenso de Washington que significó la entrega de recursos naturales, privatización de servicios públicos estatales, mayor poder del capital norteamericano, dependencia económica a través de Tratados como el TLC, y como un rasgo especifico de finales del siglo xx en palabras del investigador James Petras el “Neoimperialismo adoptó una forma y sustancia diferentes con la llegada de George W. Bush al gobierno y la muerte de la burbuja especulativa de Wall Street. Las fuerzas motrices que apoyan la presidencia imperial cambiaron de los banqueros inversionistas de Wall Street al complejo de energía-petróleo y militar-industrial. Los conservadores partidarios de la economía de libre de mercado de la era imperial de Clinton fueron sustituidos por un gabinete dominado por ideólogos militaristas de ultraderecha. La construcción imperial por medio de los ’integrantes económicos’ del Estado imperial fue sustituida por los ideólogos de la guerra permanente, conquistas militares y promotores-colonialistas (eufemísticamente construcción imperial)”.
Desde una mirada cronológica hay unos antecedentes para la nueva situación geopolítica en las dos últimas décadas que es necesario tener unos referentes: El antecedente más distante podría ser el Caracazo de 1989 en Venezuela, primera revuelta masiva contra un ajuste neoliberal, sangrientamente reprimida por el gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Otro, el levante indígena zapatista mexicano contra el TLC (Tratado de Libre Comercio) con EEUU y Canadá en enero de 1994. Pero, será la rebelión popular en Cochabamba, Bolivia, en 2000 contra la privatización del agua, la que ponga en evidencia de forma más clara de que ya se había alcanzado una nueva coyuntura, donde la presión popular era capaz de bloquear la aplicación del programa neoliberal. A esa cronología habría que poner igualmente los momentos, desde finales de la década pasada, en que movilizaciones populares echaron a presidentes neoliberales en Ecuador, Paraguay, Argentina y Bolivia y a través de su voto, buscaron alternativas, comenzando con las elecciones venezolanas de 1998, cuando Hugo Chávez fue electo presidente de Venezuela, en una serie que creció expresivamente en los últimos años con Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia y Ecuador.
Y en un contexto económico más amplio y mundial, América Latina se encuentra atrapada en la actual crisis capitalista por mucho tiempo ya que esta es más profunda y sistémica. Los analistas económicos de diversos centros de investigación no vislumbran salidas inmediatas de esta última crisis por lo que podemos deducir en esta superará en extensión temporal y espacial que a las anteriores del Siglo XX, como ya la podemos ver en Grecia, EE.UU, España.
2. El periodo de transición postneoliberalismo: Reforma y revolución.
Con el surgimiento de gobiernos nacionalistas en América Latina a finales del Siglo XX se abre un periodo de transformaciones geopolíticas regionales eufemísticamente denominado el giro de izquierda. En este nuevo escenario se mueven los diferentes actores sociales, políticos y económicos de América con apuestas diferentes en términos estratégicos y con matices claro- oscuros pero generándose una situación de pérdida de la hegemonía norteamericana y del capitalismo en beneficio del trabajo y las mayorías nacionales. En ese giro geopolítico regional se expresan con tres tendencias geopolíticas: La tradicional ligada al poder norteamericano (Bogotá, Lima, México, Chile), la antiimperialista o latinoamericanista (Venezuela, Bolivia, Ecuador) y una de centro (Brasil, Uruguay, Paraguay).
“La ofensiva de los movimientos sociales en América Latina ha cambiado esta par¬te del continente profundamente. Ya no existe una hegemonía neoliberal, salvo en las élites continentales y algunas fortalezas del conservadurismo (como Bogotá, Lima, México y Santiago de Chile). El nuevo imaginario rebelde, que se vive en sectores amplios de los pueblos americanos, ha dado a luz diversas luchas exitosas, que van desde la movilización contra la privatización del agua en Cochabamba (Bolivia) y el proyecto minero de Manhattan en Tambogrande (Perú), hasta la caída de presidentes autoritarios como Gonzalo Sánchez de Losada y Alberto Fujimori. Las movilizaciones han consolidado, además, la presencia de nuevos actores políticos que ya no son posibles de marginalizar o negar, como los indígenas en Ecuador y Bolivia, el Movimiento Sin Tierra en Brasil y el Movimiento de Solidaridad y Justicia Global a escala internacional. Además, el Foro Social Mundial representa una confluencia de diversos movimientos y luchas que no tie¬nen precedentes en función de su amplitud, apertura. Simultáneamente, las crisis ecológica, alimenta-ria, energética y financiera que el mundo atraviesa evidencian una crisis profunda del sistema capitalista-neoliberal. ” (Raphael Hoetmer).
En esta nueva etapa geopolítica se delinean situación de radicalización y profundización de procesos revolucionarios como por ejemplo en Venezuela en donde el presidente Hugo Chávez solicito en el 2007 a la Asamblea Nacional la aprobación de una Ley Habilitante "revolucionaria" que le permitiera sancionar "más rápido que un rayo", un conjunto de leyes de impacto económico y social. Advirtiendo que si las leyes del año 2001 "impactaron el esquema económico y social del país", las que redactarán "impactarán con una potencia mucho mayor la actual situación económica".
De otra parte la economía cubana entró en una nueva situación en afirmaciones del Ministro de economía José Luis Rodríguez “... cerró en el 2006 con un crecimiento de 12,5 por ciento, el mayor de América latina, pero reconoció deficiencias insostenibles en la productividad y que la crisis económica de los 90 aún no se ha superado. Ese incremento del Producto Interno Bruto constituye la cifra más elevada de nuestra historia revolucionaria y expresa una tendencia a la consolidación gradual de la economía que se viene observando desde el año 2004”.
Frente a estas nuevas condiciones geopolíticas el Imperio del Norte no logró readecuar sus estrategias por razones de su papel de gendarme mundial en otras latitudes del mundo. “El hecho de que los Estados Unidos estén empantanados en el Medio Oriente tiene consecuencias internacionales, en particular en Latino América. No es cuestión de subestimar la presión que "el imperio" siempre ejerce en un continente que sigue considerando su patio trasero. Pero es necesario subrayar el debilitamiento de su capacidad de intervención en el continente. A nivel militar, se le hace difícil intervenir en Irak, Afganistán y preparar intervenciones en América Latina. El Plan Colombia sigue ahí. También las bases militares en Paraguay. El apoyo a la derecha golpista o liberal-autoritaria siempre está presente. El ALCA ha fracasado pero se han concertado acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y una serie de países de Sur América. En pocas palabras, los Estados Unidos no ignoran a Sur América, pero indudablemente existe una nueva correlación de fuerzas entre el imperialismo norteamericano y una serie de países en América Latina incluyendo los más importantes, en particular dos grupos de países. El primer grupo consiste de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Aprovechándose de la fase de desarrollo económico y de la habilidad de los gobiernos en el poder –Lula en Brasil, Kirchner en Argentina, Tabaré Vázquez en Uruguay – para canalizar, controlar, integrar los movimientos de masas o, más precisamente, sectores enteros de las direcciones de esos movimientos de masas, en particular el liderato de Partido de los Trabajadores y de la CUT en Brasil y del peronismo político y sindical en Argentina (aún si Lula se sitúa a la derecha de Kirchner), las clases gobernantes de estos países han conquistado nuevos márgenes de maniobra para negociar e imponer ciertos objetivos económicos al imperialismo norteamericano. Están desarrollando, por su cuenta y a su manera, políticas neo-liberales, acompañándolas con una dimensión de "ayuda social", y con su inserción en el mercado mundial, en particular a través de sus políticas agro-exportadoras y sus relaciones específicas con el sistema financiero internacional.
El segundo grupo de países, que en la actualidad está desarrollando una nueva experiencia de ruptura con el imperialismo norteamericano, está encabezado por Venezuela, seguida de Bolivia y Ecuador, todos con el apoyo de Cuba. Todos estos países, cada uno con su especificidad, está tratando en la actualidad de aligerar el estrangulamiento de la deuda, de retomar la propiedad y el control de sus recursos naturales, de asegurar sus programas sociales de alimentación, salud y educación, de restaurar su soberanía ante las presiones norteamericanas y Europeas (especialmente españolas)”.(François Sabado).
Bajo estas premisas se han configurado institucionalidades regionales como el ALBA, UNASUR y el proyecto alterno a la O.E.A que ha resquebrajado el modelo de dominación norteamericana en el patio trasero.
En este contexto de redefiniciones geopolíticas los E.E.UU ha diseñado una estrategia política para América Latina para retomar la iniciativa a través del Gobierno Obama contando con la punta de lanza de los gobierno de Colombia, Lima, Chile, y ha enviado a su Secretaria Hillary Clinton de gira por Suramérica, envió tropas en Haití bajo pretexto de apoyo después del terremoto, el pasado 1º de Julio el Congreso de Costa Rica autorizó el ingreso a ese país de 46 buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos, 200 helicópteros y aviones de combate, y 7.000 marines, creó siete bases militares en Colombia y reactivó la IV Flota militar en la región.
3. Desafíos y perspectivas
La nueva situación que se vive en América Latina plantea desafíos, retos y perspectivas para que se profundicen los cambios y generen soluciones estructurales a favor de las mayorías sociales.
América Latina entró en un nuevo período político con grandes potencialidades emancipadoras, cuyos contornos y desarrollo aún están en construcción y disputa. Las dificultades son inmensas pero se trata de una oportunidad histórica única para conquistar nuestra segunda y verdadera independencia. En ese contexto, la cuestión de la integración regional es clave para definir el rumbo político que tomará la región como el ALBA, UNASUR y el proyecto alterno a la O.E.A. No estamos en un período de reactivación del movimiento de masas ni mucho menos de las ideas revolucionarias; estamos en un estado de prácticas de resistencia popular, de acumulación de fuerzas, de lucha con un enemigo aún muy poderoso, a nivel interno e internacionalmente.
Ahora bien, que haya cuestionamiento y oposición al neoliberalismo no quiere decir aún que otro proyecto ya esté claramente en marcha. Lo que significa es que ese programa se agotó porque no ofrece más perspectivas de gobernabilidad (al menos en un marco democrático), que está abierta la temporada de formulación, construcción y aplicación de alternativas. Por otro lado, no hay un programa alternativo ya listo y válido para todos los casos. Por último, el desenlace de la coyuntura dependerá de la constitución de voluntades políticas capaces de impulsar a cada país y a la región hacia un proyecto de superación del neoliberalismo; y serán “capaces” si construyen mayorías políticas (por ello, el tema clave es el de la “hegemonía” en los procesos nacionales).
Por ello, necesitamos aprovechar todos los espacios colectivos y de unidad popular, en nuestros países y a nivel continental, como son las redes, las cumbres sociales, los Foros Sociales Mundiales, el Foro de Sao Paulo y la propuesta de la V Internacional como coordinación política estratégica de partidos de izquierda para ampliar el debate, reflexionar, intercambiar y encontrar colectivamente las verdaderas salidas que puedan conducirnos a vencer los intereses del capital local e internacional. También exigir en las agendas de gobierno que se reclaman antiimperialista y latinoamericanistas las soluciones sociales estructurales no resueltas por las elites políticas tradicionales. Mientras no encontremos las formas de superar los desafíos descritos seguiremos todavía, por mucho tiempo, en un periodo de resistencia y de acumulación de fuerzas.
Camilo Ruiz A.
1. Contexto mundial y antecedentes en América Latina
A finales del siglo XX el contexto mundial estuvo signado por una contraofensiva del capitalismo a partir de tres hechos: La caída del Muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, y el hegemonismo de los EE.UU como potencia única militar que asume el papel de gendarme mundial con el liderazgo en las intervenciones militares en Kuwait, Irak, Afganistán y Haití, a contrapelo de su debilitamiento como potencia económica. Es el reforzamiento del capitalismo como opción económica, ideológica y social con el supuesto del “fin de la historia”, el modelo neoliberal y la globalización como estrategias de los centros de poder del capital.
En el contexto de América, la presencia del Imperio del Norte en todo el siglo XX fue de intervenciones militares, dominación política, predominio económico, promoción de golpes de estados contra gobierno nacionalista (Jacobo Arbenz en Guatemala, Salvador Allende en Chile, Hugo Chávez en Venezuela, del Presidente Zelaya de Honduras como el caso más reciente), y como un hecho de guerra regional en Centroamérica, con la organización y financiación de la contrarrevolución militar ante la Revolución Sandinista en Nicaragua.
A finales del siglo XX una tendencia económica predominante fue la aplicación del modelo económico neoliberal como parte de la agenda Norteamérica o Consenso de Washington que significó la entrega de recursos naturales, privatización de servicios públicos estatales, mayor poder del capital norteamericano, dependencia económica a través de Tratados como el TLC, y como un rasgo especifico de finales del siglo xx en palabras del investigador James Petras el “Neoimperialismo adoptó una forma y sustancia diferentes con la llegada de George W. Bush al gobierno y la muerte de la burbuja especulativa de Wall Street. Las fuerzas motrices que apoyan la presidencia imperial cambiaron de los banqueros inversionistas de Wall Street al complejo de energía-petróleo y militar-industrial. Los conservadores partidarios de la economía de libre de mercado de la era imperial de Clinton fueron sustituidos por un gabinete dominado por ideólogos militaristas de ultraderecha. La construcción imperial por medio de los ’integrantes económicos’ del Estado imperial fue sustituida por los ideólogos de la guerra permanente, conquistas militares y promotores-colonialistas (eufemísticamente construcción imperial)”.
Desde una mirada cronológica hay unos antecedentes para la nueva situación geopolítica en las dos últimas décadas que es necesario tener unos referentes: El antecedente más distante podría ser el Caracazo de 1989 en Venezuela, primera revuelta masiva contra un ajuste neoliberal, sangrientamente reprimida por el gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Otro, el levante indígena zapatista mexicano contra el TLC (Tratado de Libre Comercio) con EEUU y Canadá en enero de 1994. Pero, será la rebelión popular en Cochabamba, Bolivia, en 2000 contra la privatización del agua, la que ponga en evidencia de forma más clara de que ya se había alcanzado una nueva coyuntura, donde la presión popular era capaz de bloquear la aplicación del programa neoliberal. A esa cronología habría que poner igualmente los momentos, desde finales de la década pasada, en que movilizaciones populares echaron a presidentes neoliberales en Ecuador, Paraguay, Argentina y Bolivia y a través de su voto, buscaron alternativas, comenzando con las elecciones venezolanas de 1998, cuando Hugo Chávez fue electo presidente de Venezuela, en una serie que creció expresivamente en los últimos años con Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia y Ecuador.
Y en un contexto económico más amplio y mundial, América Latina se encuentra atrapada en la actual crisis capitalista por mucho tiempo ya que esta es más profunda y sistémica. Los analistas económicos de diversos centros de investigación no vislumbran salidas inmediatas de esta última crisis por lo que podemos deducir en esta superará en extensión temporal y espacial que a las anteriores del Siglo XX, como ya la podemos ver en Grecia, EE.UU, España.
2. El periodo de transición postneoliberalismo: Reforma y revolución.
Con el surgimiento de gobiernos nacionalistas en América Latina a finales del Siglo XX se abre un periodo de transformaciones geopolíticas regionales eufemísticamente denominado el giro de izquierda. En este nuevo escenario se mueven los diferentes actores sociales, políticos y económicos de América con apuestas diferentes en términos estratégicos y con matices claro- oscuros pero generándose una situación de pérdida de la hegemonía norteamericana y del capitalismo en beneficio del trabajo y las mayorías nacionales. En ese giro geopolítico regional se expresan con tres tendencias geopolíticas: La tradicional ligada al poder norteamericano (Bogotá, Lima, México, Chile), la antiimperialista o latinoamericanista (Venezuela, Bolivia, Ecuador) y una de centro (Brasil, Uruguay, Paraguay).
“La ofensiva de los movimientos sociales en América Latina ha cambiado esta par¬te del continente profundamente. Ya no existe una hegemonía neoliberal, salvo en las élites continentales y algunas fortalezas del conservadurismo (como Bogotá, Lima, México y Santiago de Chile). El nuevo imaginario rebelde, que se vive en sectores amplios de los pueblos americanos, ha dado a luz diversas luchas exitosas, que van desde la movilización contra la privatización del agua en Cochabamba (Bolivia) y el proyecto minero de Manhattan en Tambogrande (Perú), hasta la caída de presidentes autoritarios como Gonzalo Sánchez de Losada y Alberto Fujimori. Las movilizaciones han consolidado, además, la presencia de nuevos actores políticos que ya no son posibles de marginalizar o negar, como los indígenas en Ecuador y Bolivia, el Movimiento Sin Tierra en Brasil y el Movimiento de Solidaridad y Justicia Global a escala internacional. Además, el Foro Social Mundial representa una confluencia de diversos movimientos y luchas que no tie¬nen precedentes en función de su amplitud, apertura. Simultáneamente, las crisis ecológica, alimenta-ria, energética y financiera que el mundo atraviesa evidencian una crisis profunda del sistema capitalista-neoliberal. ” (Raphael Hoetmer).
En esta nueva etapa geopolítica se delinean situación de radicalización y profundización de procesos revolucionarios como por ejemplo en Venezuela en donde el presidente Hugo Chávez solicito en el 2007 a la Asamblea Nacional la aprobación de una Ley Habilitante "revolucionaria" que le permitiera sancionar "más rápido que un rayo", un conjunto de leyes de impacto económico y social. Advirtiendo que si las leyes del año 2001 "impactaron el esquema económico y social del país", las que redactarán "impactarán con una potencia mucho mayor la actual situación económica".
De otra parte la economía cubana entró en una nueva situación en afirmaciones del Ministro de economía José Luis Rodríguez “... cerró en el 2006 con un crecimiento de 12,5 por ciento, el mayor de América latina, pero reconoció deficiencias insostenibles en la productividad y que la crisis económica de los 90 aún no se ha superado. Ese incremento del Producto Interno Bruto constituye la cifra más elevada de nuestra historia revolucionaria y expresa una tendencia a la consolidación gradual de la economía que se viene observando desde el año 2004”.
Frente a estas nuevas condiciones geopolíticas el Imperio del Norte no logró readecuar sus estrategias por razones de su papel de gendarme mundial en otras latitudes del mundo. “El hecho de que los Estados Unidos estén empantanados en el Medio Oriente tiene consecuencias internacionales, en particular en Latino América. No es cuestión de subestimar la presión que "el imperio" siempre ejerce en un continente que sigue considerando su patio trasero. Pero es necesario subrayar el debilitamiento de su capacidad de intervención en el continente. A nivel militar, se le hace difícil intervenir en Irak, Afganistán y preparar intervenciones en América Latina. El Plan Colombia sigue ahí. También las bases militares en Paraguay. El apoyo a la derecha golpista o liberal-autoritaria siempre está presente. El ALCA ha fracasado pero se han concertado acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y una serie de países de Sur América. En pocas palabras, los Estados Unidos no ignoran a Sur América, pero indudablemente existe una nueva correlación de fuerzas entre el imperialismo norteamericano y una serie de países en América Latina incluyendo los más importantes, en particular dos grupos de países. El primer grupo consiste de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Aprovechándose de la fase de desarrollo económico y de la habilidad de los gobiernos en el poder –Lula en Brasil, Kirchner en Argentina, Tabaré Vázquez en Uruguay – para canalizar, controlar, integrar los movimientos de masas o, más precisamente, sectores enteros de las direcciones de esos movimientos de masas, en particular el liderato de Partido de los Trabajadores y de la CUT en Brasil y del peronismo político y sindical en Argentina (aún si Lula se sitúa a la derecha de Kirchner), las clases gobernantes de estos países han conquistado nuevos márgenes de maniobra para negociar e imponer ciertos objetivos económicos al imperialismo norteamericano. Están desarrollando, por su cuenta y a su manera, políticas neo-liberales, acompañándolas con una dimensión de "ayuda social", y con su inserción en el mercado mundial, en particular a través de sus políticas agro-exportadoras y sus relaciones específicas con el sistema financiero internacional.
El segundo grupo de países, que en la actualidad está desarrollando una nueva experiencia de ruptura con el imperialismo norteamericano, está encabezado por Venezuela, seguida de Bolivia y Ecuador, todos con el apoyo de Cuba. Todos estos países, cada uno con su especificidad, está tratando en la actualidad de aligerar el estrangulamiento de la deuda, de retomar la propiedad y el control de sus recursos naturales, de asegurar sus programas sociales de alimentación, salud y educación, de restaurar su soberanía ante las presiones norteamericanas y Europeas (especialmente españolas)”.(François Sabado).
Bajo estas premisas se han configurado institucionalidades regionales como el ALBA, UNASUR y el proyecto alterno a la O.E.A que ha resquebrajado el modelo de dominación norteamericana en el patio trasero.
En este contexto de redefiniciones geopolíticas los E.E.UU ha diseñado una estrategia política para América Latina para retomar la iniciativa a través del Gobierno Obama contando con la punta de lanza de los gobierno de Colombia, Lima, Chile, y ha enviado a su Secretaria Hillary Clinton de gira por Suramérica, envió tropas en Haití bajo pretexto de apoyo después del terremoto, el pasado 1º de Julio el Congreso de Costa Rica autorizó el ingreso a ese país de 46 buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos, 200 helicópteros y aviones de combate, y 7.000 marines, creó siete bases militares en Colombia y reactivó la IV Flota militar en la región.
3. Desafíos y perspectivas
La nueva situación que se vive en América Latina plantea desafíos, retos y perspectivas para que se profundicen los cambios y generen soluciones estructurales a favor de las mayorías sociales.
América Latina entró en un nuevo período político con grandes potencialidades emancipadoras, cuyos contornos y desarrollo aún están en construcción y disputa. Las dificultades son inmensas pero se trata de una oportunidad histórica única para conquistar nuestra segunda y verdadera independencia. En ese contexto, la cuestión de la integración regional es clave para definir el rumbo político que tomará la región como el ALBA, UNASUR y el proyecto alterno a la O.E.A. No estamos en un período de reactivación del movimiento de masas ni mucho menos de las ideas revolucionarias; estamos en un estado de prácticas de resistencia popular, de acumulación de fuerzas, de lucha con un enemigo aún muy poderoso, a nivel interno e internacionalmente.
Ahora bien, que haya cuestionamiento y oposición al neoliberalismo no quiere decir aún que otro proyecto ya esté claramente en marcha. Lo que significa es que ese programa se agotó porque no ofrece más perspectivas de gobernabilidad (al menos en un marco democrático), que está abierta la temporada de formulación, construcción y aplicación de alternativas. Por otro lado, no hay un programa alternativo ya listo y válido para todos los casos. Por último, el desenlace de la coyuntura dependerá de la constitución de voluntades políticas capaces de impulsar a cada país y a la región hacia un proyecto de superación del neoliberalismo; y serán “capaces” si construyen mayorías políticas (por ello, el tema clave es el de la “hegemonía” en los procesos nacionales).
Por ello, necesitamos aprovechar todos los espacios colectivos y de unidad popular, en nuestros países y a nivel continental, como son las redes, las cumbres sociales, los Foros Sociales Mundiales, el Foro de Sao Paulo y la propuesta de la V Internacional como coordinación política estratégica de partidos de izquierda para ampliar el debate, reflexionar, intercambiar y encontrar colectivamente las verdaderas salidas que puedan conducirnos a vencer los intereses del capital local e internacional. También exigir en las agendas de gobierno que se reclaman antiimperialista y latinoamericanistas las soluciones sociales estructurales no resueltas por las elites políticas tradicionales. Mientras no encontremos las formas de superar los desafíos descritos seguiremos todavía, por mucho tiempo, en un periodo de resistencia y de acumulación de fuerzas.
Camilo Ruiz A.
EL ASISTENCIALISMO Y LA DEMOCRACIA
“La democracia es incompatible con el hambre. Las elecciones de los pueblos hambrientos, y Colombia es uno de ellos, no pueden ser un indicador de democracia (del pueblo, por el pueblo y para el pueblo). Por el contrario, esos ritos políticos entre nosotros sólo revelan las verdaderas dimensiones de la plutocracia (los que comen), de la aristocracia (los que mandan) y de la ‘indiosincracia’ (los que no cuentan)”.
Alejandro Angulo Novoa CINEP.
En estas épocas de agite electoral en Colombia se pone en la palestra tanto a nivel nacional como internacional la calidad de nuestra democracia. Los medios de comunicación –de propiedad privada- arremeten con toda su influencia tomando rápidamente partido, las firmas encuestadoras establecen sus vaticinios –no pulcros ni santos-, se crea así una matriz de opinión favorable a unos y desfavorable a otros; pero por sobre de ello, el interés general es –a la mejor manera de su género: la falsi comedia- el hacer ver y sentir tanto a nivel local como internacional la supuesta estabilidad y fortaleza de nuestra “democracia”1.
Una preguntas después del pasado 30 de mayo sale a la palestra: ¿Cómo es posible que un pueblo golpeado históricamente, con una mayor intensidad durante estos últimos ocho años, vota por el candidato que asegura la continuidad del garrote?
Los análisis que intentar dar cuenta de este fenómeno se presentan, sus aproximaciones son variadas, resaltando su origen multicausal: los históricos estructurales, como responsables de la hegemonía ideológica a favor de las élites (con la educación, la religión, los medios masivos de comunicación, el cine, etc.), responsables de buena parte de nuestra “ceguera” política; el clientelismo con su pariente cercano el asistencialismo; además, de lo infaltable en nuestra realidad, el fraude y la coacción a muchos de los habitantes y en diferentes regiones.
Desconocer la historia de Colombia para explicar este complejo fenómeno representaría una gran obtusidad mental además de un error imperdonable. El presente ensayo intenta hacer una aproximación desde el asistencialismo como instrumento que ha favorecido y perpetuado el clientelismo, herramienta de gran peso a la hora de explicar esta situación.
I. El ASISTENCIALISMO EN COLOMBIA
Hablar de asistencialismo nos remite a hablar de Sistema de Protección Social y su correlación con los derechos. Como lo expresa, César Giraldo, en alusión a su origen histórico: “La Protección Social a cargo del Estado surgió con el capitalismo, en la medida en que la mercantilización de la fuerza de trabajo destruyó las redes de protección social que existían hasta ese entonces, las cuales se basaban en la adherencia a un orden social, tales como la familia extensa y la protección del señor” . De esta forma, al considerar el transcurrir de los años, se evidencian transformaciones al interior del sistema capitalista –secundarias a sus crisis intrínsecas y extrínsecas, y a los diferentes resultantes de la correlación de las fuerzas sociales en las diferentes épocas- presionando el surgimiento de los diferentes modelos para el funcionamiento del estado: inicialmente el liberal clásico, luego el benefactor y posteriormente el neoliberal. Teniendo cada uno de ellos su influencia en la concepción y alcances de la Protección Social PS, pasando de la asistencialista, al aseguramiento, luego al universalismo y recientemente (finales del siglo XX y comienzos del XXI) al neoasistencialismo.
La concepción de los servicios sociales (la salud, la educación, la vivienda, etc.,) y de los bienes públicos (servicios y espacios públicos: el alumbrado, las vías, los parques, etc.,) como derechos sólo surge con la concepción del aseguramiento vinculada al contrato laboral, y principalmente, con el universalismo bajo la égida del estado social del modelo benefactor europeo; modelo no desarrollado por los países de América Latina.
Recientemente, bajo las premisas del modelo neoliberal se sufre una regresión histórica en la concepción de la PS pasando del aseguramiento y el universalismo al neoasistencialismo, nuevamente bajo las premisas del individualismo y la desestructuración de los problemas sociales. Pero esta vez, con el fin de incentivar el sector privado: a) con el mercado de seguros, b) permitiendo el desmonte del estado social dando paso a la privatización de los bienes y servicios públicos, y c) destruyendo todas las garantías asociadas al contrato de trabajo, bajo la figura de la flexibilización laboral; todo estos cambios a favor del sector financiero nacional e internacional, en lo que se ha denominado la financiarización, cuyas consecuencias afrontan en la actualidad todos los países sometidos a este sistema, incluso los europeos (p.e. Grecia, España, etc).
El caso colombiano es, como en muchos otros temas, sui generis; pues en vez del desarrollo del estado benefactor con la figura del estado social, nuestro estado asumió en la práctica, todo lo contrario, la connotación del Patrimonialismo de Estado, que no es otra cosa que el apoderamiento del estado por parte de las élites del país. Esta situación ha sido una de las principales razones para que en Colombia: a) se haya disociado lo económico de lo político, con una especie de corporativismo a favor de los gremios privados; casos como el de la ANDI son un fiel reflejo de que en nuestro país los gremios económicos están por encima de los partidos políticos; b) no hayamos podido superar la concepción asistencialista de la PS; más bien haya primado el elemento caritativo tanto privado como público, con una gran influencia en el tiempo de la iglesia católica; en otras palabras, nunca a través de nuestros 200 años de historia los bienes y servicios públicos en el país han sido considerados como derechos para todos sus habitantes. Y c) esa visión caritativa-asistencialista haya permitido la profundización de las relaciones clientelistas, entre los sectores populares y sus representantes políticos, convirtiéndose en un eje histórico transversal en el desarrollo de nuestro estado-nación, propio de países política y socialmente atrasados. Con lo cual se ha obstaculizado, a través de la historia, el desarrollo de un verdadero sistema democrático, disociando lo social de lo político –situación que permite explicar la connotación policlasista de nuestros partidos tradicionales Conservador y LIberal, además de muchos de los recientemente formados desde la derecha como El Partido de La U, Cambio Radical y el Partido Verde; convirtiéndose más que en representates de intereses diferentes, en maquinarias de intermediación de las necesidades sociales dirigidas, moldeadas y manipuladas por las élites nacionales, haciéndose de esta forma muy poco diferenciables.
II. CLIENTELISMO Y ASISTENCIALISMO.
Por clientelismo se entiende como: “una relación de cambio desigual, recíproca y personal entre sujetos –trátese de individuos o de grupos- que tienen estatus socio-económicos diversos. El patrón –el sujeto de estatus superior- presta un servicio que es esencial al cliente –el sujeto de estatus inferior que vive en general en condiciones precarias- a cambio de lealtad y reconocimiento” 2.
El clientelismo se ha utilizado como mecanismo de legitimación, dominación e intermediación de las relaciones sociales en nuestro país. Pero por sobre todo, tiene una consecuencia grave para los sectores populares: el clientelismo impide la formación de la conciencia de clase. En palabras de Uprimny : “La constitución de las clases sociales como sujetos políticos autónomos susceptibles de cuestionar la permanencia del régimen es obstaculizada mediante el desarrollo de estrategias políticas específicas como el clientelismo. Tales prácticas permiten así la constitución de una suerte de sociedades ´en transición permanente´ a la modernidad, cuya viabilidad reposa en la consolidación de un sistema político neopatrimonial” 3.
De esta forma se entiende la pervivencia de esta figura, siendo estratégica, en una sociedad con graves problemas estructurales como la colombiana, agravados por la aplicación del modelo neoliberal desde los 90s y acentuados durante estos últimos ocho años de uribismo. En un país donde más del 50% de la población es pobre, aproximadamente el 20% es miserable y el trabajo informal como fuente de ingresos llega a cifras cercanas al 60%, es un país con una población maniatada, altamente manipulable y coaccionada por los programas asistencialistas en ejecución: llámese Familias en Acción, SENA, SISBEN, Hogares Comunitarios, Familias Guardabosques, Soldados Campesinos, Reinsertados, etc. Esto hace que el candidato que representa la continuidad del gobierno, en este caso Santos, tenga una gran ventaja a su favor. De esta forma, muchas veces, la necesidad, la dura realidad, el estómago, pueden más que los llamados a la conciencia. Por ello, estamos de acuerdo con Alejandro Angulo Novoa, cuando expresa: “La democracia es incompatible con el hambre. Las elecciones de los pueblos hambrientos, y Colombia es uno de ellos, no pueden ser un indicador de democracia” 4.
Completando la fórmula podemos decir que el asistencialismo va de la mano con el paternalismo y este a su vez con el clientelismo y las maquinarias políticas; elementos que manipulan la participación popular, brindan legitimidad a un sistema injusto y corrupto, desactivan la formación de una conciencia política y social –de clase- en los sectores subalternos, mientras aseguran la alianza –de clase- entre las élites para asegurar su dominio como bloque hegemónico de poder.
Se ha impedido así, en Colombia, el desarrollo o cumplimiento efectivo de los derechos, la verdadera ciudadanía y la verdadera democracia; quedándonos sólo en su componente retórico: la ciudadanía y la democracia formal, apariencias que son mostradas ante el mundo como demostración de “solidez y profundidad”, con el fin de engañar, también, en el ámbito internacional.
III. CLIENTELISMO Y DEMOCRACIA.
Una buena síntesis de la relación entre clientelismo y democracia la presentan Mario Hernández, Doris Ochoa y Edgar Novoa, en uno de sus trabajos: “Con el predominio del clientelismo, como la estrategia fundamental de relación con el Estado, se ha esterilizado la participación política democrática por cuatro razones: primero, porque implica obtener del Estado un beneficio, no por la acción propia sino a través de la intermediación de terceros. Segundo, la inaccesibilidad del Estado y la falta de transparencia del aparato burocrático ha obligado a la población a acudir a la ayuda, o a los favores de los ´patrones´ de los partidos. Así la relación con el Estado aparece no como una relación de derechos, deberes y obligaciones, sino como un intercambio de favores y lealtades. Tercero, el clientelismo ha dejado sin oxígeno la vida política local, ámbito por excelencia de la movilización social y de acercamiento de los ciudadanos a las decisiones públicas. Si no se incide en las decisiones, no hay razón para participar. Y cuarto, la verticalidad y la asimetría de las relaciones clientelistas supone de por sí una abdicación de la condición de ciudadano pues no es posible exigir ni demandar” 5.
Por todo lo anterior, más que ceguera o ganas de garrote, yo hablaría del asistencialismo y el clientelismo, en perspectiva histórica, como una causa importante que ayudan a explicar nuestra actual gran crisis social.
Alejandro Hernán Quintero Galeano
1.Giraldo C. ¿Protección o desprotección social? Desde abajo. 2007. Pág. 39.
2.Uprimny R, Legitimidad, clientelismo y política en Colombia. Un ensayo de interpretación. Cuadernos de Economía. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Volumen X. Nro. 13. 1989. P. 127.
3.Uprimny R, Idem. P. 126.
4.Novoa A. Con Hambre no hay democracia. Análisis del CINEP sobre elecciones del 30-05.
5.Hernández M, Ochoa D y Novoa E. Lo público y lo privado. Del capital social a la construcción de lo público. Revista Trans. Nro. 1 2001. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá P. 34.
Alejandro Angulo Novoa CINEP.
En estas épocas de agite electoral en Colombia se pone en la palestra tanto a nivel nacional como internacional la calidad de nuestra democracia. Los medios de comunicación –de propiedad privada- arremeten con toda su influencia tomando rápidamente partido, las firmas encuestadoras establecen sus vaticinios –no pulcros ni santos-, se crea así una matriz de opinión favorable a unos y desfavorable a otros; pero por sobre de ello, el interés general es –a la mejor manera de su género: la falsi comedia- el hacer ver y sentir tanto a nivel local como internacional la supuesta estabilidad y fortaleza de nuestra “democracia”1.
Una preguntas después del pasado 30 de mayo sale a la palestra: ¿Cómo es posible que un pueblo golpeado históricamente, con una mayor intensidad durante estos últimos ocho años, vota por el candidato que asegura la continuidad del garrote?
Los análisis que intentar dar cuenta de este fenómeno se presentan, sus aproximaciones son variadas, resaltando su origen multicausal: los históricos estructurales, como responsables de la hegemonía ideológica a favor de las élites (con la educación, la religión, los medios masivos de comunicación, el cine, etc.), responsables de buena parte de nuestra “ceguera” política; el clientelismo con su pariente cercano el asistencialismo; además, de lo infaltable en nuestra realidad, el fraude y la coacción a muchos de los habitantes y en diferentes regiones.
Desconocer la historia de Colombia para explicar este complejo fenómeno representaría una gran obtusidad mental además de un error imperdonable. El presente ensayo intenta hacer una aproximación desde el asistencialismo como instrumento que ha favorecido y perpetuado el clientelismo, herramienta de gran peso a la hora de explicar esta situación.
I. El ASISTENCIALISMO EN COLOMBIA
Hablar de asistencialismo nos remite a hablar de Sistema de Protección Social y su correlación con los derechos. Como lo expresa, César Giraldo, en alusión a su origen histórico: “La Protección Social a cargo del Estado surgió con el capitalismo, en la medida en que la mercantilización de la fuerza de trabajo destruyó las redes de protección social que existían hasta ese entonces, las cuales se basaban en la adherencia a un orden social, tales como la familia extensa y la protección del señor” . De esta forma, al considerar el transcurrir de los años, se evidencian transformaciones al interior del sistema capitalista –secundarias a sus crisis intrínsecas y extrínsecas, y a los diferentes resultantes de la correlación de las fuerzas sociales en las diferentes épocas- presionando el surgimiento de los diferentes modelos para el funcionamiento del estado: inicialmente el liberal clásico, luego el benefactor y posteriormente el neoliberal. Teniendo cada uno de ellos su influencia en la concepción y alcances de la Protección Social PS, pasando de la asistencialista, al aseguramiento, luego al universalismo y recientemente (finales del siglo XX y comienzos del XXI) al neoasistencialismo.
La concepción de los servicios sociales (la salud, la educación, la vivienda, etc.,) y de los bienes públicos (servicios y espacios públicos: el alumbrado, las vías, los parques, etc.,) como derechos sólo surge con la concepción del aseguramiento vinculada al contrato laboral, y principalmente, con el universalismo bajo la égida del estado social del modelo benefactor europeo; modelo no desarrollado por los países de América Latina.
Recientemente, bajo las premisas del modelo neoliberal se sufre una regresión histórica en la concepción de la PS pasando del aseguramiento y el universalismo al neoasistencialismo, nuevamente bajo las premisas del individualismo y la desestructuración de los problemas sociales. Pero esta vez, con el fin de incentivar el sector privado: a) con el mercado de seguros, b) permitiendo el desmonte del estado social dando paso a la privatización de los bienes y servicios públicos, y c) destruyendo todas las garantías asociadas al contrato de trabajo, bajo la figura de la flexibilización laboral; todo estos cambios a favor del sector financiero nacional e internacional, en lo que se ha denominado la financiarización, cuyas consecuencias afrontan en la actualidad todos los países sometidos a este sistema, incluso los europeos (p.e. Grecia, España, etc).
El caso colombiano es, como en muchos otros temas, sui generis; pues en vez del desarrollo del estado benefactor con la figura del estado social, nuestro estado asumió en la práctica, todo lo contrario, la connotación del Patrimonialismo de Estado, que no es otra cosa que el apoderamiento del estado por parte de las élites del país. Esta situación ha sido una de las principales razones para que en Colombia: a) se haya disociado lo económico de lo político, con una especie de corporativismo a favor de los gremios privados; casos como el de la ANDI son un fiel reflejo de que en nuestro país los gremios económicos están por encima de los partidos políticos; b) no hayamos podido superar la concepción asistencialista de la PS; más bien haya primado el elemento caritativo tanto privado como público, con una gran influencia en el tiempo de la iglesia católica; en otras palabras, nunca a través de nuestros 200 años de historia los bienes y servicios públicos en el país han sido considerados como derechos para todos sus habitantes. Y c) esa visión caritativa-asistencialista haya permitido la profundización de las relaciones clientelistas, entre los sectores populares y sus representantes políticos, convirtiéndose en un eje histórico transversal en el desarrollo de nuestro estado-nación, propio de países política y socialmente atrasados. Con lo cual se ha obstaculizado, a través de la historia, el desarrollo de un verdadero sistema democrático, disociando lo social de lo político –situación que permite explicar la connotación policlasista de nuestros partidos tradicionales Conservador y LIberal, además de muchos de los recientemente formados desde la derecha como El Partido de La U, Cambio Radical y el Partido Verde; convirtiéndose más que en representates de intereses diferentes, en maquinarias de intermediación de las necesidades sociales dirigidas, moldeadas y manipuladas por las élites nacionales, haciéndose de esta forma muy poco diferenciables.
II. CLIENTELISMO Y ASISTENCIALISMO.
Por clientelismo se entiende como: “una relación de cambio desigual, recíproca y personal entre sujetos –trátese de individuos o de grupos- que tienen estatus socio-económicos diversos. El patrón –el sujeto de estatus superior- presta un servicio que es esencial al cliente –el sujeto de estatus inferior que vive en general en condiciones precarias- a cambio de lealtad y reconocimiento” 2.
El clientelismo se ha utilizado como mecanismo de legitimación, dominación e intermediación de las relaciones sociales en nuestro país. Pero por sobre todo, tiene una consecuencia grave para los sectores populares: el clientelismo impide la formación de la conciencia de clase. En palabras de Uprimny : “La constitución de las clases sociales como sujetos políticos autónomos susceptibles de cuestionar la permanencia del régimen es obstaculizada mediante el desarrollo de estrategias políticas específicas como el clientelismo. Tales prácticas permiten así la constitución de una suerte de sociedades ´en transición permanente´ a la modernidad, cuya viabilidad reposa en la consolidación de un sistema político neopatrimonial” 3.
De esta forma se entiende la pervivencia de esta figura, siendo estratégica, en una sociedad con graves problemas estructurales como la colombiana, agravados por la aplicación del modelo neoliberal desde los 90s y acentuados durante estos últimos ocho años de uribismo. En un país donde más del 50% de la población es pobre, aproximadamente el 20% es miserable y el trabajo informal como fuente de ingresos llega a cifras cercanas al 60%, es un país con una población maniatada, altamente manipulable y coaccionada por los programas asistencialistas en ejecución: llámese Familias en Acción, SENA, SISBEN, Hogares Comunitarios, Familias Guardabosques, Soldados Campesinos, Reinsertados, etc. Esto hace que el candidato que representa la continuidad del gobierno, en este caso Santos, tenga una gran ventaja a su favor. De esta forma, muchas veces, la necesidad, la dura realidad, el estómago, pueden más que los llamados a la conciencia. Por ello, estamos de acuerdo con Alejandro Angulo Novoa, cuando expresa: “La democracia es incompatible con el hambre. Las elecciones de los pueblos hambrientos, y Colombia es uno de ellos, no pueden ser un indicador de democracia” 4.
Completando la fórmula podemos decir que el asistencialismo va de la mano con el paternalismo y este a su vez con el clientelismo y las maquinarias políticas; elementos que manipulan la participación popular, brindan legitimidad a un sistema injusto y corrupto, desactivan la formación de una conciencia política y social –de clase- en los sectores subalternos, mientras aseguran la alianza –de clase- entre las élites para asegurar su dominio como bloque hegemónico de poder.
Se ha impedido así, en Colombia, el desarrollo o cumplimiento efectivo de los derechos, la verdadera ciudadanía y la verdadera democracia; quedándonos sólo en su componente retórico: la ciudadanía y la democracia formal, apariencias que son mostradas ante el mundo como demostración de “solidez y profundidad”, con el fin de engañar, también, en el ámbito internacional.
III. CLIENTELISMO Y DEMOCRACIA.
Una buena síntesis de la relación entre clientelismo y democracia la presentan Mario Hernández, Doris Ochoa y Edgar Novoa, en uno de sus trabajos: “Con el predominio del clientelismo, como la estrategia fundamental de relación con el Estado, se ha esterilizado la participación política democrática por cuatro razones: primero, porque implica obtener del Estado un beneficio, no por la acción propia sino a través de la intermediación de terceros. Segundo, la inaccesibilidad del Estado y la falta de transparencia del aparato burocrático ha obligado a la población a acudir a la ayuda, o a los favores de los ´patrones´ de los partidos. Así la relación con el Estado aparece no como una relación de derechos, deberes y obligaciones, sino como un intercambio de favores y lealtades. Tercero, el clientelismo ha dejado sin oxígeno la vida política local, ámbito por excelencia de la movilización social y de acercamiento de los ciudadanos a las decisiones públicas. Si no se incide en las decisiones, no hay razón para participar. Y cuarto, la verticalidad y la asimetría de las relaciones clientelistas supone de por sí una abdicación de la condición de ciudadano pues no es posible exigir ni demandar” 5.
Por todo lo anterior, más que ceguera o ganas de garrote, yo hablaría del asistencialismo y el clientelismo, en perspectiva histórica, como una causa importante que ayudan a explicar nuestra actual gran crisis social.
Alejandro Hernán Quintero Galeano
1.Giraldo C. ¿Protección o desprotección social? Desde abajo. 2007. Pág. 39.
2.Uprimny R, Legitimidad, clientelismo y política en Colombia. Un ensayo de interpretación. Cuadernos de Economía. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Volumen X. Nro. 13. 1989. P. 127.
3.Uprimny R, Idem. P. 126.
4.Novoa A. Con Hambre no hay democracia. Análisis del CINEP sobre elecciones del 30-05.
5.Hernández M, Ochoa D y Novoa E. Lo público y lo privado. Del capital social a la construcción de lo público. Revista Trans. Nro. 1 2001. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá P. 34.
viernes, 23 de julio de 2010
ENTREVISTA A CARLOS GAVIRIA por Cecilia Orozco
Entrevista a Carlos Gaviria Díaz por Cecilia Orozco Tascón, El Espectador, Bogotá, julio 11 de 2010
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No duda de que perdió la consulta interna por votos de oponentes de otros partidos. Habla de las “actitudes desafiantes y solitarias” de algunos. Pero reconoce que ese estilo sería “respuesta a actitudes hostiles que pueden modificarse”. Y asegura que prefiere que le digan “radical a pragmático”.
Cecilia Orozco Tascón.- Muchos analistas hablan de una división irremediable del Polo ¿Qué dice usted sobre la difícil situación que enfrenta su partido?
Carlos Gaviria Díaz.- La amenaza de división ha sido el sino del Polo desde su origen. Soldar de manera eficiente piezas que andaban separadas y no se avenían, no es tarea sencilla. Situaciones igualmente preocupantes se han vivido y hemos salido airosos. El análisis con alta dosis de ecuanimidad y la actitud receptiva del argumento del otro, tienen que afinarse de nuevo en esta coyuntura. No les temo a las disensiones sino a la forma inadecuada de tramitarlas. Algo tiene que habernos enseñado la experiencia negativa del pasado.
C.O.T.- ¿A cuál de las experiencias negativas se refiere? ¿Tal vez a la crisis que se vivió durante la alcaldía y posterior retiro del partido de Lucho Garzón?
C.G.D.- Permítame que omita el inventario que resultaría contraproducente, pero quiero referirme al hecho de que discrepancias que hubieran podido debatirse internamente, si de veras un propósito común y unitario hubiera prevalecido, se tramitaban a través de los medios de manera desapacible, esforzándose cada uno de los protagonistas porque su interés personal y el de su sector, prevaleciera ante el de su contradictor.
C.O.T.- Usted ha sido un protagonista del Polo ¿Ha caído en esta tentación?
C.G.D.- Sí, desde luego.
C.O.T. La más reciente crisis del Polo deriva de la decisión de Gustavo Petro de entrevistarse con Juan Manuel Santos y pedirle diálogo alrededor de unos temas de la campaña, sin consultar a la directiva del partido ¿Cuál es su criterio al respecto?
C.G.D.- Las actitudes solitarias y desafiantes no son las más positivas en un predicamento como el actual. Los votos no son del candidato sino del partido. Puedo dar testimonio de que muchos sectores votaron por disciplina de partido y pensando en la supervivencia del mismo. Si la organización del Polo es democrática, la arrogancia individual contradice esa filosofía y resulta atentatoria de la unidad, cuya preservación es urgente. En el Polo no puede haber espacio para el caudillismo que con buenas razones hemos criticado.
C.O.T.- ¿Cuándo habla de un “predicamento como el actual” lo relaciona con la crisis interna del Polo, o con al triunfo aplastante de Santos y la práctica eliminación de la oposición, por vía de la unidad nacional que él propone?
C.G.D.- Cada uno de esos hechos sería preocupante desde la perspectiva de la construcción de una democracia como la que el Polo busca. Pero conjugados, multiplican la gravedad de la situación. Pienso que si el partido hubiera llegado a las elecciones con una unidad más sólida, el resultado probablemente hubiera sido diferente y nosotros habríamos estado mejor preparados para afrontar la situación. El Polo creo, habría tenido más claro que el rol que le corresponde ahora es el de partido opositor, así Santos incorpore a su agenda algunos de los puntos programáticos promovidos en su campaña por nuestro candidato. Porque parece evidente que la sociedad que Santos quiere, es bien diferente de la que nosotros juzgamos deseable.
C.O.T. Vuelvo a los analistas: algunos han dicho que Petro tiene las bases del Polo y que sus directivas tienen la estructura, que iría en contravía de las bases ¿Qué opina?
C.G.D.- Cada quien puede hacer interpretaciones a su amaño, pero la que debe prevalecer, a mi juicio, es la que resulte más a tono con la filosofía democrática del partido. Averiguar la intención de cada votante no sólo es imposible sino impertinente. Lo que parece irrebatible es que la gente votó por el candidato de un partido y esto se da muchas veces, aún venciendo reservas personales con respecto a quien encarna el proyecto político del partido.
C.O.T. - No puedo pasar por alto que, aunque diplomáticamente, usted menciona los términos “arrogancia individual”, “caudillismo”, y en esta última respuesta, “venciendo reservas personales”, refiriéndose, sin nombrarlo, a Petro. Pero él no va a cambiar de estilo. Al contrario, se reafirma cada vez que puede ¿Cuál es la solución entonces?
C.G.D.- Usted insinúa en su pregunta, con alguna dosis de perfidia, que el estilo personal del doctor Petro y su carácter, que supone incorregibles, jamás van a avenirse con la actitud que otros juzgamos más apetecible dentro del Partido. Yo, sin embargo, soy obstinado. Pienso que no hay personas incorregibles y que muchas veces el estilo y el carácter son la respuesta a actitudes hostiles que pueden también modificarse positivamente. En síntesis, no creo que haya incompatibilidades insuperables y reitero que juzgo muy importante la presencia de Gustavo Petro en el partido.
C.O.T.- Me da pena insistirle: la seguridad de Petro para actuar casi por fuera del Polo, parece derivar de la certeza de que él que cuenta con la mayoría de los votos de izquierda. Uno, porque ganó la consulta interna frente a usted. Dos, porque sacó en la presidencial, contra todos los pronósticos, un millón y medio de votos.
C.G.D.- Nadie puede asegurar que los votos que se depositaron en la consulta abierta fueron todos de la izquierda. Algo más: la hipótesis contraria suena más plausible. Y el millón y medio de votos obtenidos en las presidenciales no fue sólo producto del desempeño personal del candidato, sino de un partido cuyas directivas y militancia lo acompañaron, especialmente cuando retomó un proyecto de izquierda que al comienzo de la campaña estuvo muy desdibujado. Hace 4 años cuando, siendo yo candidato, se obtuvo una votación de 2.613.000 votos, nunca los reclamé como míos sino que señalé el hecho como un gran logro de un partido de izquierda. Y hay que convenir en que la cifra obtenida recientemente es algo menos significativa.
C.O.T.- A propósito: me parece que a usted lo cogió “fuera de base” la votación minoritaria por su candidatura en la consulta interna ¿Estaba seguro de ganar y esa derrota lo tomó por sorpresa?
C.G.D.- Los sondeos de opinión y las encuestas eran ampliamente favorables a mi candidatura, pero el resultado no me cogió fuera de base. Mis amigos más próximos pueden dar fe de que siempre consideré posible la derrota más aún tratándose de una consulta en la que nuestros oponentes podían incidir en la escogencia de su contendor, como muy probablemente ocurrió.
C.O.T.- Es interesante su sugerencia de que su contendor ganó con votos que no eran del Polo ¿Cree que votantes enviados por otros partidos participaron en la consulta polista para derrotarlo a usted?
C.G.D.- Soy poco amigo de las afirmaciones categóricas pero en este caso, no tengo la menor duda. Así ocurrió, pero era predecible y se aceptó como parte de las reglas de juego establecidas por el congreso del partido.
C.O.T.- Petro ha sugerido recientemente, pero ya lo ha hecho en otras ocasiones, que podría buscar alternativas políticas por fuera del Polo ¿Qué debería hacer el partido frente a este “preaviso”?
C.G.D.- No hago parte de los órganos directivos y decisorios del Polo, pero mi opinión particular es que Gustavo Petro es un elemento muy valioso del partido y que lo deseable es que siga aportando dentro del mismo, pero que el Polo no debe ceder ante presiones indebidas, que pueden terminar desnaturalizando los propósitos inscritos en el ideario de unidad. Antes de la consulta, el doctor Petro tuvo idénticas dudas y acabó optando por su permanencia en el Polo. Si fue acertada o errática su decisión, es él quien debe evaluarlo.
C.O.T.- Hay un factor en el que parece tener razón el ex candidato del Polo aunque también es extraño que sea él quien asuma esa bandera: la de investigar la presunta corrupción en la asignación de contratos en la alcaldía de Bogotá ¿El partido no debería tener instancias éticas que hagan esa tarea en vez de que la asuma un individuo?
C.G.D.- Lo que a mí me sorprende es que si existe una percepción tan generalizada de que hay corrupción en la Administración Distrital, tenga que ser una instancia privada la que haga semejante investigación. Yo soy partidario decidido del Estado de Derecho y no soy amigo de que los jueces y fiscales sean sustituidos por ciudadanos particulares o por partidos políticos. Creo procedente verificar “prima facie” si existen razones para solicitar de las autoridades competentes que cumplan deberes que no pueden eludir. Me parece positiva la actitud del Alcalde en el sentido de que toda veeduría es bienvenida. Verificada la existencia de los hechos y su carácter delictivo o, aún irregular, por quienes tienen competencia para hacerlo, a las instancias del partido les incumbe proceder de conformidad.
C.O.T.- Muchos dan por hecho que el Polo perderá la alcaldía de Bogotá por la baja popularidad de Samuel Moreno ¿Cómo califica usted esta administración y cómo impedir que esa mala imagen del alcalde “contamine” a todo el partido?
C.G.D.- Mi formación jurídica me lleva a no guiarme por rumores y comentarios así sean muy persistentes, pero no a desentenderme de los mismos. Claro que me preocupan y por esa razón juzgo urgente una investigación. No tengo elementos de primera mano pues no he visitado el despacho del alcalde más de tres veces, cuando creí necesario e inevitable hablar con el doctor Samuel Moreno. Pero ni siquiera cuando fui presidente del partido me resultó fácil la comunicación con él, y otro tanto me ocurrió con Lucho. Lo que puedo asegurarle es que el Polo tiene cartas muy valiosas qué jugar en su aspiración legítima de retener la alcaldía de Bogotá, pues al lado de la preocupante percepción negativa, hay resultados indiscutibles en materia social, de esas dos gestiones.
C.O.T.- Me da la impresión de que, de manera implícita, toma distancia de las personas y las administraciones del Polo en Bogotá ¿Por qué?
C.G.D.- Siendo presidente del Polo manifesté muchas veces mi inconformidad con la manera como Lucho y Samuel marcaban distancia con el partido, arguyendo que su gestión no se hacía en nombre del mismo sino de toda “la ciudadanía”. Claro que los gobernantes elegidos popularmente gobiernan para todos, pero con un ideario de partido que les sirvió de bandera para su elección y a nombre del cual resultaron electos. Las relaciones fluidas entre el gobernante y su partido son no sólo deseables sino necesarias. Por eso, en una democracia son mejores los partidos que las montoneras. Hablar de “la ciudadanía” es aludir a una entidad gaseosa e inorgánica. No me parece coherente apelar al partido en el momento de la elección y después repudiarlo. Tengo razones personales para apreciar a Lucho y a Samuel, pero esa circunstancia no puede inhibirme para formular reparos a sus actuaciones.
C.O.T.- Precisamente en la más reciente edición de la revista Semana se dice que el Polo está dividido en tres bloques: el de Petro; el que llaman de “los pragmáticos” donde ubican a los Moreno y a Jaime Dussán; y el de “los radicales” encabezados supuestamente por usted y por el senador Robledo ¿Esta división es real y la denominación de cada grupo refleja su tendencia?
C.G.D.- La esquematización simplista siempre resulta más fácil que la percepción del matiz. Yo sólo puedo responderle por lo que me concierne: infinitas veces repetí que mi “radicalismo” nada tiene que ver con la inflexibilidad o el sectarismo sino con el hecho de que mis convicciones políticas no son epidérmicas. En materia de respeto por las creencias ajenas, la filosofía que profeso es la liberal ilustrada y no tengo la mínima inhibición para declararlo. Si me encuentran algún parentesco ideológico con Ezequiel Rojas o Rojas Garrido o cualquier otro exponente del grupo que históricamente se conoce como radical, por algunos aspectos diferentes a su concepción económica, no me siento injuriado sino exaltado. Prefiero eso sí, que me llamen radical a pragmático.
C.O.T.- Recientemente le oí decir en una entrevista radial que los partidos en Colombia parecen tener miedo de ser oposición política e incluso hasta de usar esa palabra. ¿Cuál es su teoría sobre este tema?
C.G.D.- A los colombianos se nos ha educado en una filosofía de la obediencia, según la cual desviarse de la ortodoxia, del pensamiento oficial, es un pecado. Oposición no es sinónimo de obstrucción irracional a cuanta iniciativa venga del gobierno. Las elecciones son el escenario en el cual esas propuestas, con acatamiento riguroso a las reglas de juego reconocidas por todos, se disputan la hegemonía. Los partidos derrotados, si es que de verdad tenían programas distintos al del triunfador, serán partidos en trance de llegar al poder, cuya vía de acceso no es entonces la dulce cooptación burocrática (donde cualquier desacuerdo desaparece) sino la exigencia de garantías que justamente han de estar contenidas en un estatuto de la oposición.
C.O.T.- El único partido que claramente podría ser opositor político del gobierno Santos, es el Polo. ¿Cree que en agosto estará diezmado o ve alguna salida a la encrucijada actual?
C.G.D.- Voy a ser realista. En el Polo, y en cualquier otro partido dentro de nuestra tradición, hay quienes hacen de la militancia política en él, un medio para colmar sus ambiciones personales. ¿No vimos, acaso antes de las últimas elecciones, candidatos que exploraban cuál partido resultaría más funcional a sus pretensiones, con prescindencia de su proyecto ideológico? Yo tengo la fundada esperanza de que el Polo, sus sectores mayoritarios y sus directivas, mantengan la actitud digna y democrática observada durante el gobierno de Uribe: nuestro lugar correcto es la oposición.
C.O.T.- ¿Acaba de hacer otra referencia tácita a Petro o me equivoco?
C.G.D.- Acabo de hacer una referencia explícita al Polo.
C.O.T.- Suponga que se superan las dificultades y el Polo llega fuerte y unido al 7 de agosto ¿Cómo podrá hacer oír su voz opositora el partido con un grupo tan pequeño en el Congreso que ya no tendrá ni siquiera el acompañamiento del liberalismo?
C.G.D.- Me parece un hecho incuestionable que el Polo fue el único opositor decidido al gobierno de Uribe. El liberalismo lo fue sólo en algunos asuntos específicos y a través de algunos de sus voceros más valientes, pero padeció el síndrome de que hablábamos más atrás: el temor de aparecer como partido de oposición. No obstante, el Polo cumplió una tarea admirable, tanto en el campo de la iniciativa legislativa (sus proyectos estaban avocados al fracaso aplastados por la inmensa mayoría uribista) como, y muy especialmente, por sus debates de control político. No tengo reservas para afirmar categóricamente que la del Polo fue la bancada más brillante y coherente en las pasadas legislaturas. Le toca repetir la parábola en condiciones quizá más desventajosas todavía, pero con dos factores nuevos, que pueden ser positivos: 1. Mucha gente va a desencantarse del proyecto uribista ya tan prolongado, y 2. Creo que el Presidente Santos, que es inteligente, se va a precaver de repetir máculas evidentes del pasado gobierno de las cuales él mismo debe sentirse un tanto abochornado.
C.O.T.- ¿Regresará a asumir alguna posición directiva dentro del Polo o esa actividad ya concluyó para siempre por decisión suya?
C.G.D.- Siento que ahora mis responsabilidades con el Polo son las de un militante que sigue convencido de que el proyecto es necesario y viable, sin ignorar sus dificultades. El Partido me asignó dignidades y responsabilidades que agradezco y que me comprometen ahora y en el futuro. Pero voy a repetirle algo que usted tiene derecho a no creer: no quería que se me reeligiera como presidente del partido. No quería que mi nombre jugara nuevamente para la consulta presidencial pero algunos sectores y amigos próximos invocaron intereses más allá de mis deseos y por eso asumí de nuevo esas responsabilidades. No veo en este momento ni conveniente ni necesario que vuelva esas instancias directivas y creo que esa misma idea la comparte la inmensa mayoría del Polo.
¿Eliminación de la reelección presidencial?
Cecilia Orozco.- Si le propusieran regresar a la presidencia del Polo ¿Aceptaría?
Carlos Gaviria.- No creo que a nadie se le ocurra pero, además, espero que mi carácter esté más fortalecido.
C.O.T.- En otro nivel: ¿Haría campaña para ser elegido, por ejemplo, alcalde de Medellín u otro cargo de representación popular en un Concejo o Asamblea?
C.G.D.- ¡Ni pensarlo!
C.O.T.- ¿Qué opina de una posible candidatura de Álvaro Uribe a la alcaldía de Bogotá?
C.G.D.- Se citan casos como el de Alberto Lleras que fue concejal de Chía, después de haber ocupado la Presidencia, y Aquileo Parra que aceptó la alcaldía de Sesquilé, también después de haber sido Jefe de Estado. Pero allí, evidentemente, había auténtica vocación de servicio, y no libido imperandi. Creo que el del doctor Uribe es un deseo (si lo tiene) distinto al de Lleras y Parra.
C.O.T.- ¿Por aquello de la libido imperandi?
C.G.D.- Parece que usted lo ha adivinado.
C.O.T.- Y a propósito de los gobiernos de Uribe y los de, probablemente, Santos: ¿Estaría de acuerdo en presentar un proyecto de reforma constitucional para eliminar la posibilidad de reelección presidencial inmediata?
C.G.D.- En Colombia, y por la experiencia pasada inmediata, me parece saludable y necesario.
“Unidad” irreal
C.O.T.- ¿Qué opina de la propuesta de unidad nacional de Santos frente al estilo de confrontación de Uribe?
C.G.D.- El estilo belicoso y retador del presidente Uribe es algo deplorable, pero no puede extraerse de allí la conclusión de que la confrontación debe eliminarse de la política, pues la política es, por su esencia, confrontación. Pero confrontación civilizada de proyectos ideológicos, con rigurosa sujeción a reglas aceptadas por todos. Pasar de ahí a la ficción retórica e “inocente” de la unidad nacional enviando el mensaje de que, en un país donde innegablemente hay sectores cuyos intereses resultan incompatibles con los de otros, todos estamos de acuerdo en todo, es irreal y antidemocrático. Es tratar de sustituir, estratégicamente, la voluntad general por una voluntad simplemente mayoritaria, en términos de Rousseau. Nada tan dañino para una democracia en cierne, como las ficciones banales pero estimulantes de las ambiciones burocráticas de quienes hasta ayer eran contradictores del candidato victorioso. En síntesis: ni confrontación atroz ni retorno al Frente Nacional.
C.O.T.- ¿Cómo califica la atracción que ha hecho de todos los jefes políticos, y los nombramientos?
C.G.D.- Su línea de conducta debe consistir en reunirse con las directivas de los partidos reconocidas como tales por ellos mismos, y no con personas que carezcan de ese reconocimiento. Esa línea de conducta, sin duda, sería positiva. Carezco de suficientes elementos de juicio para evaluar algunas de las personas nombradas, pero hago una excepción: Me parece que María Ángela Holguín conoce el tema de las relaciones internacionales y es capaz de renunciar cuando juzgue que es esa la actitud correcta. Así lo demostró en un episodio aún reciente. Y me he enterado de que el nuevo ministro de Agricultura será Juan Camilo Restrepo, fuerte crítico de las políticas fiscales del actual gobierno. Debe ser preocupante para el mandatario saliente.
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No duda de que perdió la consulta interna por votos de oponentes de otros partidos. Habla de las “actitudes desafiantes y solitarias” de algunos. Pero reconoce que ese estilo sería “respuesta a actitudes hostiles que pueden modificarse”. Y asegura que prefiere que le digan “radical a pragmático”.
Cecilia Orozco Tascón.- Muchos analistas hablan de una división irremediable del Polo ¿Qué dice usted sobre la difícil situación que enfrenta su partido?
Carlos Gaviria Díaz.- La amenaza de división ha sido el sino del Polo desde su origen. Soldar de manera eficiente piezas que andaban separadas y no se avenían, no es tarea sencilla. Situaciones igualmente preocupantes se han vivido y hemos salido airosos. El análisis con alta dosis de ecuanimidad y la actitud receptiva del argumento del otro, tienen que afinarse de nuevo en esta coyuntura. No les temo a las disensiones sino a la forma inadecuada de tramitarlas. Algo tiene que habernos enseñado la experiencia negativa del pasado.
C.O.T.- ¿A cuál de las experiencias negativas se refiere? ¿Tal vez a la crisis que se vivió durante la alcaldía y posterior retiro del partido de Lucho Garzón?
C.G.D.- Permítame que omita el inventario que resultaría contraproducente, pero quiero referirme al hecho de que discrepancias que hubieran podido debatirse internamente, si de veras un propósito común y unitario hubiera prevalecido, se tramitaban a través de los medios de manera desapacible, esforzándose cada uno de los protagonistas porque su interés personal y el de su sector, prevaleciera ante el de su contradictor.
C.O.T.- Usted ha sido un protagonista del Polo ¿Ha caído en esta tentación?
C.G.D.- Sí, desde luego.
C.O.T. La más reciente crisis del Polo deriva de la decisión de Gustavo Petro de entrevistarse con Juan Manuel Santos y pedirle diálogo alrededor de unos temas de la campaña, sin consultar a la directiva del partido ¿Cuál es su criterio al respecto?
C.G.D.- Las actitudes solitarias y desafiantes no son las más positivas en un predicamento como el actual. Los votos no son del candidato sino del partido. Puedo dar testimonio de que muchos sectores votaron por disciplina de partido y pensando en la supervivencia del mismo. Si la organización del Polo es democrática, la arrogancia individual contradice esa filosofía y resulta atentatoria de la unidad, cuya preservación es urgente. En el Polo no puede haber espacio para el caudillismo que con buenas razones hemos criticado.
C.O.T.- ¿Cuándo habla de un “predicamento como el actual” lo relaciona con la crisis interna del Polo, o con al triunfo aplastante de Santos y la práctica eliminación de la oposición, por vía de la unidad nacional que él propone?
C.G.D.- Cada uno de esos hechos sería preocupante desde la perspectiva de la construcción de una democracia como la que el Polo busca. Pero conjugados, multiplican la gravedad de la situación. Pienso que si el partido hubiera llegado a las elecciones con una unidad más sólida, el resultado probablemente hubiera sido diferente y nosotros habríamos estado mejor preparados para afrontar la situación. El Polo creo, habría tenido más claro que el rol que le corresponde ahora es el de partido opositor, así Santos incorpore a su agenda algunos de los puntos programáticos promovidos en su campaña por nuestro candidato. Porque parece evidente que la sociedad que Santos quiere, es bien diferente de la que nosotros juzgamos deseable.
C.O.T. Vuelvo a los analistas: algunos han dicho que Petro tiene las bases del Polo y que sus directivas tienen la estructura, que iría en contravía de las bases ¿Qué opina?
C.G.D.- Cada quien puede hacer interpretaciones a su amaño, pero la que debe prevalecer, a mi juicio, es la que resulte más a tono con la filosofía democrática del partido. Averiguar la intención de cada votante no sólo es imposible sino impertinente. Lo que parece irrebatible es que la gente votó por el candidato de un partido y esto se da muchas veces, aún venciendo reservas personales con respecto a quien encarna el proyecto político del partido.
C.O.T. - No puedo pasar por alto que, aunque diplomáticamente, usted menciona los términos “arrogancia individual”, “caudillismo”, y en esta última respuesta, “venciendo reservas personales”, refiriéndose, sin nombrarlo, a Petro. Pero él no va a cambiar de estilo. Al contrario, se reafirma cada vez que puede ¿Cuál es la solución entonces?
C.G.D.- Usted insinúa en su pregunta, con alguna dosis de perfidia, que el estilo personal del doctor Petro y su carácter, que supone incorregibles, jamás van a avenirse con la actitud que otros juzgamos más apetecible dentro del Partido. Yo, sin embargo, soy obstinado. Pienso que no hay personas incorregibles y que muchas veces el estilo y el carácter son la respuesta a actitudes hostiles que pueden también modificarse positivamente. En síntesis, no creo que haya incompatibilidades insuperables y reitero que juzgo muy importante la presencia de Gustavo Petro en el partido.
C.O.T.- Me da pena insistirle: la seguridad de Petro para actuar casi por fuera del Polo, parece derivar de la certeza de que él que cuenta con la mayoría de los votos de izquierda. Uno, porque ganó la consulta interna frente a usted. Dos, porque sacó en la presidencial, contra todos los pronósticos, un millón y medio de votos.
C.G.D.- Nadie puede asegurar que los votos que se depositaron en la consulta abierta fueron todos de la izquierda. Algo más: la hipótesis contraria suena más plausible. Y el millón y medio de votos obtenidos en las presidenciales no fue sólo producto del desempeño personal del candidato, sino de un partido cuyas directivas y militancia lo acompañaron, especialmente cuando retomó un proyecto de izquierda que al comienzo de la campaña estuvo muy desdibujado. Hace 4 años cuando, siendo yo candidato, se obtuvo una votación de 2.613.000 votos, nunca los reclamé como míos sino que señalé el hecho como un gran logro de un partido de izquierda. Y hay que convenir en que la cifra obtenida recientemente es algo menos significativa.
C.O.T.- A propósito: me parece que a usted lo cogió “fuera de base” la votación minoritaria por su candidatura en la consulta interna ¿Estaba seguro de ganar y esa derrota lo tomó por sorpresa?
C.G.D.- Los sondeos de opinión y las encuestas eran ampliamente favorables a mi candidatura, pero el resultado no me cogió fuera de base. Mis amigos más próximos pueden dar fe de que siempre consideré posible la derrota más aún tratándose de una consulta en la que nuestros oponentes podían incidir en la escogencia de su contendor, como muy probablemente ocurrió.
C.O.T.- Es interesante su sugerencia de que su contendor ganó con votos que no eran del Polo ¿Cree que votantes enviados por otros partidos participaron en la consulta polista para derrotarlo a usted?
C.G.D.- Soy poco amigo de las afirmaciones categóricas pero en este caso, no tengo la menor duda. Así ocurrió, pero era predecible y se aceptó como parte de las reglas de juego establecidas por el congreso del partido.
C.O.T.- Petro ha sugerido recientemente, pero ya lo ha hecho en otras ocasiones, que podría buscar alternativas políticas por fuera del Polo ¿Qué debería hacer el partido frente a este “preaviso”?
C.G.D.- No hago parte de los órganos directivos y decisorios del Polo, pero mi opinión particular es que Gustavo Petro es un elemento muy valioso del partido y que lo deseable es que siga aportando dentro del mismo, pero que el Polo no debe ceder ante presiones indebidas, que pueden terminar desnaturalizando los propósitos inscritos en el ideario de unidad. Antes de la consulta, el doctor Petro tuvo idénticas dudas y acabó optando por su permanencia en el Polo. Si fue acertada o errática su decisión, es él quien debe evaluarlo.
C.O.T.- Hay un factor en el que parece tener razón el ex candidato del Polo aunque también es extraño que sea él quien asuma esa bandera: la de investigar la presunta corrupción en la asignación de contratos en la alcaldía de Bogotá ¿El partido no debería tener instancias éticas que hagan esa tarea en vez de que la asuma un individuo?
C.G.D.- Lo que a mí me sorprende es que si existe una percepción tan generalizada de que hay corrupción en la Administración Distrital, tenga que ser una instancia privada la que haga semejante investigación. Yo soy partidario decidido del Estado de Derecho y no soy amigo de que los jueces y fiscales sean sustituidos por ciudadanos particulares o por partidos políticos. Creo procedente verificar “prima facie” si existen razones para solicitar de las autoridades competentes que cumplan deberes que no pueden eludir. Me parece positiva la actitud del Alcalde en el sentido de que toda veeduría es bienvenida. Verificada la existencia de los hechos y su carácter delictivo o, aún irregular, por quienes tienen competencia para hacerlo, a las instancias del partido les incumbe proceder de conformidad.
C.O.T.- Muchos dan por hecho que el Polo perderá la alcaldía de Bogotá por la baja popularidad de Samuel Moreno ¿Cómo califica usted esta administración y cómo impedir que esa mala imagen del alcalde “contamine” a todo el partido?
C.G.D.- Mi formación jurídica me lleva a no guiarme por rumores y comentarios así sean muy persistentes, pero no a desentenderme de los mismos. Claro que me preocupan y por esa razón juzgo urgente una investigación. No tengo elementos de primera mano pues no he visitado el despacho del alcalde más de tres veces, cuando creí necesario e inevitable hablar con el doctor Samuel Moreno. Pero ni siquiera cuando fui presidente del partido me resultó fácil la comunicación con él, y otro tanto me ocurrió con Lucho. Lo que puedo asegurarle es que el Polo tiene cartas muy valiosas qué jugar en su aspiración legítima de retener la alcaldía de Bogotá, pues al lado de la preocupante percepción negativa, hay resultados indiscutibles en materia social, de esas dos gestiones.
C.O.T.- Me da la impresión de que, de manera implícita, toma distancia de las personas y las administraciones del Polo en Bogotá ¿Por qué?
C.G.D.- Siendo presidente del Polo manifesté muchas veces mi inconformidad con la manera como Lucho y Samuel marcaban distancia con el partido, arguyendo que su gestión no se hacía en nombre del mismo sino de toda “la ciudadanía”. Claro que los gobernantes elegidos popularmente gobiernan para todos, pero con un ideario de partido que les sirvió de bandera para su elección y a nombre del cual resultaron electos. Las relaciones fluidas entre el gobernante y su partido son no sólo deseables sino necesarias. Por eso, en una democracia son mejores los partidos que las montoneras. Hablar de “la ciudadanía” es aludir a una entidad gaseosa e inorgánica. No me parece coherente apelar al partido en el momento de la elección y después repudiarlo. Tengo razones personales para apreciar a Lucho y a Samuel, pero esa circunstancia no puede inhibirme para formular reparos a sus actuaciones.
C.O.T.- Precisamente en la más reciente edición de la revista Semana se dice que el Polo está dividido en tres bloques: el de Petro; el que llaman de “los pragmáticos” donde ubican a los Moreno y a Jaime Dussán; y el de “los radicales” encabezados supuestamente por usted y por el senador Robledo ¿Esta división es real y la denominación de cada grupo refleja su tendencia?
C.G.D.- La esquematización simplista siempre resulta más fácil que la percepción del matiz. Yo sólo puedo responderle por lo que me concierne: infinitas veces repetí que mi “radicalismo” nada tiene que ver con la inflexibilidad o el sectarismo sino con el hecho de que mis convicciones políticas no son epidérmicas. En materia de respeto por las creencias ajenas, la filosofía que profeso es la liberal ilustrada y no tengo la mínima inhibición para declararlo. Si me encuentran algún parentesco ideológico con Ezequiel Rojas o Rojas Garrido o cualquier otro exponente del grupo que históricamente se conoce como radical, por algunos aspectos diferentes a su concepción económica, no me siento injuriado sino exaltado. Prefiero eso sí, que me llamen radical a pragmático.
C.O.T.- Recientemente le oí decir en una entrevista radial que los partidos en Colombia parecen tener miedo de ser oposición política e incluso hasta de usar esa palabra. ¿Cuál es su teoría sobre este tema?
C.G.D.- A los colombianos se nos ha educado en una filosofía de la obediencia, según la cual desviarse de la ortodoxia, del pensamiento oficial, es un pecado. Oposición no es sinónimo de obstrucción irracional a cuanta iniciativa venga del gobierno. Las elecciones son el escenario en el cual esas propuestas, con acatamiento riguroso a las reglas de juego reconocidas por todos, se disputan la hegemonía. Los partidos derrotados, si es que de verdad tenían programas distintos al del triunfador, serán partidos en trance de llegar al poder, cuya vía de acceso no es entonces la dulce cooptación burocrática (donde cualquier desacuerdo desaparece) sino la exigencia de garantías que justamente han de estar contenidas en un estatuto de la oposición.
C.O.T.- El único partido que claramente podría ser opositor político del gobierno Santos, es el Polo. ¿Cree que en agosto estará diezmado o ve alguna salida a la encrucijada actual?
C.G.D.- Voy a ser realista. En el Polo, y en cualquier otro partido dentro de nuestra tradición, hay quienes hacen de la militancia política en él, un medio para colmar sus ambiciones personales. ¿No vimos, acaso antes de las últimas elecciones, candidatos que exploraban cuál partido resultaría más funcional a sus pretensiones, con prescindencia de su proyecto ideológico? Yo tengo la fundada esperanza de que el Polo, sus sectores mayoritarios y sus directivas, mantengan la actitud digna y democrática observada durante el gobierno de Uribe: nuestro lugar correcto es la oposición.
C.O.T.- ¿Acaba de hacer otra referencia tácita a Petro o me equivoco?
C.G.D.- Acabo de hacer una referencia explícita al Polo.
C.O.T.- Suponga que se superan las dificultades y el Polo llega fuerte y unido al 7 de agosto ¿Cómo podrá hacer oír su voz opositora el partido con un grupo tan pequeño en el Congreso que ya no tendrá ni siquiera el acompañamiento del liberalismo?
C.G.D.- Me parece un hecho incuestionable que el Polo fue el único opositor decidido al gobierno de Uribe. El liberalismo lo fue sólo en algunos asuntos específicos y a través de algunos de sus voceros más valientes, pero padeció el síndrome de que hablábamos más atrás: el temor de aparecer como partido de oposición. No obstante, el Polo cumplió una tarea admirable, tanto en el campo de la iniciativa legislativa (sus proyectos estaban avocados al fracaso aplastados por la inmensa mayoría uribista) como, y muy especialmente, por sus debates de control político. No tengo reservas para afirmar categóricamente que la del Polo fue la bancada más brillante y coherente en las pasadas legislaturas. Le toca repetir la parábola en condiciones quizá más desventajosas todavía, pero con dos factores nuevos, que pueden ser positivos: 1. Mucha gente va a desencantarse del proyecto uribista ya tan prolongado, y 2. Creo que el Presidente Santos, que es inteligente, se va a precaver de repetir máculas evidentes del pasado gobierno de las cuales él mismo debe sentirse un tanto abochornado.
C.O.T.- ¿Regresará a asumir alguna posición directiva dentro del Polo o esa actividad ya concluyó para siempre por decisión suya?
C.G.D.- Siento que ahora mis responsabilidades con el Polo son las de un militante que sigue convencido de que el proyecto es necesario y viable, sin ignorar sus dificultades. El Partido me asignó dignidades y responsabilidades que agradezco y que me comprometen ahora y en el futuro. Pero voy a repetirle algo que usted tiene derecho a no creer: no quería que se me reeligiera como presidente del partido. No quería que mi nombre jugara nuevamente para la consulta presidencial pero algunos sectores y amigos próximos invocaron intereses más allá de mis deseos y por eso asumí de nuevo esas responsabilidades. No veo en este momento ni conveniente ni necesario que vuelva esas instancias directivas y creo que esa misma idea la comparte la inmensa mayoría del Polo.
¿Eliminación de la reelección presidencial?
Cecilia Orozco.- Si le propusieran regresar a la presidencia del Polo ¿Aceptaría?
Carlos Gaviria.- No creo que a nadie se le ocurra pero, además, espero que mi carácter esté más fortalecido.
C.O.T.- En otro nivel: ¿Haría campaña para ser elegido, por ejemplo, alcalde de Medellín u otro cargo de representación popular en un Concejo o Asamblea?
C.G.D.- ¡Ni pensarlo!
C.O.T.- ¿Qué opina de una posible candidatura de Álvaro Uribe a la alcaldía de Bogotá?
C.G.D.- Se citan casos como el de Alberto Lleras que fue concejal de Chía, después de haber ocupado la Presidencia, y Aquileo Parra que aceptó la alcaldía de Sesquilé, también después de haber sido Jefe de Estado. Pero allí, evidentemente, había auténtica vocación de servicio, y no libido imperandi. Creo que el del doctor Uribe es un deseo (si lo tiene) distinto al de Lleras y Parra.
C.O.T.- ¿Por aquello de la libido imperandi?
C.G.D.- Parece que usted lo ha adivinado.
C.O.T.- Y a propósito de los gobiernos de Uribe y los de, probablemente, Santos: ¿Estaría de acuerdo en presentar un proyecto de reforma constitucional para eliminar la posibilidad de reelección presidencial inmediata?
C.G.D.- En Colombia, y por la experiencia pasada inmediata, me parece saludable y necesario.
“Unidad” irreal
C.O.T.- ¿Qué opina de la propuesta de unidad nacional de Santos frente al estilo de confrontación de Uribe?
C.G.D.- El estilo belicoso y retador del presidente Uribe es algo deplorable, pero no puede extraerse de allí la conclusión de que la confrontación debe eliminarse de la política, pues la política es, por su esencia, confrontación. Pero confrontación civilizada de proyectos ideológicos, con rigurosa sujeción a reglas aceptadas por todos. Pasar de ahí a la ficción retórica e “inocente” de la unidad nacional enviando el mensaje de que, en un país donde innegablemente hay sectores cuyos intereses resultan incompatibles con los de otros, todos estamos de acuerdo en todo, es irreal y antidemocrático. Es tratar de sustituir, estratégicamente, la voluntad general por una voluntad simplemente mayoritaria, en términos de Rousseau. Nada tan dañino para una democracia en cierne, como las ficciones banales pero estimulantes de las ambiciones burocráticas de quienes hasta ayer eran contradictores del candidato victorioso. En síntesis: ni confrontación atroz ni retorno al Frente Nacional.
C.O.T.- ¿Cómo califica la atracción que ha hecho de todos los jefes políticos, y los nombramientos?
C.G.D.- Su línea de conducta debe consistir en reunirse con las directivas de los partidos reconocidas como tales por ellos mismos, y no con personas que carezcan de ese reconocimiento. Esa línea de conducta, sin duda, sería positiva. Carezco de suficientes elementos de juicio para evaluar algunas de las personas nombradas, pero hago una excepción: Me parece que María Ángela Holguín conoce el tema de las relaciones internacionales y es capaz de renunciar cuando juzgue que es esa la actitud correcta. Así lo demostró en un episodio aún reciente. Y me he enterado de que el nuevo ministro de Agricultura será Juan Camilo Restrepo, fuerte crítico de las políticas fiscales del actual gobierno. Debe ser preocupante para el mandatario saliente.
martes, 20 de julio de 2010
Bonaparte-Uribe ha muerto, viva Bonaparte!
A propósito del régimen político de la seguridad democrática
Bonaparte-Uribe ha muerto, viva Bonaparte!
Por: Eduardo Nieto.
La decisión tomada por la Corte Constitucional de declarar la inexequibilidad de la Ley que autorizaba le celebración del referéndum reeleccionista, vino a constituirse en su momento en el hecho político más importante y significativo de la vida política del país desde el año 2002, cuando Alvaro Uribe fue electo Presidente de la República. Así lo percibió la opinión pública y buena parte de los analistas políticos, para quienes este hecho podría significar el fin de una era y el comienzo de otra en la reciente y turbulenta historia política de país.
Evaluar la solidez de tal percepción supondría confrontarla con interrogantes como el siguiente: ¿Será que el fallo de la Corte afecta sólo la pretensión que tenía el Presidente Uribe de perpetuarse en el poder, o el mismo entraña igualmente implicaciones para la continuidad del régimen político impuesto por la seguridad democrática y el orden republicano ratificado por la Constitución del 91? Tratar de responder este interrogante constituye justamente el desafío del presente artículo.
La política de seguridad democrática
Pocos alcanzaron a imaginar que la llegada de Alvaro Uribe a la Presidencia de la República en 2002 significaría algo más que un simple cambio de Gobierno. La política de Seguridad Democrática, anunciada entonces y ejecutada durante este período como la columna vertebral de su gestión, se encargaría sin embargo de ponernos frente a la evidencia trágica de que su presencia en el Gobierno había dado lugar a un cambio drástico del régimen político.
En efecto, tras su llegada al poder, Alvaro Uribe habría logrado convencer al conjunto de las élites empresariales del país, a casi todos los partidos y movimientos políticos, a las iglesias y a los medios de comunicación, de la necesidad de ensayar la búsqueda de una solución autoritaria y derechista al conflicto social y armado del país, a fin de restablecer el orden político como garantía de existencia y reproducción del sistema social todo. La situación política de entonces, marcada por la crisis en que habían caído las negociaciones de paz del Gobierno Pastrana con las Farc, así como la misma incapacidad institucional del Estado para hacerle frente a la ofensiva militar de las guerrillas y el clamor generalizado de la sociedad por la seguridad, favorecería ampliamente el apoyo masivo de la ciudadanía al proyecto gubernamental. Igual efecto obraría el cambio del contexto internacional, cuando el gobierno de los EEUU y sus aliados le impusieron al mundo entero la estrategia de guerra antiterrorista.
El contexto particular que hizo viable tal opción estuvo determinado por la necesidad sentida por las élites empresariales de establecer un clima social y político favorable y seguro para la inversión nacional y extranjera, puntal decisivo para avanzar en el encuadramiento de la economía nacional a las exigencias y requerimientos de la globalización neoliberal. Para lograrlo, el país estaba obligado a remover lo que entonces y en sentir del capital eran los factores de mayor perturbación extra económica para los negocios: una situación crónica de inseguridad ciudadana, combinada con altos niveles de conflictividad social, situación esta que aparecía ligada tanto a la presencia guerrillera en el territorio nacional, como a la existencia de importantes reductos sindicales con capacidad de resistencia en sectores claves de la economía.
Como salida autoritaria y de extrema derecha al conflicto interno del país, la política de seguridad democrática articularía una estrategia inspirada en el propósito de lograr en el corto plazo una derrota militar contundente de las guerrillas, combinando para ello la persecución militar sostenida a los alzados en armas y el hostigamiento permanente a sectores de la sociedad civil calificados por el Gobierno como aliados y voceros de aquellos, a quienes ha sindicado de terroristas. Acudiendo a un discurso simplificador y maniqueo, el Gobierno estima que lo que se vive en Colombia es una agresión terrorista que nada tiene que ver con un conflicto armado interno de raíces socioeconómicas y políticas.
Por sus alcances y contenidos, esta estrategia vendría a significar la clausura entre nosotros del ciclo de las soluciones negociadas y del reformismo socioeconómico y político como opción para buscar la paz con los alzados en armas, opción esta que parte de la premisa de que en la base del conflicto armado colombiano existen causas objetivas, relacionadas con la existencia de situaciones estructurales de pobreza, miseria y exclusión política.
Paradójicamente, la política de seguridad democrática articularía igualmente una estrategia de desmovilización e incorporación a la vida civil y política de los miembros de las organizaciones de autodefensa y paramilitares, cuyos pormenores fueron negociados y acordados entre el Gobierno y los voceros de las autodefensas en Santafé Ralito. El instrumento central de tal estrategia lo constituye la Ley de Justicia y Paz aprobada por el Congreso de República por iniciativa del Ejecutivo.
La norma contempla la ejecución de un programa intrascendente y de poco vuelo encaminado a reparar a los familiares de las víctimas de la guerra, ya que su cometido fundamental es el encubrimiento de una enorme operación de impunidad de los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos por los paramilitares, al tiempo que propicia la legitimación social y política del poder económico adquirido ilegalmente por éstos y otras mafias ligadas a economías ilícitas y gangsteriles. Con la mencionada ley, el Gobierno no sólo pretendió que los paramilitares se incorporaran a la vida legal amparados en la calidad de delincuentes políticos en su presunta condición de sediciosos, situación ésta que oportunamente la Corte Constitucional declaró inaceptable, sino que además consagró condenas irrisorias para aquellos que confesaran sus delitos ante los tribunales instituidos para procesarlos.
El país entero tiene pendiente aún hacer el balance de los resultados de la ejecución de la política de seguridad democrática. Por lo pronto, es claro que la derivación definitiva de la vida política del país hacia una opción autoritaria y de extrema derecha, como la representada por el Gobierno de Alvaro Uribe, tuvo en la izquierda y el movimiento sindical a buena parte de sus responsables. Ni los unos ni los otros se percataron a tiempo del proyecto que se fraguaba en las alturas, y tras el fracaso del Caguán siguieron actuando como si nada hubiera ocurrido, esclavos de la rutina política los unos, y del delirio del poder de las armas, los otros. El 7 de agosto de 2002, con las primeras de cambio, por fin cayeron en la cuenta de que en la Casa de Nariño se había instalado algo diferente a un nuevo Gobierno.
El régimen político de la seguridad democrática
La idea que se quiere poner de presente es que la ejecución de la política de seguridad democrática ha dado lugar a cambios drásticos en el régimen político colombiano. Al precisar tales cambios deberá tenerse en cuenta que cuando se habla de régimen político se está haciendo alusión específicamente a las actitudes prácticas asumidas por el gobierno en la ejecución de sus decisiones políticas, teniendo en cuenta que tal ejecución se hace en un contexto particular de correlación de fuerzas, factor este que es determinante en la configuración de los rasgos que identifican al régimen político.
En observancia de tal premisa debemos plantear entonces que la ejecución de la política de seguridad democrática, como divisa central del Gobierno de Alvaro Uribe, ha propiciado el afianzamiento de un régimen político autoritario de corte bonapartista, o lo que es lo mismo, de cesarismo burgués. Es propio de tales regímenes la prevalencia de la institución presidencial por encima de las demás instituciones del Estado, a las cuales subordina y somete. Es lo que se ha vivido en Colombia durante este Gobierno, cuando Bonaparte-Uribe en su calidad de Jefe del Estado ha concentrado el ejercicio del poder, personalizándolo y ejerciéndolo verticalmente, para lo cual no ha tenido reparos en saltarse o incluso desconocer las estructuras de los poderes regionales y locales legalmente constituidos, o alterar todo el sistema institucional de controles y contrapesos establecido por la Constitución Política como garantía del equilibrio del poder estatal.
Como Jefe del Estado, Bonaparte-Uribe comenzó sometiendo al Congreso de la República a los requerimientos de las decisiones políticas fundamentales del Poder Ejecutivo. En efecto, el Legislativo fue copado por las facciones que constituyen el partido del orden, esa amalgama de políticos uribistas de todos los colores, en su mayoría corruptos y comprometidos con paramilitares y mafias de todo tipo, con quienes el Presidente comparte designios políticos y a quienes disciplina por medio de la contratación pública y el reparto de la frondosa burocracia estatal y buena parte del presupuesto nacional. Otro tanto pretendió hacer con la administración de justicia. Pero en la medida en que la Rama Judicial tomó distancia de la pretensión del Ejecutivo de convertirla en cómplice y factor de legitimidad de un poder que se ha distinguido por articular y combinar habilidosamente legalidad con ilegalidad, ha tenido que soportar un prolongado sitio y el permanente asedio por parte del Presidente, quien se complace en desprestigiar públicamente sus decisiones y socavar su independencia haciendo uso para ello del poder constitucional de postulación de los aspirantes a la magistratura y a la Fiscalía General de la Nación.
Un rasgo fundamental del régimen político de la seguridad democrática ha sido la tentativa cierta y permanente de instaurar un Estado policíaco desde el Ejecutivo. No de otra manera podría interpretarse la creación de una red de informantes a sueldo al servicio del Gobierno, encargada de vigilar los movimientos de la oposición social y política. O el uso que desde la Presidencia de la República se ha hecho del DAS, al convertirlo igualmente en un organismo de espionaje y seguimiento a los opositores políticos, magistrados, disidentes y periodistas críticos del Gobierno. Desde los inicios de este Gobierno, el DAS ha actuado además en conexión directa con las organizaciones paramilitares y de autodefensa, a quienes surte y provee de información sobre actores y protagonistas del conflicto social, político y armado del país.
El régimen político de la seguridad democrática ha sido además factor decisivo para que la lumpen burguesía, vale decir, ese sector de la burguesía nacida al amparo de formas ilegales de acumulación originaria de capital, haya hecho tránsito definitivo a las formas institucionalizadas de la sociedad, la economía y el Estado. En este proceso, aparentando estar por encima de las clases y sectores de clases en conflicto, Bonaparte-Uribe ha oficiado de facilitador o amigable componedor entre las fracciones lícitas del capital y las fracciones del capital mafioso, por un lado, y el resto de la sociedad y la comunidad internacional, por otro. De alguna manera actuaba en reconocimiento de una vieja deuda: la presencia del poder mafioso y paramilitar en las estructuras sociales, económicas y políticas de la sociedad colombiana ha sido determinante en la contención del poder militar de las guerrillas y la reducción de la resistencia social y política al régimen, aunque por ello el país haya tenido que pagar un alto costo en materia de derechos humanos y democracia social y política.
Con todo, no podrá incurrirse en la inexactitud teórica y el error político de calificar a este régimen como una dictadura fascista o populista de derecha, como es propio hacerlo desde la tradición estalinista, o desde la academia por algunos profesores despistados. Aunque el régimen de Bonaparte-Uribe haya recurrido con no poca frecuencia a medios y prácticas que son propios de aquellos regímenes, no puede por ello perderse de vista la pervivencia aún del Estado liberal de derecho y de sus instituciones centrales. La continuidad de su existencia, en medio de tanta barbarie y tropel, está directamente relacionada con su vigencia política, la que a su vez se explica por el rol que aún juega como factor de conservación y reproducción del sistema, con capacidad institucional todavía de tramitar desafíos como el conflicto armado interno y el incremento de la lucha de clases, a pesar del gusto y la propensión de Bonaparte-Uribe por las formas autoritarias y grotescas de ejercer el dominio. Las élites en Colombia perciben que el grado de escalamiento de tales conflictos no les impide seguir gobernando bajo la forma republicana del Estado liberal de derecho. Curiosamente, la vigencia política del Estado liberal de derecho es precisamente lo que le ha permitido a Bonaparte-Uribe consensuar entre las élites su política de seguridad democrática y legitimarla ante el resto de la sociedad y la comunidad internacional.
Lo anterior no significa sin embargo que la radicalización del régimen político de la seguridad democrática no pueda llegar a poner en entredicho la existencia y continuidad del Estado liberal de derecho. De hecho es lo que ha ocurrido cuando desde el Ejecutivo se ha pretendido imponer un Estado policíaco, o cuando el Gobierno acude a procedimientos por fuera de la legalidad para conducirse en la guerra contra los alzados en armas o para castigar y reducir a la oposición; o cuando incluso pretende la complicidad de los otros órganos del Estado, violando abiertamente la autonomía e independencia de éstos. Tales eventos son lo suficientemente ilustrativos de lo que se ha vivido en Colombia durante el Gobierno de Uribe: una tensión permanente entre el Poder Ejecutivo y el resto de los órganos que constituyen el poder público; o lo que es lo mismo, un régimen bonapartista de derecha pretendiendo devorarse la forma republicana del Estado de derecho consagrada por la Constitución Política. La más reciente y letal avanzadilla de Bonaparte-Uribe en esta dirección fue su pretensión de hacerse reelegir Presidente por tercera vez consecutiva, a través de un referéndum plebiscitario tramitado en forma fraudulenta por los parlamentarios del partido del orden.
Referéndum y régimen político
La Ley de referéndum no pasó el control de constitucionalidad y fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. La Corte falló en derecho ciertamente, pero su decisión entraña un enorme significado político. Es posible que en su pronunciamiento hayan calado factores de diversa naturaleza: el clamor de buena parte de la opinión pública y de algunos medios de comunicación nacionales y extranjeros, que por diversas razones eran contrarios a esa iniciativa; el sentir de parte del empresariado colombiano, para quien la continuidad del Presidente significaría un empeoramiento mayor del ambiente de los negocios; así como la experiencia misma de los magistrados de la Corte, a quienes les había tocado padecer en carne propia los embates del Ejecutivo contra los miembros de la Rama Judicial. En estos asuntos, nunca estará demás evocar a Ferdinand Lasalle, para quien los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho, sino de poder.
Se trata entonces de dimensionar el alcance político de la decisión de la Corte. Es decir, respondernos la pregunta sobre las implicaciones que tal decisión pueda tener para la permanencia o continuidad del régimen político de la seguridad democrática. Lo primero que debemos registrar a este respecto es que, con la caída del referéndum, Bonaparte-Uribe terminó perdiendo el pulso que había sostenido largamente con la Rama Judicial. En el contexto de ese conflicto entre poderes, el Presidente fue derrotado, y la Corte, al fallar en contra de Uribe no solo salvó la integridad de Constitución Política y el orden republicano sino que al mismo tiempo vindicó al conjunto de la Rama Judicial.
¿Implica lo anterior el fin del régimen político de la seguridad democrática? Implica que el Presidente Alvaro Uribe no podrá aspirar a ser elegido para un nuevo período, pero no implica necesariamente la salida definitiva de Bonaparte del escenario político nacional, pues su alma penará hasta que su consuma su reencarnación o hasta que algo o alguien la conjure definitivamente. Por lo pronto, el fallo de la Corte sencillamente ha puesto a salvo la forma republicana del Estado liberal de derecho, tras sopesar que un tercer período de Bonaparte-Uribe pondría en entredicho la arquitectura institucional del Estado consagrada por el constituyente del 91, sin que ello venga a significar ipso facto el desmonte del conjunto de instrumentos jurídicos y políticos que constituyen la trama de la política de seguridad democrática.
Los términos en que se dio el debate electoral por la Presidencia de la República presagiaba que el alma de Bonaparte terminaría reencarnándose el 20 de junio, como en efecto ha ocurrido. Formalizado el hecho, el país le ha dado la bienvenida al elegido, gritando casi al unísono: Bonaparte-Uribe ha muerto, viva Bonaparte!
Ostentando otros modales, Juan Manuel Santos ciertamente se ha comprometido en darle continuidad al proyecto de la seguridad democrática, consensuándolo sobre la base de la observancia de la ley y la Constitución, para lo cual ha convocado a todos los sectores políticos y sociales a conformar un Gobierno de Unidad Nacional. Sin embargo, aún está por verse si este anuncio constituye un punto de inflexión en la dinámica del régimen político de la seguridad democrática heredado de Bonaparte-Uribe, con lo cual el nuevo Presidente estaría marcando una pauta de autonomía frente a su antecesor, o si simplemente estamos frente a una maniobra política de corto vuelo conducente a ganar y consolidar gobernabilidad política, con lo que el electo Presidente no haría sino confirmar su condición de servil ejecutor del uribismo, como muchos lo creen de él.
Bonaparte-Uribe ha muerto, viva Bonaparte!
Por: Eduardo Nieto.
La decisión tomada por la Corte Constitucional de declarar la inexequibilidad de la Ley que autorizaba le celebración del referéndum reeleccionista, vino a constituirse en su momento en el hecho político más importante y significativo de la vida política del país desde el año 2002, cuando Alvaro Uribe fue electo Presidente de la República. Así lo percibió la opinión pública y buena parte de los analistas políticos, para quienes este hecho podría significar el fin de una era y el comienzo de otra en la reciente y turbulenta historia política de país.
Evaluar la solidez de tal percepción supondría confrontarla con interrogantes como el siguiente: ¿Será que el fallo de la Corte afecta sólo la pretensión que tenía el Presidente Uribe de perpetuarse en el poder, o el mismo entraña igualmente implicaciones para la continuidad del régimen político impuesto por la seguridad democrática y el orden republicano ratificado por la Constitución del 91? Tratar de responder este interrogante constituye justamente el desafío del presente artículo.
La política de seguridad democrática
Pocos alcanzaron a imaginar que la llegada de Alvaro Uribe a la Presidencia de la República en 2002 significaría algo más que un simple cambio de Gobierno. La política de Seguridad Democrática, anunciada entonces y ejecutada durante este período como la columna vertebral de su gestión, se encargaría sin embargo de ponernos frente a la evidencia trágica de que su presencia en el Gobierno había dado lugar a un cambio drástico del régimen político.
En efecto, tras su llegada al poder, Alvaro Uribe habría logrado convencer al conjunto de las élites empresariales del país, a casi todos los partidos y movimientos políticos, a las iglesias y a los medios de comunicación, de la necesidad de ensayar la búsqueda de una solución autoritaria y derechista al conflicto social y armado del país, a fin de restablecer el orden político como garantía de existencia y reproducción del sistema social todo. La situación política de entonces, marcada por la crisis en que habían caído las negociaciones de paz del Gobierno Pastrana con las Farc, así como la misma incapacidad institucional del Estado para hacerle frente a la ofensiva militar de las guerrillas y el clamor generalizado de la sociedad por la seguridad, favorecería ampliamente el apoyo masivo de la ciudadanía al proyecto gubernamental. Igual efecto obraría el cambio del contexto internacional, cuando el gobierno de los EEUU y sus aliados le impusieron al mundo entero la estrategia de guerra antiterrorista.
El contexto particular que hizo viable tal opción estuvo determinado por la necesidad sentida por las élites empresariales de establecer un clima social y político favorable y seguro para la inversión nacional y extranjera, puntal decisivo para avanzar en el encuadramiento de la economía nacional a las exigencias y requerimientos de la globalización neoliberal. Para lograrlo, el país estaba obligado a remover lo que entonces y en sentir del capital eran los factores de mayor perturbación extra económica para los negocios: una situación crónica de inseguridad ciudadana, combinada con altos niveles de conflictividad social, situación esta que aparecía ligada tanto a la presencia guerrillera en el territorio nacional, como a la existencia de importantes reductos sindicales con capacidad de resistencia en sectores claves de la economía.
Como salida autoritaria y de extrema derecha al conflicto interno del país, la política de seguridad democrática articularía una estrategia inspirada en el propósito de lograr en el corto plazo una derrota militar contundente de las guerrillas, combinando para ello la persecución militar sostenida a los alzados en armas y el hostigamiento permanente a sectores de la sociedad civil calificados por el Gobierno como aliados y voceros de aquellos, a quienes ha sindicado de terroristas. Acudiendo a un discurso simplificador y maniqueo, el Gobierno estima que lo que se vive en Colombia es una agresión terrorista que nada tiene que ver con un conflicto armado interno de raíces socioeconómicas y políticas.
Por sus alcances y contenidos, esta estrategia vendría a significar la clausura entre nosotros del ciclo de las soluciones negociadas y del reformismo socioeconómico y político como opción para buscar la paz con los alzados en armas, opción esta que parte de la premisa de que en la base del conflicto armado colombiano existen causas objetivas, relacionadas con la existencia de situaciones estructurales de pobreza, miseria y exclusión política.
Paradójicamente, la política de seguridad democrática articularía igualmente una estrategia de desmovilización e incorporación a la vida civil y política de los miembros de las organizaciones de autodefensa y paramilitares, cuyos pormenores fueron negociados y acordados entre el Gobierno y los voceros de las autodefensas en Santafé Ralito. El instrumento central de tal estrategia lo constituye la Ley de Justicia y Paz aprobada por el Congreso de República por iniciativa del Ejecutivo.
La norma contempla la ejecución de un programa intrascendente y de poco vuelo encaminado a reparar a los familiares de las víctimas de la guerra, ya que su cometido fundamental es el encubrimiento de una enorme operación de impunidad de los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos por los paramilitares, al tiempo que propicia la legitimación social y política del poder económico adquirido ilegalmente por éstos y otras mafias ligadas a economías ilícitas y gangsteriles. Con la mencionada ley, el Gobierno no sólo pretendió que los paramilitares se incorporaran a la vida legal amparados en la calidad de delincuentes políticos en su presunta condición de sediciosos, situación ésta que oportunamente la Corte Constitucional declaró inaceptable, sino que además consagró condenas irrisorias para aquellos que confesaran sus delitos ante los tribunales instituidos para procesarlos.
El país entero tiene pendiente aún hacer el balance de los resultados de la ejecución de la política de seguridad democrática. Por lo pronto, es claro que la derivación definitiva de la vida política del país hacia una opción autoritaria y de extrema derecha, como la representada por el Gobierno de Alvaro Uribe, tuvo en la izquierda y el movimiento sindical a buena parte de sus responsables. Ni los unos ni los otros se percataron a tiempo del proyecto que se fraguaba en las alturas, y tras el fracaso del Caguán siguieron actuando como si nada hubiera ocurrido, esclavos de la rutina política los unos, y del delirio del poder de las armas, los otros. El 7 de agosto de 2002, con las primeras de cambio, por fin cayeron en la cuenta de que en la Casa de Nariño se había instalado algo diferente a un nuevo Gobierno.
El régimen político de la seguridad democrática
La idea que se quiere poner de presente es que la ejecución de la política de seguridad democrática ha dado lugar a cambios drásticos en el régimen político colombiano. Al precisar tales cambios deberá tenerse en cuenta que cuando se habla de régimen político se está haciendo alusión específicamente a las actitudes prácticas asumidas por el gobierno en la ejecución de sus decisiones políticas, teniendo en cuenta que tal ejecución se hace en un contexto particular de correlación de fuerzas, factor este que es determinante en la configuración de los rasgos que identifican al régimen político.
En observancia de tal premisa debemos plantear entonces que la ejecución de la política de seguridad democrática, como divisa central del Gobierno de Alvaro Uribe, ha propiciado el afianzamiento de un régimen político autoritario de corte bonapartista, o lo que es lo mismo, de cesarismo burgués. Es propio de tales regímenes la prevalencia de la institución presidencial por encima de las demás instituciones del Estado, a las cuales subordina y somete. Es lo que se ha vivido en Colombia durante este Gobierno, cuando Bonaparte-Uribe en su calidad de Jefe del Estado ha concentrado el ejercicio del poder, personalizándolo y ejerciéndolo verticalmente, para lo cual no ha tenido reparos en saltarse o incluso desconocer las estructuras de los poderes regionales y locales legalmente constituidos, o alterar todo el sistema institucional de controles y contrapesos establecido por la Constitución Política como garantía del equilibrio del poder estatal.
Como Jefe del Estado, Bonaparte-Uribe comenzó sometiendo al Congreso de la República a los requerimientos de las decisiones políticas fundamentales del Poder Ejecutivo. En efecto, el Legislativo fue copado por las facciones que constituyen el partido del orden, esa amalgama de políticos uribistas de todos los colores, en su mayoría corruptos y comprometidos con paramilitares y mafias de todo tipo, con quienes el Presidente comparte designios políticos y a quienes disciplina por medio de la contratación pública y el reparto de la frondosa burocracia estatal y buena parte del presupuesto nacional. Otro tanto pretendió hacer con la administración de justicia. Pero en la medida en que la Rama Judicial tomó distancia de la pretensión del Ejecutivo de convertirla en cómplice y factor de legitimidad de un poder que se ha distinguido por articular y combinar habilidosamente legalidad con ilegalidad, ha tenido que soportar un prolongado sitio y el permanente asedio por parte del Presidente, quien se complace en desprestigiar públicamente sus decisiones y socavar su independencia haciendo uso para ello del poder constitucional de postulación de los aspirantes a la magistratura y a la Fiscalía General de la Nación.
Un rasgo fundamental del régimen político de la seguridad democrática ha sido la tentativa cierta y permanente de instaurar un Estado policíaco desde el Ejecutivo. No de otra manera podría interpretarse la creación de una red de informantes a sueldo al servicio del Gobierno, encargada de vigilar los movimientos de la oposición social y política. O el uso que desde la Presidencia de la República se ha hecho del DAS, al convertirlo igualmente en un organismo de espionaje y seguimiento a los opositores políticos, magistrados, disidentes y periodistas críticos del Gobierno. Desde los inicios de este Gobierno, el DAS ha actuado además en conexión directa con las organizaciones paramilitares y de autodefensa, a quienes surte y provee de información sobre actores y protagonistas del conflicto social, político y armado del país.
El régimen político de la seguridad democrática ha sido además factor decisivo para que la lumpen burguesía, vale decir, ese sector de la burguesía nacida al amparo de formas ilegales de acumulación originaria de capital, haya hecho tránsito definitivo a las formas institucionalizadas de la sociedad, la economía y el Estado. En este proceso, aparentando estar por encima de las clases y sectores de clases en conflicto, Bonaparte-Uribe ha oficiado de facilitador o amigable componedor entre las fracciones lícitas del capital y las fracciones del capital mafioso, por un lado, y el resto de la sociedad y la comunidad internacional, por otro. De alguna manera actuaba en reconocimiento de una vieja deuda: la presencia del poder mafioso y paramilitar en las estructuras sociales, económicas y políticas de la sociedad colombiana ha sido determinante en la contención del poder militar de las guerrillas y la reducción de la resistencia social y política al régimen, aunque por ello el país haya tenido que pagar un alto costo en materia de derechos humanos y democracia social y política.
Con todo, no podrá incurrirse en la inexactitud teórica y el error político de calificar a este régimen como una dictadura fascista o populista de derecha, como es propio hacerlo desde la tradición estalinista, o desde la academia por algunos profesores despistados. Aunque el régimen de Bonaparte-Uribe haya recurrido con no poca frecuencia a medios y prácticas que son propios de aquellos regímenes, no puede por ello perderse de vista la pervivencia aún del Estado liberal de derecho y de sus instituciones centrales. La continuidad de su existencia, en medio de tanta barbarie y tropel, está directamente relacionada con su vigencia política, la que a su vez se explica por el rol que aún juega como factor de conservación y reproducción del sistema, con capacidad institucional todavía de tramitar desafíos como el conflicto armado interno y el incremento de la lucha de clases, a pesar del gusto y la propensión de Bonaparte-Uribe por las formas autoritarias y grotescas de ejercer el dominio. Las élites en Colombia perciben que el grado de escalamiento de tales conflictos no les impide seguir gobernando bajo la forma republicana del Estado liberal de derecho. Curiosamente, la vigencia política del Estado liberal de derecho es precisamente lo que le ha permitido a Bonaparte-Uribe consensuar entre las élites su política de seguridad democrática y legitimarla ante el resto de la sociedad y la comunidad internacional.
Lo anterior no significa sin embargo que la radicalización del régimen político de la seguridad democrática no pueda llegar a poner en entredicho la existencia y continuidad del Estado liberal de derecho. De hecho es lo que ha ocurrido cuando desde el Ejecutivo se ha pretendido imponer un Estado policíaco, o cuando el Gobierno acude a procedimientos por fuera de la legalidad para conducirse en la guerra contra los alzados en armas o para castigar y reducir a la oposición; o cuando incluso pretende la complicidad de los otros órganos del Estado, violando abiertamente la autonomía e independencia de éstos. Tales eventos son lo suficientemente ilustrativos de lo que se ha vivido en Colombia durante el Gobierno de Uribe: una tensión permanente entre el Poder Ejecutivo y el resto de los órganos que constituyen el poder público; o lo que es lo mismo, un régimen bonapartista de derecha pretendiendo devorarse la forma republicana del Estado de derecho consagrada por la Constitución Política. La más reciente y letal avanzadilla de Bonaparte-Uribe en esta dirección fue su pretensión de hacerse reelegir Presidente por tercera vez consecutiva, a través de un referéndum plebiscitario tramitado en forma fraudulenta por los parlamentarios del partido del orden.
Referéndum y régimen político
La Ley de referéndum no pasó el control de constitucionalidad y fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. La Corte falló en derecho ciertamente, pero su decisión entraña un enorme significado político. Es posible que en su pronunciamiento hayan calado factores de diversa naturaleza: el clamor de buena parte de la opinión pública y de algunos medios de comunicación nacionales y extranjeros, que por diversas razones eran contrarios a esa iniciativa; el sentir de parte del empresariado colombiano, para quien la continuidad del Presidente significaría un empeoramiento mayor del ambiente de los negocios; así como la experiencia misma de los magistrados de la Corte, a quienes les había tocado padecer en carne propia los embates del Ejecutivo contra los miembros de la Rama Judicial. En estos asuntos, nunca estará demás evocar a Ferdinand Lasalle, para quien los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho, sino de poder.
Se trata entonces de dimensionar el alcance político de la decisión de la Corte. Es decir, respondernos la pregunta sobre las implicaciones que tal decisión pueda tener para la permanencia o continuidad del régimen político de la seguridad democrática. Lo primero que debemos registrar a este respecto es que, con la caída del referéndum, Bonaparte-Uribe terminó perdiendo el pulso que había sostenido largamente con la Rama Judicial. En el contexto de ese conflicto entre poderes, el Presidente fue derrotado, y la Corte, al fallar en contra de Uribe no solo salvó la integridad de Constitución Política y el orden republicano sino que al mismo tiempo vindicó al conjunto de la Rama Judicial.
¿Implica lo anterior el fin del régimen político de la seguridad democrática? Implica que el Presidente Alvaro Uribe no podrá aspirar a ser elegido para un nuevo período, pero no implica necesariamente la salida definitiva de Bonaparte del escenario político nacional, pues su alma penará hasta que su consuma su reencarnación o hasta que algo o alguien la conjure definitivamente. Por lo pronto, el fallo de la Corte sencillamente ha puesto a salvo la forma republicana del Estado liberal de derecho, tras sopesar que un tercer período de Bonaparte-Uribe pondría en entredicho la arquitectura institucional del Estado consagrada por el constituyente del 91, sin que ello venga a significar ipso facto el desmonte del conjunto de instrumentos jurídicos y políticos que constituyen la trama de la política de seguridad democrática.
Los términos en que se dio el debate electoral por la Presidencia de la República presagiaba que el alma de Bonaparte terminaría reencarnándose el 20 de junio, como en efecto ha ocurrido. Formalizado el hecho, el país le ha dado la bienvenida al elegido, gritando casi al unísono: Bonaparte-Uribe ha muerto, viva Bonaparte!
Ostentando otros modales, Juan Manuel Santos ciertamente se ha comprometido en darle continuidad al proyecto de la seguridad democrática, consensuándolo sobre la base de la observancia de la ley y la Constitución, para lo cual ha convocado a todos los sectores políticos y sociales a conformar un Gobierno de Unidad Nacional. Sin embargo, aún está por verse si este anuncio constituye un punto de inflexión en la dinámica del régimen político de la seguridad democrática heredado de Bonaparte-Uribe, con lo cual el nuevo Presidente estaría marcando una pauta de autonomía frente a su antecesor, o si simplemente estamos frente a una maniobra política de corto vuelo conducente a ganar y consolidar gobernabilidad política, con lo que el electo Presidente no haría sino confirmar su condición de servil ejecutor del uribismo, como muchos lo creen de él.
Presentacion del blog socialista
EL TOPO
NO HAY SOCIALISMO SIN LIBERTADES.NO HAY LIBERTADES SIN SOCIALISMO
Publicación de los Círculos Socialistas de Antioquia-Polo Democrático Alternativo
Presentación
En la presente época caracterizada por el pensamiento único, el unanimismo y el poder del capital con sus agentes internacionales y nacionales se hace urgente abrir un espacio académico, político, ideológico y estratégico en donde circulen y se movilicen pensamientos críticos, propositivos y estratégicos.
Igualmente la dinámica en el POLO en su construcción como alternativa de gobierno y poder al Bipartidismo, el uribismo y las guerrillas presenta debilidades ideológicas, políticas y organizativa que requieren abrir el debate democrático y crítico para redefinir el curso del desencanto como opción de izquierda y de los sectores obreros, campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres, ecologistas y minorías sexuales en Colombia.
Este Blog es el espacio que aportamos para que el poder de la palabra y los sujetos de las transformaciones sea hecha praxis revolucionaria. Quienes ponemos las primeras piedras en esta iniciativa estamos dispuestos al dialogo, el debate y la participación en el sentido de hacer realidad la Utopía socialista.
Medellín,Colombia, Julio 19 de 2010
NO HAY SOCIALISMO SIN LIBERTADES.NO HAY LIBERTADES SIN SOCIALISMO
Publicación de los Círculos Socialistas de Antioquia-Polo Democrático Alternativo
Presentación
En la presente época caracterizada por el pensamiento único, el unanimismo y el poder del capital con sus agentes internacionales y nacionales se hace urgente abrir un espacio académico, político, ideológico y estratégico en donde circulen y se movilicen pensamientos críticos, propositivos y estratégicos.
Igualmente la dinámica en el POLO en su construcción como alternativa de gobierno y poder al Bipartidismo, el uribismo y las guerrillas presenta debilidades ideológicas, políticas y organizativa que requieren abrir el debate democrático y crítico para redefinir el curso del desencanto como opción de izquierda y de los sectores obreros, campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres, ecologistas y minorías sexuales en Colombia.
Este Blog es el espacio que aportamos para que el poder de la palabra y los sujetos de las transformaciones sea hecha praxis revolucionaria. Quienes ponemos las primeras piedras en esta iniciativa estamos dispuestos al dialogo, el debate y la participación en el sentido de hacer realidad la Utopía socialista.
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